´Estado de Derecho, libertad y seguridad´, Stephen Holmes

Primitiva lógica ante las crisis y amenazas

Hace varios años, mi hija yacía víctima del coma provocado por una caída grave. Dos enfermeras acudieron a su habitación del hospital para preparar una transfusión. Una sostenía una bolsa de sangre y la otra el historial médico de mi hija. La primera leyó en voz alta el rótulo de la bolsa: "sangre del tipo A", y la otra leyó en voz alta en el historial: "Alexa Holmes, sangre del tipo A". A continuación, intercambiaron, conforme a un guión, sus instrumentos y papeles y la primera enfermera leyó en el historial: "Alexa Holmes, sangre de tipo A", y la segunda leyó en la bolsa: "sangre de tipo A".

¿Por qué profesionales bien capacitados, cuando atienden una emergencia que se desarrolla rápidamente, cumplen normas establecidas por adelantado? La razón principal es que en momentos de crisis las personas cometen errores previsibles, pero evitables, provocados en gran medida por el pánico. Con el tiempo se han ido creando protocolos detallados para esas situaciones complicadas con el fin de fomentar la sangre fría y reducir al mínimo el riesgo de error evitable.

El valor de la improvisación frente a amenazas nuevas no significa que se deban desechar perentoriamente las normas vigentes. Se trata casi de una trivialidad, pero no parecen haberlo advertido los defensores a la desesperada de la política exterior del Gobierno de Bush. Incluso en la actualidad, los candidatos republicanos a la presidencia que llevan ventaja afirman que el Estado de derecho es un lujo prohibitivo en la batalla contra Al Qaeda. Sostienen que el constitucionalismo y las garantías legales, si se aplican meticulosamente, reducen la flexibilidad del Gobierno para idear formas de prevenir los ataques terroristas.

Resulta fácil imaginar situaciones en las que se puede aumentar la flexibilidad limitando los derechos individuales y abandonando las normas preestablecidas para la adopción de decisiones, pero no es prudente generalizar a partir de esas excepciones. Un Gobierno que se ha jactado constantemente de su disposición para flexibilizar (y a veces violar) la ley a fin de afrontar una amenaza sin precedentes ha llegado a ser tristemente famoso no por su flexibilidad, sino por su rigidez.

¿Podría haber una relación entre la ligera - cuando no hostil- actitud del Gobierno de Bush para con la ley y su asombrosa incapacidad para reconocer los errores y arreglárselas para aplicar reajustes del proceso durante su desarrollo? ¿Podría ser que la disposición a contravenir la ley y eludir la Constitución, en lugar de agilidad mental, produzca obstinación e intransigencia?

Así como el cumplimiento de las normas puede mejorar el desempeño por parte del personal de sus funciones en una sala de urgencias de hospital, así también las garantías legales y el constitucionalismo pueden mejorar el desempeño de sus funciones - en particular en una crisis- de los agentes encargados de imponer el cumplimiento de la ley y de los encargados de formular la política de seguridad nacional. Exigir al Gobierno que revise la base factual de su decisión de utilizar la fuerza no es una atadura de la que desembarazarse, sino un incentivo para la previsión y un apoyo psicológicamente estabilizante.

Noes probable que un Gobierno que adopta habitualmente decisiones fundamentales en materia de seguridad nacional basadas en información no revelada, que nadie, excepto un pequeño círculo de leales partidistas, tiene nunca la posibilidad de evaluar, siga opciones sensatas. La idea de que los agentes del Ejecutivo lucharán más eficazmente contra el terrorismo cuando saben que nadie los ve es inverosímil.

Una presidencia que, tras haber desmantelado el tradicional equilibrio de poderes, nunca está obligada a exponer razones coherentes para sus políticas, no tardará probablemente en tener pocas razones para ello. La contraproducente propensión de semejante poder ejecutivo, no vigilado con rigor, resulta ahora evidente para todo el mundo.

Piénsese en la decisión de flexibilizar las normas relativas a la presentación de pruebas a la hora de decidir encarcelar a sospechosos de terrorismo en la bahía de Guantánamo o en otro lugar. El resultado ha sido el de alentar a los mentirosos a que bloqueen el sistema con desinformación y pistas falsas y al tiempo desanimar a las personas honradas a la hora de informar sobre lo que observen, por miedo a que resulte encarcelado un vecino inocente a consecuencia de apreciaciones erróneas.

Desde luego, el secretismo es necesario para los asuntos de la seguridad nacional, pero un secretismo excesivo propicia que se desvíen unos recursos escasos para perseguir fantasmas y, para eludir los exámenes rigurosos de su actuación, el Ejecutivo acaba inevitablemente ocultándose de sí mismo: por ejemplo, impidiendo que expertos bien informados del Departamento de Estado evalúen independientemente las decisiones adoptadas en el Pentágono. La obligación de consultar a personas independientes e informadas puede ser enojosa, pero puede impedir los malentendidos y acelerar el doloroso proceso de corrección de errores de bulto.

Tras haber invadido un país árabe rico en petróleo que no desempeñó papel alguno en el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos se dejó arrastrar imprudentemente por la primitiva lógica de sus atacantes, caracterizada por el castigo colectivo y la venganza grupal. Con ello abandonaron el pilar más esencial del Estado de derecho, a saber, la individualización de la culpabilidad.

Limitar la responsabilidad penal a los perpetradores efectivos, excluyendo cuidadosamente a los miembros de sus clanes y parentelas, constituye una frágil innovación histórica encaminada a interrumpir espirales de violencia sangrienta entre comunidades. Probablemente el Gobierno no dedicó la mayor parte de sus medidas contraterroristas a las operaciones de imposición de la aplicación de la ley, sino a la guerra en tierras musulmanas, porque no supo mantener la sangre fría inmediatamente después de los ataques a Nueva York y a Washington.

Con ello confirmó sin darse cuenta la más vil propaganda de los yihadistas, según la cual los musulmanes de todo el mundo pueden llegar a ser blancos de la furia letal de Estados Unidos. La forma más segura de provocar la resistencia violenta es comunicar a los afectados que nada pueden hacer personalmente para no verse atacados. Ésa es otra razón por la que la contravención de las normas y protocolos heredados en nombre de la seguridad nacional ha empeorado catastróficamente la amenaza terrorista.


Stephen Holmes, director de investigaciones del Centro sobre Ley y Seguridad de la facultad de Derecho, Universidad de Nueva York. Autor de 'The matador's cape: America¿s reckless response to terror'. lavanguardia, 1-IX-07.