Si estuviera en la OTAN, el Ejército egipcio ocuparía, con su medio millón de hombres, el tercer lugar después de Estados Unidos y Turquía. Es el mayor ejército de Áfricay el undécimo del mundo. La Fuerza Aérea es también la undécima en tamaño del mundo y el cuarto mayor operador de F-16. El Ejército está casi completamente mecanizado y posee unos 4.000 carros de combate , de los cuales una cuarta parte son M1A1, el carro del Ejército estadounidense. Desde sus inicios a finales de la década de 1970, la ayuda militar estadounidense a Egipto ha ascendido a más de 40.000 millones de dólares. En el 2007, el presidente George W. Bush se comprometió a mantener durante otra década más una ayuda militar de 1.300 millones de dólares anuales.
Sin embargo, bajo lo impresionante de la magnitud y el apoyo externo, existen reveladores signos de endeblez, algo descrito a veces como el "síndrome de Jane´s", es decir, el deseo de ofrecer un buen aspecto sobre el papel exhibiendo un amplio arsenal armamentístico. La Fuerza Aérea egipcia incluye anomalías como F-4 estadounidenses, Migs 21 rusos y Mirages franceses entregados todos ellos en la década de 1970; por su parte, los inventarios del Ejército contienen tanques rusos T-54/ 55yT-62, así como transportes blindados de personal BTR. Se trata de un armamento anticuado que posee un valor de combate relativo y cuyo mantenimiento comporta unos gastos desproporcionados.
Lo que falta en los inventarios quizá sea más revelador aún. Egipto carece de un equipo de comunicaciones moderno que permita que los aviones, los vehículos blindados y las fuerzas armadas en su conjunto sean interoperables en su seno y con las fuerzas aliadas para participar así en la revolución de los asuntos militares del siglo XXI, un objetivo al que otros países de la región están dedicando denodados esfuerzos. También brillan por su ausencia, al menos en términos proporcionales, los vehículos rodados y las aeronaves de alas fijas o giratorias que permitirían a las fuerzas egipcias desempeñar mejor una amplia gama de tareas cada vez más relevantes, como la ayuda humanitaria, las labores de búsqueda y rescate y las operaciones de paz a gran escala.
En cuanto a los recursos humanos, el 40% de los efectivos son reclutas, lo cual indica que, a pesar de los pasos dados en esa dirección en los últimos años de la presidencia de Anuar el Sadat, aún debe producirse la transición a unas fuerzas armadas profesionales basadas en voluntarios y reservistas. Las estructuras de personal siguen siendo rígidas; no existe un canal de reclutamiento desde los rangos de suboficiales hasta los de oficiales, y para los reclutas sólo hay una opción de realistamiento por otros veinte años de servicio. No está claro que las fuerzas armadas de Egipto puedan responder de modo eficaz a las amenazas asimétricas e híbridas; en especial, las que surgen junto a sus fronteras o más allá.
El hecho de que el grueso de las fuerzas terrestres estén en el Segundo y Tercer Ejércitos en posición estática y defensiva al oeste de los cuarteles generales de Ismailiya y Suez, respectivamente, pone de manifiesto una posible falta de movilidad y flexibilidad para enfrentarse a tales desafíos. El balance en la lucha contra la casi insurrección de los beduinos del Sinaí en los últimos años pone en evidencia una ineptitud y una ineficacia muy marcadas, lo cual apunta a que las fuerzas armadas (incluidas las del Ministerio del Interior) no están bien preparadas para enfrentarse a esas amenazas. Resulta paradójico que el principal receptor árabe de la ayuda militar estadounidense se haya mostrado comparativamente lento a la hora de crear unas instituciones de defensa modernas capaces de enfrentarse a un creciente abanico de amenazas para la seguridad nacional del país, y de hacerlo bajo control civil. El tardío ritmo de reforma de las fuerzas armadas egipcias es producto de la centralidad de esa institución en la historia, la política y la economía del país, y de la debilidad del control civil sobre ella.
Tanto Mehmet Ali como Gamal Abdel Naser, los fundadores del Egipto moderno y republicano respectivamente, fueron militares; al igual que Ahmed Orabi, el dirigente nacionalista que intentó valiente pero infructuosamente impedir que los británicos colonizaran Egipto. Y al igual también que los tres presidentes del Egipto republicano, con una gran popularidad todos ellos. Los momentos cruciales de la liberación de Egipto del dominio colonial fueron las guerras de 1948 y 1956, años entre los cuales el país entabló una heroica guerra de guerrillas contra los soldados británicos. La liberación de la península de Sinaí en poder de Israel fue resultado del cruce del canal de Suez por parte del ejército egipcio en octubre de 1973.
La industrialización de Egipto empezó en la década de 1820 con la construcción de fábricas en las que producir armas y uniformes para el ejército; y se reanudó en serio después de 1952 bajo los auspicios del presidente Naser y sus colegas oficiales. El reclutamiento militar universal se remonta a principios del siglo XIX y ha continuado con alguna interrupción hasta la fecha, de forma que un sustancial porcentaje de varones de sucesivas generaciones ha servido en el ejército.
En resumen, los militares son un elemento central en el discurso y la realidad histórica de la aparición del Egipto contemporáneo, un mensaje transmitido por una impresionante serie de museos militares, a través de los currículos de la enseñanza de la historia egipcia y en los medios de comunicación, que ensalzan los papeles pasados y presentes de las fuerzas armadas. Ningún grupo o partido político opositor se muestra abiertamente crítico con ellas, porque tal crítica cruzaría una tácita línea roja trazada de modo rígido por el Gobierno, pero también porque no encontraría eco entre la mayoría de egipcios (...)
El ejército dirige un floreciente imperio económico que produce una inmensa gama de bienes y servicios, tanto militares como civiles, que no aparecen en el presupuesto nacional. Los observadores relacionan al mariscal de campo Mohamed Tantaui con el presidente del mayor conglomerado empresarial de Egipto. A mediados de la década de los ochenta, el Banco Mundial instó a la venta de compañías militares a los intereses civiles como parte de un programa más amplio de privatización, un consejo que fue rechazado de plano.
Desde entonces, la economía militar no ha dejado de expandirse. Paradójicamente, es ella la que se ha beneficiado del programa de privatización, puesto que se ha hecho con empresas civiles que eran propiedad del Estado; en particular, con un amplio grupo de compañías transferidas bajo el gobierno del hoy depuesto ejecutivo del primer ministro Ahmed Nazif. Dependiendo de la economía militar se encuentran: cientos de miles de antiguos reclutas, cuyos últimos seis meses de servicio están dedicados a "técnicas de aprendizaje" en sus fábricas y otras compañías; antiguos oficiales que se retiran y pasan a ocupar cargos de gestión; empresarios que mantienen vínculos comerciales con la economía militar; muchos civiles pobres que intermitentemente reciben de los militares o de compañías de su propiedad alimentos subvencionados (como el pan), y políticos, a quienes los militares pueden recompensar o castigar con la elección de las circunscripciones donde establecen sus empresas económicas.
En virtud de su historia, sus relaciones públicas y su papel en gran medida subterráneo, el ejército, la columna vertebral del régimen, es capaz de eludir el descontento público contra el Gobierno y dirigirlo hacia el guardián político del sistema, los servicios de seguridad e inteligencia del Ministerio del Interior, el más destacado de los cuales es el Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado (DISE). Sin embargo, detrás del DISE está el Servicio General de Inteligencia, controlado por los militares y mejor equipado y más profesional que su equivalente en el Ministerio del Interior (...)
Otros órganos ejecutivos menos importantes, como los dos organismos principales encargados de auditar e investigar a las autoridades gubernamentales, carecen de jurisdicción sobre el ejército. El Ministerio de Economía tiene prohibido de modo explícito hacer públicos los datos que pueda poseer sobre gastos militares. El propio Ministerio de Defensa se encarga de proporcionar cifras para el presupuesto nacional y es razonable suponer que subestiman sustancialmente su verdadera magnitud. La Constitución otorga al presidente el poder de firmar tratados, y en esa disposición se basa la legislación aprobada trienalmente que garantiza al jefe del Estado el derecho exclusivo de determinar los gastos militares. Semejante recurso legal logra sustraer a la supervisión parlamentaria ese terreno económicamente vital.
Además, el ejército cuenta, tal como estipula el artículo 183 de la Constitución, con su propio sistema de tribunales de justicia. Dichos tribunales se han utilizado cada vez más para juzgar a civiles por supuestos delitos, muchos de los cuales tiene una clara naturaleza política. El Ministerio de Asuntos Exteriores, en otro tiempo un agente relativamente autónomo del poder ejecutivo, experimentó una creciente subordinación a la presidencia, las fuerzas armadas y los servicios de seguridad. Numerosos embajadores, incluso en puestos clave, se reclutan por esos canales, lo cual aumenta el peso del aparato de seguridad en las políticas exteriores y las relaciones bilaterales.
Ni el poder legislativo ni la sociedad civil han ejercido en Egipto ningún control importante sobre el ejército. Durante más de medio siglo, el Parlamento se vio dominado por el partido político del régimen. Los relativamente escasos diputados elegidos como independientes en representación de partidos políticos opositores nunca utilizaron la cámara para intentar algún tipo de supervisión.
Por otra parte, las enmiendas constitucionales aprobadas en el 2007 redujeron las pequeñas posibilidades que tenían los diputados de plantear preguntas al ministro de Defensa, en caso de inclinarse por ello. Se suprimió el requisito de una comparecencia anual ante el Parlamento y esa tarea fue asumida por el primer ministro, quien por supuesto no tenía responsabilidad directa sobre el ministerio y, por lo tanto, no podía rendir cuentas de modo eficaz sobre su actuación (...)
En las elecciones parlamentarias del 2005, 23 escaños fueron conquistados por antiguos oficiales de policía y en el 2010 la cifra se elevó a 50 escaños, con lo que su proporción sobre el total de diputados alcanzó el porcentaje récord de un diez por ciento.
La sociedad civil se ha mostrado igualmente pasiva frente a la autonomía del ejército. Carece de acceso a información relevante, como pone de manifiesto la posición de Egipto en la clasificación que realiza la oenegé Global Integrity, donde el país obtiene un cero en el acceso, de iure y de facto, por parte de los ciudadanos a la información gubernamental.
La asimetría informativa entre militares y sociedad civil se ha inclinado con fuerza en favor de los primeros a lo largo de las últimas tres décadas. Los medios de comunicación se hicieron eco de más información sobre cuestiones defensivas y militares en los años ochenta que posteriormente. Tras la purga del mariscal de campo y ministro de Defensa Abd al Halim Abu Ghazala en 1989, se intensificó en los medios de comunicación la censura de las noticias sobre cuestiones de defensa y seguridad nacional. El periódico opositor en el que Hilmi Murad, un antiguo ministro de Naser en 1968, escribió unos reveladores artículos críticos sobre los militares vio prohibida su publicación poco después de la destitución de Abu Ghazala (...)
Entre los periodistas es sabido que las únicas líneas rojas absolutas que no pueden traspasar sin sufrir represalias son el ejército y la economía de la familia presidencial. La queja de un antiguo agregado de Defensa europeo según la cual había aprendido más sobre el ejército egipcio en internet que durante los tres años pasados en el país refleja el éxito del apagón informativo impuesto.
En resumen, la sociedad civil es incapaz de reunir información o adquirir conocimientos que le permitan un simple intento de supervisión de los militares. La política de seguridad nacional no es objeto de debate público y, en realidad, no existe a disposición pública ninguna declaración oficial al respecto, ni tampoco ningún libro blanco sobre defensa que permita clarificar el papel de los militares en la aplicación de dicha política. El hecho de que la sociedad civil sea capaz de afirmar un grado sustancial de supervisión sobre los militares tras el levantamiento de enero proporcionará una prueba clave del nivel de democracia que prevalecerá en el nuevo orden.
La oposición política, por más que deseara hacerlo, no podría obtener una rápida adhesión popular con una campaña encaminada a someter el ejército al control civil, reducir su tamaño y restringir su papel en la economía (aunque esas ideas quizá puedan arraigar, sobre todo ahora que es posible expresarlas).
En este momento, a pesar del indudable logro en la movilización de los millones de egipcios que han salido a las calles para protestar contra el orden político establecido y respaldado por el ejército, la oposición no es sustancialmente más popular que las fuerzas armadas. Al contrario, los militares ejercen una influencia clientelar muchísimo más grande que la oposición, incluidos los Hermanos Musulmanes, cuya base económica ha sufrido los continuados ataques del régimen durante dos décadas.
Mientras se intensifican las maniobras en torno a la creación de un nuevo orden político, la mayoría de los aspirantes viables (si no todos), incluidos los Hermanos Musulmanes y otros elementos opositores, por no hablar del nuevo vicepresidente, el ministro de Defensa y el resto del alto mando, reconocen que los militares son probablemente el actor único más importante a la hora de determinar el desenlace de todo el proceso. Algunos miembros de la oposición buscarán llegar a un acuerdo que permita al ejército conservar poderes y privilegios tras la fachada civil que ellos aspiran a proporcionar, con la esperanza de poder cambiar las tornas en el futuro.
22-XI-11, Robert Springborg, profesor de Asuntos de Seguridad Nacional y director para Oriente Medio del Centro de Relaciones Civiles-Militares de la Escuela Naval de Posgrado de Monterrey (California), lavanguardia