Habrá un próximo incidente en cercanías, o apagón, incendio en hospital o lo que sea. Son tantos años de mantenimiento deficitario, cuando no inexistente, que proseguirá la secuencia iniciada el verano pasado la que continuó luego con el tremendo lío de Renfe y el AVE, y los dos incendios en sendos grandes hospitales. No hay que ser profeta para asegurar que habrá una próxima. Eso no se acaba aquí. Un sinnúmero de infraestructuras en estado lamentable hacen que Catalunya se parezca a un viejo caserón al que se van añadiendo alas - aún a ritmo exasperante, cierto- sin reparar o actualizar las anteriores, de manera que llega un momento en que los viejos cableados, conducciones e instalaciones ya no resisten más, por lo que los incidentes y las averías se suceden en cadena. Tenemos, pues, no una acumulación de hechos fortuitos sino el inicio, en verdad dramático, de una secuencia que no va a ser fácil atajar.
Después de tanto certificar el atraso en nuevas infraestructuras y calibrar las consecuencias en pérdida de competitividad, resulta que no basta con unos años de inversiones significativamente mayores (veremos lo que van a durar). Además, hay que analizar con detalle el estado presente de las actuales y presupuestar su puesta al día. El informe de los ingenieros del que La Vanguardia se hizo un amplio eco la semana pasada pone sobre la mesa una situación en la que lo extraño es que los accidentes no se hubieran producido antes.
No valen excusas. Todos los partidos del arco parlamentario están implicados en mayor o menor grado. Unos, porque han gobernado España; el resto, porque han gobernado en Catalunya. De escaso consuelo sirve recordar, en contrapartida, el funcionamiento poco menos que modélico de Ferrocarrils o lo barata que, en atención a la calidad, sale la sanidad pública catalana. El pasivo supera con creces la suma de todos los activos. Si la financiación no alcanzaba ni llega para tapar agujeros, lo procedente hubiera sido, sigue siendo, detectar las deficiencias en conservación, evaluar los costes y presentar la factura al Estado, que es el responsable de la financiación autonómica. Lo contrario, mirar hacia otra parte y disimular, abstenerse de encargar informes y estudios que lleven a conocer con detalle la situación real y los riesgos que comporta, constituye una imperdonable dejación.
Sirva por lo menos el último incendio en Can Ruti para que los distintos departamentos de la Generalitat pongan en marcha la realización de estudios exhaustivos y elaboren los planes de choque necesarios para evitar nuevos incidentes. Se acabó el autismo. Se acabó asumir riesgos innecesarios. Se acabó justificarse en la falta de conocimiento, pues sólo desconoce quien no quiere conocer. Está en juego la credibilidad del tripartito, la imagen de (in) eficiencia de todo el sistema político catalán.
17-XII-07, lavanguardia