Con naturalidad. Así es como José Luis Rodríguez Zapatero quiere que se afronte la reforma de una Constitución española intocable, salvo obligación coyuntural, durante más de tres décadas. Toda reforma es en un primer momento una opinión personal, y con la misma naturalidad que reclama el presidente del Gobierno, PSOE y PP aspiran a que la modificación exprés de la ley constituyente sea, personalmente, cosa suya. Sin referéndum, no será de nadie más. Aunque la propia ley lo permita. Aunque el aval del pueblo tampoco frenara a un partido como el PP a la hora de llevar ante el Tribunal Constitucional un Estatuto como el catalán. Aunque sólo el 46% del actual censo electoral pudo votar la Carta Magna en 1978, lo que constituye a estas alturas una minoría de los ciudadanos con derecho a voto. Y aunque nada necesita tanto una reforma concienzuda como las costumbres y las leyes que, con el paso del tiempo, se convierten en ajenas.
Los cambios en la Constitución llevan más de una década sobre la mesa y son ya un clásico en los programas electorales de los partidos. En su primer discurso de investidura en el 2004, Zapatero planteó hasta cuatro, y en las elecciones legislativas del 2008 todas las formaciones políticas tenían planes para convertir el Senado en la anhelada Cámara territorial. Pero esa unanimidad en el objetivo no ha sido nunca suficiente para que los dos partidos mayoritarios se plantearan de verdad ejecutar sus promesas.
Otra cosa es Alemania, que ha reformado su ley fundamental en 46 ocasiones, o Francia, que ya va por 24. Con naturalidad. La misma con la que abanderan la conveniencia de introducir un tope constitucional de déficit y de deuda cuando son quienes han incumplido con reincidencia los límites de déficit que fijó Maastricht y siempre han contado con el perdón de las sanciones de Europa.
La que se tramita hoy es una reforma de eficacia económica y jurídica desconocida. Hace una década, el PP apoyó varios presupuestos del Govern de Jordi Pujol a cambio del compromiso de déficit cero. La norma nunca llegó y el PP no sólo no se quejó, sino que tampoco la impulsó allí donde los populares gobernaron. Ahora, con la naturalidad impuesta por alemanes y franceses, un acuerdo político que supuestamente se ejecutará a finales del 2012 viene a reclamar lo mismo sin más pretensión que lanzar un mensaje a los mercados. Sin saber por qué se limita una cosa y no otra, sin saber cuáles serán las responsabilidades políticas y, por qué no, judiciales, de su incumplimiento.
Quizá sea más realista comenzar por una reforma inútil, que acabe por llevar a otra y otra, que exigir un milagro constitucional: el fin del déficit fiscal, el derecho a una vivienda digna, a un trabajo, por no hablar del derecho brasileño a la felicidad.
30-VIII-11, Isabel Garcia Pagan, lavanguardia