"Estado de taifas", F. Ónega

Ya no quedan territorios libres de confrontación. El enfrentamiento es total entre los grandes partidos, sus líderes y, ahora, las instituciones. ¿También las instituciones? Sí, señor: hasta la justicia acaba de entrar en guerra con el Parlamento, y viceversa, en un conflicto fronterizo, donde el Poder Judicial entiende que insolentes diputados quieren invadir su soberanía, y el presidente del Supremo defiende su fortín bajo el grito de que los invasores pretenden acabar con su independencia.

Me refiero, como pueden adivinar, a la negativa de don Francisco José Hernando a acudir al Congreso a informar de "la aplicación de la ley en el cumplimiento de la ley por delitos de terrorismo". Asunto sensible, vive Dios. Polémica petición y negativa que desentierra todos los fantasmas nacionales. Ayer circuló incluso la versión de que el PSOE quería hacerle un guiño al mundo etarra, como diciéndole que la mayoría socialista y sus socios no están de acuerdo con el cambio de doctrina del Supremo, que impide la excarcelación próxima de sanguinarios terroristas.

Fue el último acontecimiento de un conflicto largo y con multitud de ramificaciones. Los ataques y operaciones de castigo entre poder político y judicial se suceden con frecuencia ya inquietante. Un día es el Poder Judicial el que descalifica el Estatut de Catalunya, y los políticos lo consideran una agresión. Otro día, quienes se consideran agredidos son los jueces, que ven en la reforma judicial que se prepara un ataque en toda regla al poderío del Tribunal Supremo. Y en medio aparecen, cómo no, las infiltraciones políticas: siempre de un lado, el Partido Socialista y aliados; siempre del otro, el Partido Popular y sus soledades parlamentarias.

En el caso de la negativa del señor Hernando, llevé a cabo una prueba. Pedí su opinión a un acreditado jurista con fama de conservador, y su criterio es firme: el Congreso no es quien para llamar al Poder Judicial. El principio de la división de poderes no permite que el Legislativo tenga más autoridad que el Judicial. Pero pedí opinión a otro no menos acreditado jurista, pero próximo al Partido Socialista, y opina lo contrario: el Congreso tiene todo el derecho a solicitar información a quien sea. Una vez más, el partidismo se opone al examen sereno de un conflicto. Exactamente igual que la relación existente entre fuerzas políticas. Aquí no se salva nadie.

Con ello, la conclusión es bastante elemental: legalmente, nadie puede, en efecto, exigir la comparecencia de Hernando. Pero, si hubiera un clima mínimo de colaboración entre instituciones, tampoco hay nada que impida al señor Hernando acudir al Congreso, sin necesidad de insinuar eso tan español de "usted no sabe con quién está hablando". Se ha llegado a tal tensión, que pedir una información no es un derecho, sino una humillación al convocado. Ala inversa, facilitar esa información no se entiende como un acto de generosidad ni una cortesía institucional, sino una rendición ante quienes, presuntamente, buscan controlar la Justicia.

Este tipo de peleas en las alturas no afectan, gracias a Dios, a la vida del ciudadano. Pero demuestran cómo se llevan los asuntos públicos en este país: a golpe de recelos. Es bochornoso que Zapatero no informe a Rajoy de la política antiterrorista por desconfianza. Ahora la justicia no informa al Congreso por miedo a que sea un control. Desolador panorama. Esto no parece un Estado. Hay zonas de ese Estado que se han convertido en taifas, donde, por no quedar, ya no queda ni la cooperación.

lavanguardia, 9-III-06