Miquel Siguan, catedrático emérito de la UB
El sistema democrático se apoya en la existencia de unos partidos políticos que canalizan la opinión de los ciudadanos y se constituyen en sus representantes. Pero desde hace un tiempo se advierte como una fracción cada vez mayor de la ciudadanía se desinteresa por las actuaciones de los políticos lo que a la larga puede significar la desaparición del sistema democrático.
Una primera explicación de este desinterés es que los políticos no se ocupan de las cuestiones que realmente interesan a los ciudadanos enfrascados como están en sus luchas por el poder. Pero a ello se añade además la impresión de que por debajo de esta lucha hay apetencias económicas y, en definitiva, que hay mucha corrupción. Y no hay duda de que la mezcla de política y corrupción es una llaga de nuestro tiempo. En los países subdesarrollados, incluso cuando adoptan formas democráticas, la corrupción generalizada destruye todas las esperanzas de progreso. Pero incluso en países con una larga tradición democrática los escándalos económico-políticos son cada vez más frecuentes. ¿Por qué?
No es difícil señalar la razón. En otros tiempos, digamos hace un siglo, y a diferencia de ahora, el mundo de la política y el de la economía estaban relativamente separados y en todo caso sólo convergían en la cumbre. Para decirlo con un ejemplo simple: hace un siglo la capacidad de gasto de un ayuntamiento era muy pequeña y la trascendencia económica de sus decisiones era igualmente reducida; hoy ocurre exactamente lo contrario.Ylo que digo de un ayuntamiento se puede repetir con mayor razón de cualquier nivel de la Administración pública, de manera que las posibles colusiones entre actividad política y beneficios económicos son mucho más frecuentes. Pero al llegar aquí hay que hacer una distinción. Un político puede tomar una decisión a sabiendas de que es injusta aceptando un soborno y un edil puede incluso cambiar de partido para decidir con su voto una reforma urbanística que producirá pingües beneficios y de los que reclamará una parte. Desgraciadamente, políticos corruptos siempre han existido y, si no cambia la naturaleza humana, siempre existirán. Y un régimen democrático debería tener capacidad para denunciar estos casos y castigarlos. Pero hay algo más, y algo que afecta directamente a los partidos políticos.
Hace un siglo los partidos existían gracias a las cuotas de los afiliados y gracias sobre todo a la dedicación y al esfuerzo de un gran número de militantes entusiastas. Hoy esto ha cambiado radicalmente, los partidos tienen una estructura compleja con abundantes medios materiales, con personal técnico a pleno tiempo y con gastos de propaganda que alcanzan volúmenes astronómicos cuando llegan las elecciones. Es evidente que sus medios conocidos de financiación no alcanzan a cubrir estos gastos y por otra parte, y a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa no pueden aceptar subvenciones que parezcan implicar dependencia respecto del donante. ¿De dónde salen entonces los medios?
Hace años estalló el caso Filesa. Todos los grandes bancos españoles habían pagado cantidades importantes por unos informes inexistentes a la tal Filesa, que no era sino una oficina de recaudación de fondos del partido socialista.Yentonces ocurrió algo grotesco: la plana mayor de los grandes bancos españoles desfiló ante el juez y todos a una aseguraron no recordar nada del asunto, ni quién había tomado la decisión de encargar el informe, ni por qué se encargó ni dónde podía haber ido a parar, cuando habría sido más fácil y más serio decir la verdad, que en el momento de la transición los bancos habían decidido entregar dinero a todos los partidos políticos, en parte porque creían que su funcionamiento era necesario para que la democracia funcionase y en parte porque a los bancos les conviene estar bien con quienes tienen o pueden tener un día el poder. A pesar de este espectáculo de ópera pura, el proceso Filesa tuvo una consecuencia positiva, que fue la decisión de promulgar una ley de partidos.
Una decisión que desgraciadamente se ha quedado en el limbo de las buenas intenciones, de modo que la financiación de los partidos políticos continúa siendo un enigma. Están por supuesto las cuotas de los afiliados y lo que les paga el Estado en función de los votos que han conseguido y están las fundaciones que han creado los partidos, y éstas sí que pueden recibir donativos y tener patrocinadores. Pero todo ello no parece suficiente, y aquí empiezan las tentaciones y las sospechas. Si, por poner un ejemplo, un ayuntamiento encarga una tarea de impresión importante es evidente que la empresa que recibe el encargo conseguirá con ello un buen beneficio, y puede considerarse lógico que una parte de este beneficio lo entregue no al público que ha firmado el encargo, que esto sí sería corrupción pura y dura, sino al partido mayoritario en el Ayuntamiento como contribución a su funcionamiento. Y lo que digo para un encargo hecho a dedo puede repetirse para una contra-tación fruto de un concurso o de una subasta. Por supuesto nadie dice claramente que esto existe y caso de existir qué fórmulas adopta, pero hay una impresión generalizada de que en alguna medida ocurre en todas partes, quiero decir en toda Europa, aunque sólo aflore cuando ocurre algún escándalo.
Por ejemplo, el que se destapó en París hace unos años. El Ayuntamiento de París contrata obras y servicios por cantidades ingentes y se daba por supuesto que los contratistas aportaban sendas comisiones a la caja del partido en el poder hasta que un alcalde decidió que estas comisiones en vez de revertir sólo en la caja del partido mayoritario se distribuyesen entre todos los partidos en proporción al número de concejales que tenían, una manera inteligente de asegurarse la discreción de sus sucesores. Cuando el hecho se conoció, el escándalo fue de categoría y los periodistas se despacharon a gusto durante varias semanas hasta que el tema acabó aburriendo y fue sustituido por otros sin que nadie haya aclarado si la práctica se interrumpió o si, por el contrario, se mantiene.
La moraleja de todo lo dicho es bien fácil de extraer. En toda Europa los partidos políticos tienen una grave responsabilidad para mantener la credibilidad democrática. Una responsabilidad que no se cumple simplemente con altisonantes discursos éticos ni creando comisiones de investigación que normalmente sólo sirven para espacir lodo en todas direcciones, sino que hacen falta medidas estructurales.Ydado que desconozco la legislación en otros países, solamente me atrevo a hablar para España y aquí sí que me veo capaz de señalar la solución; bastaría con que los partidos se pusiesen de acuerdo de una vez para promulgar una ley de partidos, una ley que esencialmente podría tener un artículo único que dijese así: los partidos políticos, al igual que cualquier otra asociación, una vez al año presentarán públicamente sus cuentas. Así de fácil.
lavanguardia, 5-III-05