"La laicidad en España", JF López Aguilar

Entrevista a Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia
lavanguardia, 29-V-2005, E. Juliana-C. Sen.

Juan Fernando López Aguilar (Las Palmas, 1961), ministro de Justicia y miembro del actual grupo dirigente del PSOE, es el responsable de una parte sustancial del giro programático del Gobierno socialista hacia una política basada en la expansión de los “derechos civiles”, politica que está ensanchando el concepto de laicidad en España, hasta situarlo en viva tensión con la jerarquía de la Iglesia católica. Una tensión inédita desde los tiempos de la Segunda República…

-Una de las iniciativas más visibles del primer año de Gobierno socialista ha sido la legalización de la unión civil entre homosexuales bajo el título de matrimonio, junto con la aceleración de los trámites de divorcio. Ambas iniciativas forman parte de una agenda que el Gobierno titula “ampliación de los derechos civiles”, una agenda que ha suscitado un fuerte encontronazo con la Iglesia católica. ¿Era voluntad del Gobierno reforzar su identidad política mediante un enfrenatmiento con la Iglesia?

-La mayoría de la sociedad española apoya las medidas que ustedes acaban de citar. La simplificación de los trámites del divorcio se corresponde con la maduración de las libertades en España. El matrmonio civil de las personas del mismo sexo ha sido legalizado en Holanda y Bélgica y dentro de unos años estoy seguro de que será una norma muy extendida en la UE. Lo importante es que son iniciativas que no van contra nada ni nadie; ni que tampoco tendrían por qué incidir en absoluto en el ámbito de la Iglesia católica. En España, el matrimonio sacramental se practica todos los días y es convalidado de forma mecánica por nuestra legislación civil.

-En Francia, país de fuerte tradición laicista, el debate ha sido mucho más intenso que en España. El ex primer ministro socialista Lionel Jospin, partidario de la igualdad de los derechos civiles, defendió sus objeciones alegando que el estado debe ser muy cuidadoso a la hora de dar el nombre de matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo, por respeto a la tradición…

-Nuestro empeño es el de cumplir los compromisos electorales. Este asunto ha adquirido una gran carga simbólica, porque estamos ante unas formas de convivencia que forman parte de la realidad, aunque han sido negadas por las mayorías conservadoras de los últimos añso, mayorías que han hecho imposible su reconocimiento legal bajo ninguna fórmula. Este es el tiempo del cambio. El Gobierno se ha propuesto que, por una vez, España no esté a la cola en materia de derechos civiles en la Unión Europea, sino que sea una referencia. Estas iniciativas siempre habían llegado tarde a España. Ahora empezamos a estar en cabeza.

-El Gobierno español y la Iglesia parecen tener en estos momentos muchos puntos de fricción, pero el escollo principal quizá siga siendo el de la financiación de la confesión católica.

-Acaban de citar ustedes un ejemplo magnífico de que la relación entre el Gobierno y la Iglesia católica es positiva y está fundada en una voluntad de cumplir los acuerdos con la Santa Sede de 1979 con generosidad. El acuerdo económico-financiero parte del principio de que el horizonte debe ser el de la autofinanciación de la Iglesia; lo dice expresamente el acuerdo. Mientras este objetivo no se alcanza, el estado ayuda al sostenimiento de las actividades de la Iglesia a través de unas fórmulas que se han ido articulando con el tiempo. En la actualidad, los ciudadanos que lo desean contribuyen a la financiación de la Iglesia con un porcentaje voluntario de la cuota líquida del IRPF. Se pactó que ésta sería la vía para la suficiencia financiera de la Iglesia. Pero lo cierto –y lo sabe el Gobierno y lo sabe la Iglesia- es que desde 1989 la liquidación voluntaria no es bastante, no alcanza ni al 70%. Esta año ha sido de unos 110 millones de euros. Esto significa qu el estado otorga, de manrea adicional, una aportación directa, actualizada anualmente con cargo al IPC, qu en este ejercicio ha sido de 35 millones. El Gobierno lo está haciendo sin plantear ninguna objeción y creo que ello expresa una clara voluntad de cooperación. Pero el Ejecutivo y la Iglesia saben que esta situación no es indefinidamente sostenible.

-¿Quiere decir que será modificada?

-Es racional que nos emplacemos a una negociación que podría tener lugar con ocasión de la caducidad de la última prórroga, que acaba este año 2005. el Gobierno no buscará fricción con la Iglesia. La contribución del Gobierno al sostenimiento de la Iglesia católica es, además, mucho más amplia. No solamente por el capítulo de conciertos económicos, que suma cantidades enormes, sino por el sostenimiento de su obra social y, sobre todo, por el capítulo relativo a lo que podemos calificar de gasto fiscal del estado, es decir, ingresos tributarios a los que el estado renuncia por exenciones que disfruta la Iglesia y nadie más. Estamos hablando de exenciones del IVA, de los impuestos de patrimonio, sucesiones, donaciones… Es muy considerable. Todo ello describe un cuadro que no creo que permita hablar de confrontación con la Iglesia.

-¿Están cuantificadas estas ayudas?

-Son cantidades que podrían marear al lector y algunas de ellas tienen dificultades de encaje con la legislación europea, lo cual nos está causando algunos problemas con Bruselas, como es el caso de la exención del IVA.

-¿También se plantea revisarlas?

-Es un asunto que hay que negociar. Deberíamos ser capaces de plantear estas cuestiones sin que se nos diga que nos confrontamos con la Iglesia. No debe ignorarse que es una situación excepcional para la Iglesia católica, que ya no la disfrutan otras confesiones que, en términos constitucionales, deberían estar equiparas.

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LaVanguardia, 31-V-2005, C. del Riego:

…El Gobierno no contará con el apoyo del PP si pretende introducir cambios en la actual fórmula de financiación de la Iglesia católica, tal como plantea el Ejecutivo ahora que finaliza la vigencia del acuerdo en vigor y, al mismo tiempo, del período transitorio por el cual el Estado completa a la Iglesia la diferencia entre lo que recauda por la apotación de los contribuyentes en el IRPF y lo que recibía del estado antes de implantarse este método, en 1989. el líder del PP, Mariano Rajoy, fue ayer muy crítico con la posibilidad de que el Gobierno se replantee la financiación de la Iglesia, como señaló el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar…
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quiso matizar unas declaraciones suyas sobre las intenciones del Gobierno de revisar la financiación pública de la Iglesia católica. “Lo que se precisa –dice el ministro- es que hay una prórroga del instrumento tributario relativo al IRPF que expira en el 2005 y que, por tanto, esa será la ocasión para negociar otra solución y buscar sobre ella un acuerdo bilateral”.
El ministro insiste en que la voluntad del Gobierno es de “acuerdo por las dos partes” y “no se cuestiona la sostenibilidad global de la financiación actual”. Sin embargo, el titular de Justicia deja bien claro que “cualquier eventual solución de futuro pasa por la revisión de la fórmula actual”.
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LaVanguardia, cartas de los lectores, 31-V-2005.

Aclaración del ministro.

En una entrevista publicada en este periódico el pasado domingo 29 de mayo aparece en portada un titular que no responde a la literalidad de mis palabras, tal como se puede comprobar en las páginas interiores que recogen la conversación. Nunca dije que “la financiación que recibe la Iglesia no es sostenible y habrá que revisarla”.
La pregunta decía: “El Gobierno español y la Iglesia parecen tener en estos momentos muchos puntos de fricción, pero el escollo principal quizá siga siendo el de la financiación de la confesión católica”. Mi respuesta, tal como se transcribe en el mismo diario, dice: “Acaban de citar ustedes un ejemplo magnífico de que la relación entre el Gobierno y la Iglesia católica es positiva y está fundada en una voluntad de cumplir los acuerdos con la Santa Sede de 1979 con generosidad. El acuerdo económico-financiero parte del principio de que el horizonte debe ser el de la autofinanciación de la Iglesia; lo dice expresamente el acuerdo. Mientras este objetivo no se alcanza, el estado ayuda al sostenimiento de las actividades de la Iglesia a través de unas fórmulas que se han ido articulando con el tiempo. En la actualidad, los ciudadanos que lo desean contribuyen a la financiación de la Iglesia con un porcentaje voluntario de la cuota líquida del IRPF. Se pactó que ésta sería la vía para la suficiencia financiera de la Iglesia. Pero lo cierto –y lo sabe el Gobierno y lo sabe la Iglesia- es que desde 1989 la liquidación voluntaria no es bastante, no alcanza ni al 70%. Esta año ha sido de unos 110 millones de euros. Esto significa qu el estado otorga, de manrea adicional, una aportación directa, actualizada anualmente con cargo al IPC, qu en este ejercicio ha sido de 35 millones. El Gobierno lo está haciendo sin plantear ninguna objeción y creo que ello expresa una clara voluntad de cooperación. Pero el Ejecutivo y la Iglesia saben que esta situación no es indefinidamente sostenible”.
De esta última frase no cabe deducir el titular de portada. Menos áun el enuncio de ninguna revisión unilateral del sistema de financiación de la Iglesia. Muy al contrario, se está reafirmando la voluntad de cooperar, además de porque lo manda la Constitución, porque está previsto en los Acuerdos con la Santa Sede, que son de naturaleza bilateral. Lo que se precisa es que hay una prórroga del instrumento tributario relativo al IRPF que expira en el 2005 y que, por tanto, ésa será la ocasión para negociar otra solución y sobre ella un acuerdo bilateral. No se cuestiona la sostenibilidad global de la financiación estatal, sino que se explica que cualquier eventual solución de futuro pasa por la revisión de la fórmula actual, siempre con la voluntad de acuerdo por las dos partes.
Juan Fernando López Aguilar.
Ministro de Justicia.
Madrid.