Dividido entre sus convicciones personales y el cumplimiento de la legalidad, el gobernador de Oregón, John Kitzhaber, permitió dos sentencias de muerte en 1996 y 1997. Este médico, que después de casi una década lejos del poder fue elegido hace un año para un tercer mandato, era contrario a la pena capital. Pero se sentía obligado por el juramento a la Constitución de este estado de la costa oeste.
Aquellas ejecuciones han sido las únicas en los últimos 49 años en un estado que en 1864 instauró la pena de muerte y la ha prohibido y vuelto a autorizar varias veces. La última, tras una votación popular en 1984.
La tercera ejecución en medio siglo estaba prevista para el 6 de diciembre próximo. Gary Haugen, condenado por dos asesinatos, debía recibir la inyección letal. Pero el martes, el gobernador Kitzhaber, en una declaración solemne, anunció una moratoria que durará como mínimo hasta el fin de su mandato, en el 2015.
"No creo que aquellas ejecuciones nos hicieran más seguros, y ciertamente no nos hicieron más nobles como sociedad", dijo el gobernador. "Y, simplemente, no puedo volver a participar en algo que creo que moralmente es incorrecto".
La particularidad de Oregón, como explicó Kithaber, es que este estado sólo ejecuta a los condenados que voluntariamente son ejecutados. Quienes plantean recursos acaban escapando a la inyección letal. Sólo a quienes renuncian al derecho a recurrir, como los ejecutados de los años noventa o Gary Haugen, se les aplica la pena capital.
"La naturaleza de sus crímenes no era distinta de los de otros asesinos, algunos de los cuales fueron condenados a muerte y otros sentenciados a cadena perpetua", dijo el gobernador.
Entre los argumentos que mencionó - argumentos habituales en los detractores de la pena de muerte en Estados Unidos-se encuentra también lo costoso que resulta para las arcas públicas mantener durante años a los reos en el llamado corredor de la muerte - hay 37 en Oregón-y la posibilidad de errores judiciales que, con la pena máxima, son irreversibles.
Partidarios de la pena de muerte citados por la agencia Associated Press criticaron al gobernador por usurpar la voluntad de los electores. Un familiar de una víctima le llamo "cobarde".
Desde el 2004, cuatro estados de EE. UU. han abolido o suspendido la pena de muerte, que sin embargo sigue siendo legal en 34 de los 50 estados.
24-XI-11, M. Bassets, lavanguardia