despilfarro obsceno de una avalancha propagandística que según Acción Ciudadana, organismo independiente de observación electoral, ha costado 501 millones de quetzales - 45 millones de euros, frente a los 41,6 millones que se desembolsarán en España hasta el 20 de noviembre-.Cifras inmorales que abofetean a más de la mitad de los guatemaltecos, que viven en la miseria, y al 15% de la población que está desnutrida. Cantidades impúdicas que despiertan toda clase de sospechas sobre la infiltración del dinero de la droga en las campañas presidenciales, pero también en la batalla por el poder de los candidatos a alcaldes y a la nueva legislatura.
En el segundo país más pobre de Centroamérica después de Honduras, los partidos han gastado cantidades astronómicas pero ningún candidato incluyó en su programa una reforma fiscal, rechazada por la poderosa cúpula empresarial hace décadas. De modo que las promesas de campaña, como la de Baldizón de instituir una decimoquinta paga anual que beneficie a los trabajadores o la de Pérez Molina de continuar con los programas sociales (alimentación, salud y educación) del gobierno saliente, son insostenibles ante la imposibilidad de incrementar la recaudación, que apenas alcanza 10,4% del PIB y representa una de las tasas más bajas de América Latina.
Los aspirantes a la silla presidencial, que les ofrece poco margen de maniobra económico y les augura una gestión hipotecada por la falta de recursos y la debilidad de una institucionalidad minada por la corrupción, han preferido centrar su campaña en la crisis de inseguridad que vive el país, rehén del crimen organizado y los carteles del narcotráfico, que controlan amplias áreas del territorio nacional.
Guatemala, con 48 homicidios por cada 100.000 habitantes, es hoy uno de los países más violentos del mundo por cuyo territorio circula el 80% de la cocaína que llega a EE. UU.
Y ahí es donde el ex general Pérez Molina ha hecho valer su experiencia de militar, a ojos de muchos una relativa garantía de seguridad frente a Baldizón, que pretende crear una Guardia Nacional como fuerza de elite confiable,además de impulsar una reforma carcelaria, y cuya idea estelar para combatir la delincuencia es instituir la pena de muerte. Una propuesta sobre la que todavía no se ha pronunciado la premio Nobel de la Paz Rigoberto Menchú, que apoya la candidatura del joven empresario.
Por su lado, el ex general, formado en Estados Unidos y con algunos fantasmas que le persiguen por presuntas violaciones de los derechos humanos en la última fase de la guerra civil (1960-1996), promete poner fin a la violencia con un gobierno de "mano dura" como marco necesario para garantizar la seguridad que haga fluir la inversión y genere empleo.
6-XI-11, E. Sabartés, lavanguardia