Canadá y el reto de Quebec
Canadá y el reto de Quebec.
LV, 9-VIII-04
Formada en 1867 a partir de la unión de algunas colonias británicas, la federación consta actualmente de diez provincias y tres territorios (Yukon, noroeste y Nuvanut, este último desde 1999). Es una federación plurinacional (Quebec; minorías indígenas o First Nations), fuertemente descentralizada y con elementos asimétricos, que presenta un carácter fuertemente dual y competitivo en la división de poderes entre la federación y las unidades federadas (provincias).
Las provincias más pobladas presentan un fuerte componente multicultural y plurilingüístico (el 60% de la población tiene el inglés como lengua materna, el 26% el francés, mientras el 14% de los canadienses tiene otras lenguas maternas). El inglés y el francés son oficiales en todo el territorio de la federación.
La economía canadiense se encuentra altamente desarrollada y regionalizada en las provincias de Ontario y Quebec. Un 80% de las exportaciones van a EE.UU. En 1989 estos dos países firmaron el Free Trade Agreement, al que se incorporó México en 1992. Canadá tiene uno de los índices más altos del mundo tanto de renta per cápita como de desarrollo humano (que sintetiza índices de renta, esperanza de vida y educación). Desde la Segunda Guerra Mundial, cuatro temas han dominado los debates políticos de la federación: la construcción de un sólido estado de bienestar, el posible secesionismo de Quebec impulsado principalmente desde una creciente perspectiva de nacionalismo liberal por parte del partido quebequés; la emergencia y consolidación de las demás provincias, y la cuestión indígena.
El sistema de gobierno es de carácter parlamentario, si bien la estricta división territorial de poderes entre la federación y las provincias, junto a una muy débil representación de las segundas en la primera ha conllevado a un claro predominio de los poderes ejecutivos sobre los legislativos, tanto a nivel de la federación como a nivel de las provincias. El Senado, no electivo y cuyo número de escaños no suele sobrepasar los 105 senadores, ocupa una posición muy marginal en la federación, en contraste con la importancia de las relaciones intergubernamentales, especialmente las de carácter ejecutivo. La Cámara de los Comunes consta de 301 escaños elegido para un mandato de cinco años. Los sistemas electorales siguen la tradición británica en favor de sistemas mayoritarios, regulación que facilita los gobiernos unipartidistas a nivel federal, principalmente por parte del partido liberal, aún cuando el sistema de partidos canadiense se halla regionalizado (hegemonía de los partidos liberal y quebequés en el este y del partido conservador en el oeste). La reforma constitucional requiere la aprobación de siete de los diez parlamentos provinciales que comprendan como mínimo el 50% de la población de la federación.
Desde sus orígenes centralizados (1867), la evolución de la federación canadiense ha estado marcada por una creciente descentralización, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. A pesar de que formalmente los poderes residuales –aquellos no asignados explícitamente a ningún nivel de gobierno–, pertenecen al parlamento federal, las decisiones de la Corte Suprema han ejercido una importante función descentralizadora. Además, la falta de capacidad integrativa de las instituciones centrales, así como la creciente importancia de algunos ámbitos provinciales, como la sanidad, la educación, o los servicios sociales, y, muy especialmente, la creciente importancia del nacionalismo de Quebec son otros factores que han actuado a favor de la descentralización. En las últimas décadas, el impulso nacionalista de Quebec ha sido un factor de descentralización del que también se han beneficiado las otras provincias. Entre otras, las provincias tienen competencias en fiscalidad, sanidad, educación, poder local, derechos civiles, poder judicial, y en algunos casos en inmigración y pensiones.
En 1982, se produjo la repatriación constitucional que desvinculaba a Canadá de casi todos los elementos de la autoridad británica e introducía una Carta de Derechos y Libertades de aplicación en todo el territorio de la federación (no aceptada por Quebec; esta provincia de habla predominantemente francesa dispone de su propia Carta de Derechos Humanos y Libertades, aprobada por su Asamblea Nacional en 1975). En los últimos años también se han aprobado tratados específicos con colectividades indígenas sobre derechos territoriales y culturales. Tras el referéndum de Quebec de 1995 (favorable sólo por menos de un 1% al mantenimiento de la provincia en la federación), una importante decisión de la Corte Suprema canadiense (agosto de 1998) estableció la legitimidad de “renegociar” la vinculación de Quebec a la federación en caso de que una “mayoría clara” se mostrase favorable a ello en respuesta a una “pregunta clara” sobre la cuestión (puede decirse que la Corte se mostró favorable al “derecho de autodeterminación” de Quebec, aunque regulado desde premisas más federales que nacionalistas –fueran éstas últimas canadienses o quebequesas–, si bien con posterioridad el poder central ha pretendido controlar el proceso a partir de la ley de la claridad del 2000). A finales del 2003, a instancias del Gobierno de Quebec, se ha creado el Consejo de la Federación, institución que agrupa a los gobiernos de las provincias y territorios canadienses sin participación del poder central (será a veces invitado a las sesiones) con el fin de establecer posiciones y estrategias comunes frente a la federación.
