Cuando escribí el artículo del 17 de agosto, nadie hablaba de reformar la Constitución para eliminar el déficit fiscal estructural. Han pasado solo 15 días y la proposición de reforma del artículo 135 ya ha superado el primer trámite parlamentario. Parece que sus señorías tienen mucha prisa para hacer una cosa que hasta ahora se nos había dicho que era casi imposible: ¡reformar la Constitución española!
Uno, que es desconfiado por naturaleza, no puede dejar de preguntarse a qué viene tanta premura y conecta la radio para escuchar el debate parlamentario. Nunca lo hago, pero como estoy de vacaciones, puedo perder el tiempo. Me sorprende que el socialista José A. Alonso y la popular Soraya Sáenz de Santamaría dicen lo mismo: para salir de la crisis actual hay que restablecer la confianza y, con este objetivo, hay que reformar el artículo 135 de la Constitución y prohibir que los diferentes gobiernos de España (el central, los autonómicos y los ayuntamientos) mantengan déficits estructurales. Es decir, se les impedirá que gasten más que ingresan tal como, sistemática y patológicamente, han hecho hasta ahora.
Lo curioso del caso y, de hecho, lo que me hace dudar de la sinceridad de sus intenciones, es que la disposición adicional del nuevo artículo dice, literalmente: "Los límites de déficit establecidos en el artículo 135.2 de la Constitución entrarán en vigor a partir del 2020". ¡A partir del 2020! Es decir, nos están diciendo que restablecerán la confianza hoy, ¡con una reforma que entrará en vigor dentro de 9 años! ¿De verdad piensan que nos creemos que el motivo es "restablecer la confianza"? ¿No será, más bien, que han recibido alguna llamada inconfesable de alguna autoridad europea? ¿O quizás aprovechan la gravedad de la situación para recentralizar el poder en España? Sea como fuere, estaría bien que fueran honestos con los electores ynos dijeran la verdad. Dejando de lado los motivos, me parece muy razonable que se les prohíba a nuestros administradores políticos endeudarse constantemente y que piensen que otros pagarán sus facturas. Es bueno que haya algún tipo de ley que les impida gastar de manera enfermiza un dinero que no tienen.
Dicho esto, exigir que el déficit sea cero siempre es altamente irresponsable porque cuando llega una crisis la recaudación fiscal cae y el gasto en subsidios de paro sube automáticamente. Obligar al gobierno a cuadrar los números en estas circunstancias lo forzaría o bien a reducir el gasto o bien a subir impuestos y ambas opciones agravarían la recesión. A modo de ejemplo, al empezar la crisis del 2008, la recaudación fiscal de España cayó, en números redondos, unos 50 millardos de euros. El gasto aumentó automáticamente otros 20 millardos (eso excluye los cerca de 32 millardos que el gobierno malgastó en diferentes planes de estímulo keynesianos). Si una ley hubiera prohibido el déficit el gobierno habría tenido que recortar el gasto (o subir en impuestos) en 70 millardos. Eso habría provocado una reducción adicional del PIB de un 7%. ¡Es decir, el PIB del 2009 no habría caído, como cayó, un 3,7% sino un 10,7%! Claramente, forzar el equilibrio presupuestario en épocas de crisis es una mala idea. Es por eso que la sección 4 del artículo 135 permite mantener déficits fiscales en caso de recesión. Bien hecho, sus señorías.
El problema de la reforma no es éste sino la ejecución. En momentos de crisis, ¿cuál será el déficit permitido? ¿El 2% del PIB? ¿El 15%? ¿O se le permitirá escoger según la gravedad de la situación? Si no hay límite, tendremos los mismos problemas que hemos tenido durante esta recesión y la reforma será inútil. Otra pregunta: ¿quién supervisará que el gobierno cumple la ley y lo castigará en caso de incumplimiento? Y es que los desconfiados como yo recordamos que, antes de la crisis, España había firmado el pacto de estabilidad europeo que obligaba a los países del euro a mantener déficits inferiores al 3% del PIB, aunque este número era flexible en épocas de crisis. Es más, España tenía superávit durante los años que precedieron a la gran crisis. Todo era muy parecido a lo que ahora se propone a la Constitución... ¡y no sirvió de nada! El problema es que, cuando vino la recesión, se saltó el pacto a la torera y se generaron estos déficits extravagantes que nos han llevado a la situación actual. No hay que decir que ninguna autoridad ha sido capaz de evitar el endeudamiento catastrófico del Estado en época de crisis.
La pregunta es: ¿habría alguna manera de garantizar que el gobierno tuviera suficientes recursos durante las crisis sin tener que endeudarse excesivamente? La respuesta es sí. Se podría obligar al Estado a hacer lo que le pedimos a las familias responsables: que ahorre en tiempo de bonanza y construya un colchón financiero que le permita gastar en tiempo de recesión. Es decir, el artículo 135 debería tener una cláusula que obligue a tener superávits fiscales cuando las tasas de crecimiento sean positivas (o por encima de, digamos, el 2%) y con este dinero construir un fondo soberano. Para evitar el exceso de ahorro, el gobierno podría quedar liberado de esta obligación cuando el fondo alcanzara, por ejemplo, el 20% del PIB. De esta manera, cuando llegara la próxima crisis, el Estado podría utilizar este colchón financiero para no verse obligado a recortar gasto o aumentar impuestos en medio de la recesión ni endeudarse hasta límites que pusieran en peligro la recuperación. Lo podríamos bautizar como el nuevo colchón constitucional.
2-IX-11, Xavier Sala i Martín, Columbia University, UPF y Fundació Umbele. www. salaimartin. com, lavanguardia