Mariano Marzo, catedrático de Recursos Energéticos de la UB
La crisis social y política que asola Bolivia podría tener serias repercusiones en el plano energético, condicionando la estrategia gasista de los países vecinos del Cono Sur y de las petroleras que operan en el país. La aprobación de una nueva ley de Hidrocarburos que sancionará la nacionalización de los recursos de petróleo y gas o, como mínimo, un substancial incremento de las tasas e impuestos aplicables a las compañías extranjeras del sector, parece, hoy por hoy, un desenlace inevitable. Profundamente desilusionados por los resultados de las reformas de corte neoliberal emprendidas en la década de los noventa, los movimientos sociales no parecen dispuestos a ceder ni un ápice en la reconquista por parte del Estado del control de los recursos naturales de Bolivia.
El país andino tiene las séptimas reservas probadas de petróleo de América del Sur, totalizando entre 441 y 486 millones de barriles (el 0,03% mundial). El petróleo que se extrae, 41.000 barriles diarios en el 2003, se dedica en su práctica totalidad al consumo interno, excepto pequeñas cantidades que son exportadas vía oleoducto hacia Chile. Una situación muy distinta a la del gas natural, un recurso en el que Bolivia ocupa, tras Venezuela, el segundo lugar del ranking sudamericano en reservas probadas. Si a éstas, estimadas en 0,8 billones de metros cúbicos (el 0,5% mundial), les sumamos las reservas potenciales, la cifra resultante alcanza los 1,5 billones de metros cúbicos. De esta cantidad, más de un 80% pertenece a tres compañías extranjeras: Petrobras, Repsol-YPF y Total. El consumo interno de gas en Bolivia está experimentando un notable crecimiento, pero dicho consumo apenas representa el 20% del volumen de las exportaciones. Éstas se canalizan mayoritariamente hacia Brasil, aunque Argentina está emergiendo rápidamente como un nuevo mercado. Las posibilidades de incrementar y diversificar las exportaciones en forma de gas natural licuado (GNL) con destino a los mercados de EE.UU. y México recibieron un duro golpe cuando los bolivianos votaron en referéndum que tales exportaciones se realizaran desde un puerto ubicado en Perú y no desde Chile. Esta decisión, contraria a los puntos de vista del consorcio que debía financiar y desarrollar el proyecto, integrado por Repsol-YPF, British Gas y Pan American Energy, contribuyó a aplazar la apertura del mercado del GNL. Un aplazamiento que la actual situación podría convertir en cancelación definitiva.
Frente a la creciente inestabilidad política y social, las petroleras extranjeras que operan en el país han restringido progresivamente sus inversiones, hasta limitarlas al mínimo requerido por las obligaciones contractuales. La recuperación de la inversión requeriría una importante mejora del clima político, algo que no parece viable a corto plazo. Y en este contexto, una de las compañías que más tiene que perder es Repsol-YPF. En su informe de mediados del 2004 a la US Securities and Exchange Commission, la petrolera afirmaba que sus reservas probadas netas en Bolivia ascendían a 1.262 millones de barriles equivalentes de petróleo, lo que a finales del 2003 equivalía al 23%de sus reservas probadas netas totales. Esto significa que si la nueva ley de Hidrocarburos hiciera inviable más inversiones, Repsol-YPF podría verse forzada a una importante revisión a la baja de sus reservas. Además, el país andino ha venido ocupando un lugar destacado en la estrategia gasista para el Cono Sur de la compañía y un periodo prolongado de incertidumbre legal y financiera podría obligarla a buscar una nueva estrategia para su sector de exploración y producción en América Latina.
La agitación en Bolivia también supone importantes quebraderos de cabeza para la planificación del mercado gasista de los dos gigantes del Cono Sur, Brasil y Argentina. En última instancia, los gobiernos de estos países podrían alcanzar algún tipo de acuerdo económico con el de La Paz. Sin embargo, tanto la situación de Argentina, apenas emergiendo de su última crisis, como la de Brasil, con un Gobierno comprometido en mejorar las condiciones de vida de millones de sus ciudadanos, no permiten demasiada flexibilidad por parte de los dos principales clientes del gas boliviano. Por lo que se refiere a Chile, tras los cortes de suministro decididos por Argentina el pasado año, la actual crisis de Bolivia previsiblemente acarreará una decidida apuesta, pese a los elevados costes, por las importaciones de gas natural licuado.
lavanguardia, 11-VI-2005