La verdad es que no hay que romperse mucho la cabeza para saber las causas por las que los ciudadanos se abstienen. Recomendaría a Joan Saura que ahorre las energías que su departamento está destinando a esta función porque cada día que pasa se dan nuevos motivos para alimentar el pasotismo de los electores. Desconozco si los más de diez millones de españoles que fueron a votar que sí a la Constitución europea el 20 de febrero del 2005 lo hicieron entusiasmados con el proyecto. Más bien creo que lo hicieron como un deber cívico ante la posibilidad de que el plan de construcción europea se viniera abajo y quisieron también, de alguna manera, respaldar la labor que venía desarrollando Zapatero. Por desgracia para todos ellos, ni Francia, ni Holanda respaldaron después la misma Constitución y el proyecto europeo entró en una profunda crisis.
Después de meses de incertezas, los líderes europeos han alcanzado este fin de semana pasado un principio de acuerdo que pasa inexorablemente por pactar un nuevo tratado. ¿Y el proyecto original de Constitución aprobado en referéndum por España? Nada, a la papelera. ¿Convocará Zapatero otra consulta para aprobar el nuevo? No, porque existen riesgos más que probables de que los ciudadanos se sientan estafados por la operación y decidan no apoyar el nuevo proyecto con el único ánimo de chinchar. ¿Cómo se aprobará el texto? Mediante votación cerrada en las Cortes, donde el control de los grupos parlamentarios garantiza el resultado final. ¿Qué cara se le queda a la opinión pública? Según. El Gobierno ya dijo el mismo sábado que la opinión pública española avalaría sin dudar la solución acordada porque era la única viable. Es posible que así sea. En la Moncloa se encargan tantas encuestas y estudios de opinión que es bastante creíble que conozcan mejor que nadie la opinión de los ciudadanos. Pero por este mismo motivo se podrían haber ahorrado el primer referéndum, porque no estaban obligados por ninguna ley.
El problema es que si además de haber ido a votar en febrero del 2005 a favor de Europa, el votante catalán lo hizo en junio del 2006 a favor del Estatut de Catalunya la sensación que puede tener hoy de que le están tomando el pelo es doble. Porque si un milagro no lo remedia, antes de lo que prevén los dirigentes socialistas el Tribunal Constitucional tumbará el Estatut. El fallo se conocerá después del verano y antes de las próximas elecciones, pese a los intensos movimientos que se están produciendo en la judicatura. Si se cree en la libertad de los tres poderes, no hay nada que objetar. Ahora bien, si se conoce un poco la influencia política que sufre el Constitucional con magistrados nombrados por el PP y otros próximos al PSOE, la independencia del tribunal está en entredicho. La opinión expresada en las urnas por los catalanes quedará también en la papelera como el referéndum europeo.
Uno no se cansará nunca de apelar a la participación de la gente y gastar energías en defender que el voto no es sólo un derecho sino también un deber. Pero hay que exigir todavía mucha más seriedad y rigor a la Administración para que no acabe protagonizando episodios como éstos.
Jordi Juan, lavanguardia, 25-VI-07.