Pascal Boniface, director Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS) de París.
... ¿Cómo conciliar la protección de la soberanía con la necesidad imperiosa de actuar contra las violaciones masivas de los derechos humanos, como las cometidas en Ruanda o la antigua Yugoslavia durante los noventa? ¿Cómo lograr que las reglas universales, que podrían, llegado el caso, justificar una intervención de la comunidad internacional para establecer un cambio de régimen, sean definidas justamente de modo universal y no por un pequeño grupo de estados en función de sus intereses del momento? ¿Cómo puede dotarse la comunidad internacional de unas reglas aplicables tanto al país fuerte como al país débil para evitar que las poblaciones se vean sometidas a lo inaceptable?
En caso de amenaza de matanzas en masa, el riesgo reside hoy más en la inacción de la comunidad internacional (como se ha visto en múltiples ocasiones en África, desde Ruanda al Congo pasando por Liberia y Sierra Leona), que en el uso de un derecho de veto ejercido por un miembro permanente del Consejo de seguridad. La utilización del derecho de veto para protegerse o para proteger a un aliado existe siempre. Sin embargo, en la práctica no reside ahí el riesgo de bloqueo frente a una intervención humanitaria de urgencia.
La intervención militar sólo tiene que ser un último recurso, una vez agotadas todas las posibilidades de prevención y resolución pacífica de un conflicto. Debe ser proporcionada; es decir, aplicar el mínimo de medios necesarios y gozar de unas perspectivas razonables de alcanzar su objetivo. Toda solución que no encuentre el beneplácito, no necesariamente unánime pero sí general, no podrá ser aplicada de forma duradera. La ingerencia legal, reconocida e indiscutible, existe ya en el título de capítulo VII de la Carta de la ONU. De modo que una ingerencia no discriminante pasa por la aplicación de ese capítulo y el reforzamiento de la ONU (ampliación del Consejo de Seguridad y –¿por qué no?– mantenimiento de la regla de los dos tercios para un voto positivo pero supresión del derecho de veto) y no por su debilitamiento fruto de guerras emprendidas sin su autorización. Es el único modo de colocar el uso de la fuerza al servicio del interés general y convertirlo no en instrumento de poder en detrimento de los otros, sino en una fuerza de policía internacional.
lavanguardia, 16-X-2003