Los castellano-manchegos, encabezados por sus instituciones y su agricultores, se desgañitan desde hace años pidiendo el fin del trasvase del Tajo. Su argumento principal, repetido una y otra vez, es que este río no puede soportar el volumen de agua que cada año se trasvasa a Levante, una comunidad que por las tierras de Don Quijote es de todo menos amiga. La polémica lleva años y el clima de enfrentamiento ha ido agravándose con el paso del tiempo. Para la mayoría, los murcianos quieren su agua para enriquecerse y es casi unánime la opinión de que la prosperidad de Murcia, con sus amplios regadíos y su turismo masivo levantado a golpe de urbanizaciones y campos de golf, ha sido un lastre para el desarrollo de Castilla-La Mancha. Víctor López, de 32 años y vecino de Ciudad Real, aún recuerda cómo, en la anterior sequía de los años noventa, apenas si podía abrir el grifo de su casa una hora al día, tan duras eran las restricciones, mientras los murcianos lavaban el coche con agua potable a golpe de manguerazo. Y esa imagen, real, perdura.
Pero en esta guerra del agua, como la definió el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, no todo es tan sencillo como parece, ni los que dicen ser los buenos lo son tanto, ni los malos, tampoco, procedan de donde procedan las críticas. El coordinador de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Hernández, insiste en que si en Murcia se han hecho "muchas barbaridades" respecto al agua, en tierras manchegas tampoco se han quedado atrás. "Se ha trabajado mucho a corto plazo, sin visión de futuro, impulsado por subvenciones agrarias", señala.
Ejemplo de ello es la expansión espectacular de las hectáreas de regadíos y de cultivos considerados inapropiados en una zona en la que las lluvias son escasas e irregulares y el sol de verano calienta con ganas. Así se ha pasado en apenas diez años de 338.120 hectáreas de cultivo de regadío a casi 467.000 hectáreas, con un crecimiento muy desigual: mientras Ciudad Real y Albacete incrementaban considerablemente su superficie, en Guadalajara y Cuenca el crecimiento ha sido muy limitado.
Respecto a los cultivos, basta citar el maíz, que sólo en 1999 consumió más de 963 hectómetros cúbicos de agua, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Albacete es la provincia que más hectáreas destina a su cultivo. En 1999 representó el 53% de la producción regional, gracias, fundamentalmente, a la política de subvenciones.
Esta política ha proporcionado a corto y medio plazo pingües beneficios a los agricultores, sobre todo a los grandes propietarios. Prueba de ello es la renta agraria en Castilla-La Mancha, que ha pasado de los 3.840 euros en el 1982 a los 24.600 en 1998, mientras que en el ámbito nacional ha pasado de 4.020 euros en el 82 a los 16.200 en el año 1998.
Pero ni el presente ni el futuro son tan halagüeños, tal como advertían los muchos informes realizados. Uno de ellos, elaborado en el 2002 por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrícolas de la Universidad de Castilla-La Mancha, ya advertía que si los agricultores no se "autolimitaban en sus planes de cultivo para realizar un consumo de agua racional, podrían encontrarse con una involución del regadío al secano", con lo que esto supone de pérdidas económicas.
El problema, a juicio de los ecologistas, es que esta política de expansión agraria tan espectacular se ha hecho en una tierra con graves problemas de agua. Y a falta de agua en superficie, los agricultores empezaron a extraerla sin control de los embalses subterráneos. Y más en concreto, del acuífero 23, situado en La Mancha Oriental y que alimenta, entre otros, al parque nacional de las Tablas de Daimiel y que generaba los antaño famosos Ojos del Guadiana, ambos en Ciudad Real.
Treinta años esquilmando literalmente esa presa subterránea -con una profundidad de 70 metros y 5.500 kilómetros cuadrados-, a través de pozos ilegales, ha terminado por dejar en los huesos a la gallina de los huevos de oro.El acuífero 23 está sobreexplotado, tanto que es preciso llevar agua -un máximo de 30 hectómetros cúbicos- desde el Tajo, a través del río Cigüela, a las Tablas de Daimiel, tal es su estado. De los Ojos del Guadiana ya casi nadie se acuerda. Ecologistas y catedráticos de la Universidad de Castilla-La Mancha reconocen que se necesitarán del orden de 3.000 hectómetros cúbicos de agua para revertir la situación, algo que el Ministerio de Medio Ambiente intentará hacer a través de un plan específico actualmente en estudio.
Pero los cultivos son los cultivos y hay que regarlos. Y los agricultores, aun conscientes de que podían ser multados, han seguido extrayendo más agua de la permitida del acuífero. Las organizaciones agrarias -UPA, Asaja, COAG...- lo justifican en cierta forma: "No tenemos agua para regar nuestros campos", señalan, y vuelven a reiterar su oposición frontal al trasvase Tajo-Segura. De hecho, en la manifestación celebrada el pasado 1 de julio en Ciudad Real, los manifestantes pedían además del fin del citado trasvase que se levantaran las sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana a los que seguían extrayendo agua del acuífero a través de los pozos ilegales detectados.
Los agricultores apoyan incondicionalmente a la Junta de Castilla-La Mancha en su pelea por el fin del trasvase, pero sólo del fin de ese trasvase, ya que hay un compromiso legal con Medio Ambiente de que las aguas del Tajo serán trasvasadas a La Mancha Oriental.
Los ecologistas se preguntan si cuando el Tajo deje de regar el Levante y empiece a regar Ciudad Real los que ahora defienden el río lo seguirán haciendo.
La tristeza va envolviendo el espíritu a medida que el conductor se adentra en la Alcarria camino de los dos grandes embalses que recogen el agua de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía. El polvo ensucia los matorrales y árboles de la zona, el mismo polvo que levantan los tractores cuando intentan horadar la tierra y prepararla para los próximos cultivos. El esfuerzo es baldío, tal es el estado en que se encuentran unos campos que este año, a consecuencia de la sequía, apenas si han dejado que los cereales crezcan un palmo. Y este es el sustento de una buena parte de los habitantes de la treintena de municipios ubicados en las proximidades de lo que se ha dado en llamar pomposamente el mar de Castilla. Pero el problema no es el estado que hoy tienen esas tierras, el problema está en que esta zona no tiene literalmente agua pese a vivir junto al Tajo. Tan poca agua tienen que ese preciado líquido debe ser transportado en camiones cisternas, algo que ocurre cada verano aún cuando el año haya sido generoso en lluvias.
Todas las instituciones y organismos, desde el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Castilla-La Mancha hasta los agricultores y los ecologistas, reconocen que la situación de los municipios de la cabecera del Tajo es insostenible, palabra que en los oídos de esta gente suena vacía de contenido. ¿Por qué? La respuesta la da Manuel, vecino de fin de semana de Aullón: "En la década de los 80 también la pronunciaban los políticos, pero no se hizo nada. Y esa desidia nos obligó a la mayoría de los vecinos de por aquí a marcharnos a Madrid o a Catalunya en busca de trabajo. Y veinte años después, siguen diciendo que la situación es insostenible mientras la Diputación de Guadalajara sigue trayéndonos agua en camiones".
¿Cómo puede ser que los municipios de la cabecera del Tajo, el único río de España que da agua a tres comunidades -Murcia, Valencia y Andalucía- no tenga ni siquiera agua para beber? La respuesta la tienen clara los habitantes de Sacedón, Buendía,Tabladillo, Cogolludo, Pareja…. "Por dejadez política y porque no interesamos a nadie", explica Vicente Obispo, alcalde de Buendía y presidente de la asociación de municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía. "Todo el mundo se ha preocupado de llevar agua a Murcia para favorecer su expansión económica, dejando de lado a Castilla-La Mancha y, más en concreto, a los pueblos que pese a que tenemos el río a nuestros pies ni siquiera podemos usarlo".
El problema de la cabecera del Tajo es que no tiene la infraestructura necesaria para llevar el agua del río a los municipios. "Sí hubo dinero para llevarlo hasta Murcia pero no para llevarlo a los pueblos próximos", señala Obispo. Las consecuencias no se hicieron esperar: "Despoblamiento, población envejecida y pocas perspectivas de desarrollo", señala Miguel Ángel Hernández Soria, coordinador de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha. En el polo opuesto se observa el crecimiento del Levante desde que en 1983 se puso en marcha de manera efectiva el trasvase: crecimiento de la población e incremento de la renta económica. Así, mientras en el año 1965 el porcentaje de renta sobre el total nacional de Murcia era del 1,86%, ahora supera el 2,35%. En Guadalajara, sin embargo, tanto en el año 65 como ahora la renta supone sólo el 0,40% del total nacional, según datos de la organización ecologista. Y todo ello, pese a que existe la norma legal que señala que la cuenca cedente no puede verse afectada por el trasvase.
La indignación de los habitantes de la zona de Entrepeñas y Buendía es más que manifiesta. Y no es de ahora. En cualquier pared, incluidos los muros de los embalses, se ven pintadas históricas contra el trasvase, renovadas año a año sin éxito. "Es muy triste ver cómo tu pueblo se muere literalmente de sed mientras los del Levante usan el agua para regar unos campos que cada año suman más hectáreas, y para derrocharla en campos de golf, urbanizaciones por doquier, parques temáticos y para lavar sus coches…Y nosotros, mientras tanto, con camiones cisterna y tierras muertas", señala Obispo, quien "exige" el derecho de estos pueblos a sobrevivir.Yesa supervivencia depende por completo del agua.
Los alcaldes de los pueblos de la cabecera del Tajo piden su oportunidad de desarrollarse, algo que podría ser una realidad con el turismo. Situados a poco más de una hora de Madrid, ubicados en el corazón verde de la Alcarria, creen que podrían convertirse en una "muy buena opción" de descanso para los inquietos madrileños, máxime cuando la sierra de esta comunidad está sobresaturada. "¿Por qué se permite el despegue de Murcia como zona turística y no el de la cabecera del Tajo?", preguntan los vecinos. No hay respuesta, como tampoco la ha habido de adónde han ido a parar las compensaciones económicas que los usuarios del agua trasvasada deben dar a la cuenca del Tajo y que, según la ley, han de ir destinadas a financiar obras hidráulicas en la cuenca cedente, recuerda Miguel Ángel Hernández.
Según este ecologista, en el tiempo que lleva funcionando el trasvase se han aportado a este fondo unos 162 millones, que se reparten entre las regiones de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Castilla-La Mancha ha recibido sólo 72 millones, dinero que recibe directamente la Junta y que, según los alcaldes y la asociación ecologista, se han incluido en los presupuestos para "fines diversos. En esos fines no se encontraban la mejora del abastecimiento en la cabecera del Tajo. Nunca hemos recibido contraprestación alguna", señalan los alcaldes.
Mientras que una parte de España se tira los trastos a la cabeza por saber de quién es el agua, la preocupación de los pueblos próximos a Entrepeñas y Buendía se centra día a día en si van a tener agua para beber. Cuando Castilla-La Mancha y el Levante discuten sobre el significado del término solidaridad, municipios como Tabladillo, Pareja, Sacedón, Cogolludo y Alcolea del Pinar esperan como agua de mayo el camión cisterna con entre 100.000 y 200.000 litros de agua para aliviar la sed y el calor. Ya ni siquiera se quejan de que el agua pasa por su lado sin que la puedan tocar.
Celeste López, La Vanguardia, 14-VII-05.