Manuel Pimentel, exministro y escritor. Impulsor del Foro Andaluz.
Vivimos en una democracia tutelada, cuyos fundamentos debemos denunciar. Nos engañan con nuestra supuesta libertad, cuando en verdad nuestros derechos democráticos son casi inexistentes. Sin embargo ningún partido denuncia esta ofensiva realidad. ¿Por qué? Pues porque viven apoltronados en su cómodo sistema de privilegios, en el que no responden ante nadie, ni tienen contrapeso alguno de poder. Las fórmulas creadas por la transición, muy adecuadas para la España de los 70, se han quedado desfasadas para una sociedad que ha evolucionado de manera sensible. Como no existían partidos en el inicio de la transición, se les concedieron una serie de privilegios para ayudarlos a consolidarse. Pero han pasado 30 años, nuestra sociedad se ha hecho democráticamente madura, y, sin embargo, los partidos siguen funcionando bajo los mismos supuestos de hace 30 años. Nuestro modelo de aparato-partido se ha quedado absolutamente antiguo, pero nadie levanta la voz contra ese carpetovetónico entramado.
Empecemos por partes. La política en España es el partido político. No existe ninguna otra vía de participación distinta a la de los partidos, que ostentan el monopolio absoluto de la participación democrática. Pero su funcionamiento interno no se atiene a los principios democráticos que dicen representar. En verdad se basan en una compleja relación de clientelismos recíprocos. El primero de todos ellos reside en las listas electorales bloqueadas y cerradas, a las que el ciudadano debe votar sin poder expresar su opinión sobre ninguno de los nombres que figuran en ella. Los aparatos centrales de los partidos imponen esos nombres, a los que después exigen fidelidad ciega.
La docilidad con respecto al poder interno es el principio indispensable para los que quieren hacer carrera política. Recordemos aquello de 'el que se mueve no sale en la foto'. No es cierto de que los diputados han sido elegidos por el pueblo: en verdad han sido impuestos por los aparatos. La Cámara no está compuesta por los representantes de los ciudadanos, sino por los seleccionados por los poderosos de los correspondientes partidos. El votante ha sido enseñado a votar a bloques, independientemente de los nombres que figuran bajo sus siglas. Es muy frecuente oír en el seno de los gtandes partidos: 'Ya sabes, aquí pones una cabra y sale'. Hay que romper ese vergonzante sistema de elaboración de listas, que desconfía de los ciudadanos, a los que toma por menores de edad. Sólo los votantes deben decidir qué personas les deben representar. Actualmente esta facultad está secuestrada por los partidos. Urge cambiar nuestra legislación con el objetivo de hacer obligatorias las primarias internas, así como las listas abiertas, amés de cambios en el tamaño de las circunscripciones electorales.
Pero los privilegios no acaban ahí. Aunque mucha gente no lo sepa, el diputado no tiene facultad alguna de iniciativa parlamentaria. Todo ha de ser aceptado por los órganos del grupo, que han sido nombrados desde el partido. Sin la firma de los responsables del grupo parlamentario, ninguna iniciativa de los diputados, por insignificante que sea, podrá tramitarse en la Mesa. Los grupos parlamentarios actúan como comisarios políticos.
En nuestra democracia tutelada, el Parlamento es prescindible. Bastaría con que los portavoces se reunieran en torno a una mesa camilla y decidieran mediante voto ponderado. Los diputados son simple máquinas de votar lo que les ordena su respectivo portavoz, que a su vez sigue instrucciones de su partido. Los aparatos no se conforman con el privilegio de elegir a dedo a sus candidaturas, sino que además las controlan a través del comisariado político que en verdad son los grupos. Las sesiones parlamentarias sólo tienen un objetivo: salir por televisión. Los debates jamás convencen a ningún diputado. Nunca las intervenciones parlamentarias cambiaron el voto de nadie. No es sostenible este model de parlamentarismo vergonzante.
En España no existe separación de poderes. El único poder es el del aparato-partido, que pone y controla a los diputados, y elige al ejecutivo. El gobierno y el legislativo son meras expresiones de un solo poder, el que emana del partido que los nomina. Tampoco el poder judicial es independiente: el Constitucional y el CGPJ son elegidos por los diputados, esto es, por el partido. ¿Y qué decir de el fiscal general del Estado, directamente nombrado por el Gobierno? Con estos precedentes, afirmar que en nuestra democracia tutelada existe la separación de poderes, no es más que una simple broma. Todo el sistema gira en torno a un poder exclusivo, el del partido político.
Pues pongo sobre la mesa una propuesta para volver a ilusionarnos con la política: ¿por qué no reformamos en profundidad las leyes -Constitución incluida- que sustentan esta ficción de democracia en la que vivimos? Yo, al menos, me apuntaría.
ElPeriódicodeCatalunya, 29-II-2004