No hace falta andarse por las ramas: la enseñanza pública ha estado sometida, durante las dos últimas décadas, a un acoso y derribo brutal que le ha provocado un lamentable deterioro que muchos, a pesar del optimismo de la voluntad, sentíamos como imparable. Entre otros motivos, por la complacencia con que PP, PSOE i CiU habían acordado no sólo las leyes marco del sistema actual –primero la Logse y luego la LODE–, sino también esa gran falacia escondida en la fórmula de “la libertad de los padres a escoger la escuela de sus hijos”. La apuesta por la enseñanza pública ha sido, durante todo este tiempo, meramente nominal, puesto que se ha consolidado, de facto, una triple red escolar de centros públicos, concertados y privados que ha padecido una curiosa flexibilidad en la aplicación de las leyes. Así, mientras que la enseñanza pública se hace cargo, de forma casi exclusiva, de la problemática pedagógica generada por la creciente inmigración (sólo un dato, del curso 2001-2002 en el ámbito español: el 81% de los alumnos inmigrantes está en la pública), la escuela concertada recibe los beneficios de la financiación pública y casi ninguna de sus exigencias. No sólo porque, en general, selecciona a sus estudiantes cuidadosamente y se arroga el privilegio de prescindir de aquellos que no consiguen seguir los ritmos de exigencia pedagógica, sino porque incluso algunas de las escuelas beneficiadas por los conciertos se permiten segregar a sus estudiantes por razones de sexo.
Por este motivo, es una noticia extraordinaria y sin precedentes en el Estado que el nuevo conseller de Ensenyament de la Generalitat, Josep Bargalló, se haya decidido a presentar su proyecto de decreto de matriculación para el próximo curso intentando corregir un auténtico agujero negro que había contando con el consentimiento del PP, PSOE y CiU. Su texto propone retirar el concierto (esto es: la subvención pública con la que se paga las nóminas) para aquellos centros que no permiten escolarizar a estudiantes de distinto sexo que los que pretenden formar. La medida va a afectar a los 18 centros catalanes que han practicado la segregación de género y que, sin embargo, han continuado beneficiándose de los fondos públicos. No es un dato menor que la mayoría de ellos estén vinculados al Opus Dei. Como no lo es que su iniciativa ya haya recibido la abierta descalificación de Irene Rigau y de Duran Lleida, ambos de CiU, la formación que ha defendido durante veinte años el derecho a subvencionar con fondos públicos a esos centros que han hecho de la discriminación por razones de sexo el principio de su ideario pedagógico.
El decreto, además, propone reducir el número de alumnos por aula en los centros con alta inmigración, combatir el absentismo escolar y buscar la complicidad de los ayuntamientos en la información y escolarización de los estudiantes. Medidas, todas ellas, que anuncian, por primera vez en este país, una apuesta por la enseñanza pública de un calado, sin duda, imprevisible. Quizás, de la mano de Bargalló, haya llegado por fin, para la Administración, la hora de la enseñanza pública. Esperemos que estas sean sólo las primeras noticias. Como ha repetido a menudo el filósofo y académico Emilio Lledó, “la democracia es inseparable de la enseñanza pública: la única manera de luchar contra el señoritismo”. ¡Ánimo, que el camino es largo!
lavanguardia, Xavier Antich, 19-II-04