´Pakistán, un Estado que se rompe´, Brahma Chellaney
Los poderosos y omnipresentes militares de Pakistán serán los principales beneficiarios de la muerte de Benazir Bhutto en el mismo lugar donde el asesinato del primer primer ministro Liaquat Ali Jan contribuyó en 1951 a acabar con una democracia naciente y establecer las bases de un prolongado dominio militar. Y, del mismo modo que Pakistán se islamizó de modo creciente tras la ejecución en 1979 del padre de Bhutto (el primer ministro Zulfiqar Ali Bhutto), ordenada por el general que se hizo con el poder por medio de un golpe de Estado, el asesinato de la hija ayudará a reforzar la radicalización islamista bajo la prolongación del gobierno militar.
La probable perpetuación de este gobierno no constituye una buena noticia para la seguridad internacional, para la estabilidad regional ni para el propio futuro de Pakistán, teniendo en cuenta la forma en que el país no ha dejado de hundirse en el fundamentalismo, el extremismo y el militarismo desde el último golpe de Estado protagonizado por Pervez Musharraf en 1999. Apenas unos días antes de su asesinato, Bhutto se había mostrado "preocupada debido a las simpatías por los militares en el entorno de Musharraf".
En sus sesenta años de historia, Pakistán ha tenido cuatro constituciones y cuatro tomas del poder por parte de los militares. Incluso cuando los cargos han sido ocupados por civiles, estos han tenido que someterse al ejército para no perder sus puestos. En Pakistán, los gobiernos siempre han llegado a su fin por medio de las botas, nunca de los votos. Con un Musharraf cuya popularidad está por los suelos, no sería ninguna sorpresa que un nuevo rostro militar se hiciera con el poder para enfrentarse a la deteriorada situación interior.
Si bien el ejército sigue justificando su control sobre las riendas del Estado como un mal necesario al servicio de un bien mayor, su papel político sólo hará que Pakistán siga en el candelero. El país se ha convertido hoy en un problema no sólo regional, sino también mundial; un país hasta cuyo territorio puede seguirse el rastro de casi todos los grandes atentados internacionales desde el 11-S. Asimismo, Pakistán ha sido la fuente de la mayor filtración de secretos nucleares de toda la historia.
El asesinato de Bhutto dificulta aún más que los militares vuelvan a los cuarteles.
El generoso botín distribuido por el poder durante el dominio de Musharraf ha hecho engordar a los militares. Estos no sólo detentan puestos clave en ámbitos tan variados como la agricultura y la educación, sino que también mandan en el mundo empresarial, donde tienen sus propios negocios, que van desde los bancos hasta las panaderías.
A ello deben añadirse los nuevos poderes draconianos conservados por Musharraf, a pesar de que levantó el estado de emergencia que había proclamado para facilitar su reciente reelección como presidente.
Otro factor que ayuda a mantener a los militares en el poder es la ayuda estadounidense, que sólo desde el 2001 ha ascendido a 7.500 millones de euros, la mayoría en equipo militar y ayuda en metálico para el presupuesto de explotación de Pakistán. La ayuda ha sido tan generosa que el ejército pakistaní (el quinto más grande del mundo) depende hoy de Washington para una cuarta parte de su presupuesto.
La preocupación de Bush por el lío que él mismo ha creado en Iraq no puede ocultar una realidad mayor: es Pakistán, no Iraq, el frente central en la batalla mundial contra el terrorismo. Hacer desaparecer la cultura yihadista de Pakistán no será fácil. Sin embargo, es esencial, porque la lucha contra el terror no podrá ganarse sin la desmilitarización del sistema político pakistaní y la desradicalización de su sociedad.
Antes de que otro general intente hacerse con el poder en Pakistán, la comunidad internacional tiene que obrar con firmeza para que el actual gobernante ceda el poder a un gobierno de concertación capaz de inspirar confianza a los ciudadanos de modo que puedan celebrarse unas elecciones libres y transparentes.
Brahma Chellaney, profesor de Estudios Estratégicos del Centro de Investigación Política de Nueva Delhi, traducción: Juan Gabriel López Guix, 8-I-08, lavanguardia
