´La sombra del ejército egipcio´, Yezid Sayigh

La última ronda de las elecciones  parlamentarias en Egipto sigue a un periodo de profundo desacuerdo sobre el papel del Parlamento entrante en la formación del próximo gobierno y la redacción de la nueva Constitución. De acuerdo con la Declaración constitucional,emitida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en el poder el 30 de marzo de 2011, se prevé que el nuevo Parlamento debe nombrar el comité de redacción del borrador constitucional.

Los principales partidos políticos se vieron sorprendidos, por tanto, cuando el viceministro de Defensa y miembro del Consejo Supremo, el general de división Mujtar al Mulah, declaró que los miembros del comité en cuestión deben ser aprobados por el Gobierno interino y por un consejo asesor de reciente creación, nombrados ambos por el Consejo Supremo. La razón, argumentó, fue que las elecciones en curso "ciertamente no representan a todos los sectores de la sociedad". Aunque su compañero miembro del Consejo Supremo, el general de división Mamduh Shahin volvió a confirmar posteriormente que únicamente el Parlamento elegirá a los miembros del comité, sus declaraciones contradictorias intensifican las preocupaciones acerca de las verdaderas intenciones de las fuerzas armadas.

El último episodio de la lucha sobre el futuro político de Egipto sigue a la fuerte presencia de los partidos islamistas en la primera ronda de las elecciones parlamentarias. El partido Libertad y Justicia de los Hermanos Musulmanes superó las expectativas al ganar un 46% de los escaños en liza y el 37% de los votos de las listas de los partidos, mientras que el partido Salafi al Nur dio una sorpresa aún mayor al obtener el 21% de los escaños y el 24% de los votos de las listas de los partidos. Parece que los partidos islamistas van a ganar los dos tercios del Parlamento y el partido Libertad y Justicia tendrá garantizada con seguridad una posición de mando.

Tales resultados han puesto las cosas más difíciles al Consejo Supremo, que ya se ha movilizado contra el llamamiento a favor de una inmediata transferencia de poder, en el periodo de transición, a un "gobierno de salvación nacional dotado de todos los poderes" para gestionar el país o a un "consejo presidencial civil". Aceptar esto, argumentó el viceministro de Defensa y miembro del Consejo Supremo, el general de división Mujtar al Mulah, sería "una traición al país". Tantaui, en tono inquietante, advirtió que "nadie puede presionar a las fuerzas armadas".

El Consejo Supremo declaró asimismo públicamente que ni las fuerzas armadas ni las fuerzas de seguridad habían disparado contra los manifestantes en la plaza Tahrir de El Cairo durante las protestas de noviembre, achacando la violencia que mató a 43 personas e hirió a más de dos mil personas a matones pagados por "manos ocultas" de un "tercer partido". Este esfuerzo por airear la teoría de la conspiración coincidió con la aparición de grupos que dicen representar a una mayoría silenciosa de egipcios, que denunció a los manifestantes como una amenaza a la seguridad del país y la estabilidad y pidió que el régimen militar continuara hasta las elecciones presidenciales.

El Consejo Supremo reaccionó a los resultados electorales tratando de minimizar la función constitucional del Parlamento entrante. Incluso antes de las elecciones, Shahin afirmó que el Parlamento no puede disolver el Gobierno interino o formar uno nuevo, ya que el poder de hacerlo corresponde al presidente; esto es, hasta que se elija un presidente, al Consejo Supremo. El jefe del Consejo Supremo, el ministro de Defensa, mariscal de campo Mohamed Tantaui, reiteró lo propio una semana después de las elecciones, describiendo a Egipto como "un Estado presidencial, no parlamentario". En los días siguientes, el Consejo Superior creó un consejo asesor de 30 miembros para ayudarle a abordar cuestiones políticas urgentes, al mismo tiempo que proclamaba la cesión de sus poderes presidenciales sobre asuntos civiles al nuevo Gobierno de Al Ganzuri.

Las maniobras y declaraciones contradictorias del Consejo Supremo ahondan la impresión de que intenta mantener el control de los procesos políticos y constitucionales durante la fase de transición y aún más allá. Da la sensación de que allana el camino para instaurar una democracia protegida,término utilizado para describir la combinación de autonomía e inmunidad militar y gobierno civil que caracterizó a la democratización de los años ochenta y noventa en países latinoamericanos.

Lo que según parece se halla más en juego para los intereses del Consejo Supremo permanecerá probablemente más allá de los límites legales y la responsabilidad del Gobierno. Ello obedece en parte a la voluntad de mantener el presupuesto de Defensa así como de ocultar a las miradas los negocios y empresas militares, garantizando la ayuda militar estadounidense por valor de 1,3 millardos de dólares anuales, que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas teme podría reducirse o recortarse en caso de que los islamistas formen el nuevo gobierno y reorienten la política exterior egipcia.

Cuestión igualmente importante, el Consejo Supremo se juzga como el cuerpo en mejor condición para definir la verdadera naturaleza del Estado egipcio y garantizar los intereses nacionales del país. Intenta justificar su papel político a través de apelaciones a menudo xenófobas al nacionalismo, recordatorios constantes de la función de las fuerzas armadas en la recuperación de territorio egipcio en la guerra de 1973 con Israel y un difuso compromiso con la herencia populista de la época de Naser: sigue inscrito en la Constitución el deber de las fuerzas armadas de "proteger los logros socialistas de la lucha popular".

El Consejo Supremo también afirma que la preservación de los conocimientos técnicos militares requiere una autonomía respecto de cualquier supervisión civil. Detrás de esto está el régimen de excepcionalidad,basado en décadas de gobierno autoritario: los poderes de emergencia que permiten la suspensión de la protección jurídica de las libertades  civiles y los derechos, en vigor ininterrumpidamente desde 1981, que el Consejo Supremo amplió en septiembre del 2011; el papel de seguridad interna a cargo de las fuerzas armadas, junto con la ampliación de la jurisdicción de los tribunales militares a los civiles acusados de delitos políticos,de insultar al ejército, o de terrorismo, la entera inmunidad de los militares con relación a su procesamiento por tribunales civiles, la amplia representación de las fuerzas armadas en el Gobierno central y local, las empresas de titularidad estatal y en los organismos reguladores, y la autonomía total en lo referente al presupuesto de defensa y empresas no auditadas.

A menos que estas excepciones sean sistemáticamente desmanteladas, la transición egipcia acabará en una democracia protegida. Desafiar al Consejo Supremo exige unidad de propósito de los líderes civiles y los partidos políticos así como un contexto favorable, ninguno de los cuales está garantizado. Un gobierno civil electo emplazado ante la necesidad de estabilizar la economía, abordar el descontento social por el paro y los bajos salarios y aplicar políticas sociales más integradoras - sin dejar de negociar una nueva relación entre el sector civil y el militar-permanecerá perpetuamente a merced de las fuerzas armadas.

 

 21-XII-11, Y. SAYIGH, investigador asociado del Centro Carnegie de Oriente Medio de Beirut, lavanguardia