Rafael Vilasanjuán, director general de Médicos sin Fronteras en España
El silencio empieza en el largo camino que varios miembros de una familia campesina de desplazados tienen que recorrer, huyendo del conflicto que asuela Colombia. Se agiganta cuando esta familia atraviesa las zonas donde se enfrentan los grupos armados, sufriendo la misma serie de abusos por parte de unos y otros. Continúa al llegar a cualquiera de los suburbios de las grandes ciudades, donde se han de cuidar de los recelos y amenazas; y se prolonga cuando estas personas se ocultan y no se identifican, cuando no quieren decir que son desplazados porque eso los expone a un peligro para el que no se les otorga protección. Y el silencio se hace insoportable cuando, ante las enfermedades causadas por la pobreza, se les deja sin una respuesta adecuada en los centros de salud del Estado.
El mismo silenciamiento se cierne sobre la otra parte de la familia, la que quedó junto a esas numerosas poblaciones que permanecen bloqueadas entre las partes en conflicto, las cuales les imponen restricciones de movilidad y les obligan a padecer la falta de acceso a todo tipo de servicios. Al personal de salud no se le permite llegar a esas comunidades y, si alguien trata de trasladarse al centro más cercano, lo tendrá que hacer exponiéndose a la mira de los fusiles o a ser detenidos, o a no regresar nunca. No están asediados sólo por los grupos armados, sino por enfermedades fácilmente curables. Para ellos no hay titulares en los medios ni acciones prioritarias del Gobierno. Un silencio insoportable en un país de 42 millones de personas de los que se estima que más de 3 millones son desplazados. Los equipos sanitarios de Médicos sin Fronteras (MSF) son testigos diariamente de esta enorme crisis humanitaria, la mayor del hemisferio occidental, comparable con las de la República Democrática de Congo o Sudán.
Los contrastes hieren cualquier sensibilidad. Bogotá está llena de clínicas de cirugía estética y con centros médicos y recursos humanos altamente cualificados. Sin embargo, el sufrimiento de la población civil por el conflicto hace que familias enteras se desplacen constantemente desde zonas rurales hacia los suburbios de las grandes ciudades.
En Soacha, por ejemplo, se registró la mitad de los casos de hepatitis de todo el país y las tasas de malnutrición son cuatro veces superior a la media nacional. A todo ello hay que sumarle los trastornos psicológicos causadas por la violencia (estrés postraumático, ansiedad, depresión, intentos de suicidio o insomnio), que van en aumento debido a la incertidumbre y la desprotección. Estas víctimas han sido espectadores de masacres, de retenciones, de desapariciones de familiares o vecinos, de asedios por parte de los diferentes grupos armados del conflicto; han tenido que pagar cuotas de dinero y propiedades, y en algunos casos, han huido de sus lugares para evitar el reclutamiento de sus hijos.
Mientras la asistencia que el Estado brinda a las víctimas exista más sobre el papel que en la realidad y no se provean los recursos suficientes para hacer llegar la ayuda en salud ni a una mínima parte de la población que la necesita urgentemente; mientras las partes en conflicto y la Administración no eviten o prevengan las causas que provocan el desplazamiento forzado y respeten el Derecho Internacional Humanitario, seguirán en aumento las víctimas directas del conflicto.
Se hace imposible entender que en las agendas y en los encuentros internacionales con Colombia no se le dé la máxima prioridad a la implementación de acciones para la atención a las víctimas directas del conflicto. No es comprensible que se siga siendo cómplice del silencio atroz sobre la vida y la muerte de miles de personas en Colombia.
lavanguardia, 10-IX-05