Rusia, la dura transición tras el comunismo
Rusia, la dura transición tras el comunismo.
LV, 20-VIII.
La Federación Rusa comprende un extenso territorio de más de 17 millones de km2 y unos 145 millones de habitantes de más de 100 nacionalidades. El 80% de la población es de cultura rusa. La URSS constituye el precedente de la Federación Rusa actual. Formada tras la revolución (1917) –que depuso a la dinastía Romanov, que había gobernado en los últimos 300 años– y la subsiguiente guerra civil (1917-1921), la URSS quedó constituida como un estado formalmente federal, aunque en realidad su carácter socialista (planificación económica) y su estructura de partido único la convertían en un estado muy centralizado tanto en la economía como con relación a las decisiones políticas. A partir de finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, la URSS sufrió un colapso político y un proceso de desintegración territorial. Buena parte de sus minorías nacionales reivindicaron la independencia o un mayor grado de autogobierno.
A pesar de la independencia lograda por antiguas repúblicas soviéticas (Ucrania, estados bálticos, etcétera) la Federación Rusa creada tras el colapso de la URSS ha logrado mantener su integridad territorial. La firma del tratado de la federación en 1992 fue realizada por todas las unidades constituyentes excepto Tatarstán y Chechenia, aunque la primera entró en la federación mediante un tratado bilateral dos años más tarde. El caso de Chechenia, donde sigue desarrollándose una cruenta guerra desde hace ya varios años, continúa estando políticamente irresuelto. De todos modos, la transición de un sistema comunista a una economía de mercado y a un sistema constitucional y multipartidista está desarrollándose de modo confuso y con importantes costes para los sectores más desprotegidos de la sociedad (las desigualdades sociales han aumentado drásticamente, mientras los índices de desarrollo humano, como la esperanza de vida, se han resentido de forma significativa durante la última década). A pesar de retener el ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU –que antes tenía la URSS– y su participación en el G-8, el papel de Rusia en la esfera internacional también ha disminuido. La Comunidad de Estados Independientes, de carácter confederal, muestra la voluntad de Rusia de establecer relaciones de cooperación con algunas de las antiguas repúblicas de la URSS que hoy son estados independientes. La sociedad civil rusa sigue estando aún poco estructurada y es notorio el control de los medios de comunicación por parte del Estado.
La nueva federación establece un sistema de gobierno que combina elementos presidencialistas y parlamentarios. El presidente electo por cuatro años nombra a los miembros del Gobierno federal, incluido el primer ministro, pero éstos deben contar además con apoyo parlamentario. El presidente es una de las piezas clave del sistema. Promulga decretos que tienen fuerza de ley, aunque no pueden contravenir la legislación del país –algo siempre interpretable– y deben ser ratificados por leyes del Parlamento (Federalnoye Sobraniye). El presidente también puede disolver el Parlamento bajo ciertas condiciones y suspender actos ejecutivos de las unidades constituyentes cuando se considera que contradicen los derechos humanos y las libertades, la Constitución, las leyes federales o los compromisos internacionales de la federación.
La federación incluye un complejo sistema de 89 unidades constituyentes. De ellas, 21 son repúblicas, 49 son regiones (oblasts), 6 son territorios (krays), 10 son distritos autónomos (okrugs), además de un oblast autónomo y dos ciudades federales (Moscú y San Petersburgo). Las repúblicas ocupan el vértice de las entidades federadas y muchas de ellas incluyen importantes grupos de población no rusa. Los oblasts y los krays tienen generalmente menos autonomía que las repúblicas y no comprenden divisiones étnicas, mientras que los okrugs sí responden a una base étnica, la de poblaciones nativas que son consideradas a la vez como partes con personalidad propia en la federación y como parte de los oblasts y kreis en los que se encuentran, una ambigüedad que ha sido motivo de conflictos en los últimos años. Todas estas entidades están representadas en la Cámara Alta del Parlamento bicameral de la federación (Consejo de la Federación), a razón de dos miembros por unidad constituyente (178 miembros; desde el 2002 uno es nombrado por el jefe del ejecutivo regional y otro elegido por la asamblea regional). La mitad de los miembros de la Cámara Baja (Duma; 450 miembros en total) es elegida en distritos mayoritarios, mientras la otra mitad lo hace mediante una representación proporcional de listas que superen el 5%. La presidencia de Putin está basada en una voluntad de control sobre las decisiones de las entidades constituyentes a través de políticas de armonización, de la creación de distritos federales –dirigidos por representantes de la presidencia, están encargados del control del ajuste de las leyes regionales a las disposiciones de la federación–, así como mediante la creación del Consejo de Estado (formado por los jefes de los ejecutivos regionales y la presidencia) y del Presidium (siete miembros del Consejo de Estado de carácter rotatorio para la discusión de iniciativas del Gobierno federal)
La constitución establece regulaciones simétricas y asimétricas. Todas las entidades son consideradas miembros iguales de la federación, aunque sólo las repúblicas tienen sus propias constituciones y el derecho a reconocer otras lenguas oficiales además del ruso. Las demás entidades poseen estatutos y legislación propios. Además, a partir de 1994 se han firmado tratados bilaterales –interpretados por el Gobierno federal como documentos subconstitucionales– con buena parte de las entidades constituyentes. Ello ha aumentado el carácter asimétrico de la Federación Rusa al proveer generalmente de mayor autonomía política a las entidades que han firmado dichos tratados respecto a las que no los han firmado. Además, existe en los últimos años lo que ha venido a denominarse una guerra legislativa sobre la coherencia entre las disposiciones constitucionales y legislativas federales y las aprobadas por las entidades federadas.
La división de poderes distingue entre una lista de 71 materias federales (derechos y libertades, sistema financiero, defensa, política exterior, relaciones internacionales, etcétera) y una lista de materias compartidas (uso de la tierra y recursos naturales, educación, sanidad, política científica, etcétera) que han provocado parte de la mencionada guerra legislativa. Los poderes residuales pertenecen a las entidades federadas. Los conflictos se resuelven bien por la actuación mediadora de la presidencia, bien con el envío del caso al tribunal correspondiente por parte de la presidencia. Un Tribunal Supremo controla la constitucionalidad de las leyes e interpreta la división de poderes. Está formado por 19 jueces nombrados por el presidente y confirmados por el Consejo de la Federación. Su actuación ha merecido en ocasiones críticas importantes por parte de las entidades constituyentes.
La reforma constitucional también es compleja. La Constitución distingue distintos procedimientos y mayorías según cuáles sean las partes que reformar, interviniendo en el proceso varias instituciones (presidente, Consejo de la Federación, Duma, el Gobierno federal y los parlamentos de las entidades federadas). La fiscalidad incluye una verdadera red de disposiciones y de negociaciones entre los dos niveles de gobierno, constituyendo uno de los focos habituales de agravios, sean reales o percibidos, especialmente en tiempos de crisis vinculados a una economía en transición hacia un sistema de mercado. Tanto la partida de ingresos (alrededor de un 50%) como la de gastos están transferidas a las unidades federadas, de las cuales solamente una decena transfiere más recursos que los que recibe de la federación.
