La ley de Amnistía (1977) concedió la libertad a los presos políticos antifranquistas y, a su vez, la impunidad a las autoridades franquistas. Han tenido que pasar treinta años para que se apruebe la ley de la Memoria (2007) que restituye la dignidad de las víctimas. No obstante, según la mayoría de asociaciones de la Memoria Histórica, todavía quedan cuestiones pendientes, como la anulación de las sentencias represoras y la asunción por parte del estado de su responsabilidad en las desapariciones forzadas. ¿Hasta cuando la impunidad total?
Carlos Jiménez Villarejo es uno de los juristas españoles que más ha reflexionado y actuado sobre ello. En 1973 fue trasladado forzoso desde la Fiscalía de Barcelona a la de Huesca por haber pedido el procesamiento del Jefe de la Brigada Político Social de Manresa por un delito de detención ilegal. Fue Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona (1987) y Jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción (1995), cesado por el gobierno del Partido Popular en el 2003. Participó como asesor de IU-ICV en la elaboración de la ley de la Memoria.
¿Las bases jurídicas que se establecieron en la transición eran insuficientes?
Fue un momento muy difícil de nuestra historia, en parte controlado por los aperturistas del fraquismo. Este control determinó un pacto implícito de no exigir ninguna responsabilidad penal por los delitos cometidos por los responsables políticos y ejecutores de la represión franquista. Este pacto de silencio se reflejó en la ley de Amnistía del 1977. Una ley que, por una parte daba satisfacción a las reivindicaciones democráticas, liberándose a muchos presos políticos antifranquistas. Pero, además, contenía una expresa declaración de impunidad de quienes, desde la dictadura, cometieron delitos gravísimos por los que nunca fueron juzgados. Con una particularidad. Para evitar cualquier posibilidad de que fueran perseguidos se acordó su amnistía por los delitos "que pudieran haber cometido". Fue nuestra ley de punto final.
¿Amnistiar delitos contra los derechos de las personas no entraba en contradicción con el Derecho Internacional?
En aquel momento, como ya he dicho, nadie, desde ninguna formación política democrática, planteó la persecución penal de los numerosos delitos cometidos por el franquismo. Era dudoso que pudiera llevarse a los tribunales - habría que preguntarse a qué tribunales- el delito de genocidio que se había incorporado al Código Penal en 1971, pero desde luego podían haberse perseguido las detenciones ilegales, lesiones, asesinatos, prevaricaciones judiciales y administrativas, etcétera... cometidas desde el golpe militar y, sobre todo, desde 1939, en cuanto habían constituido el soporte esencial de la dictadura. Así lo exigía también el Derecho Penal Internacional consuetudinario y los acuerdos posteriores al fin de la Guerra Mundial. Pero resultó imposible.
¿La transición fue, pues, un pacto político en detrimento de la justicia y los derechos de las víctimas?
Ciertamente, entre otros efectos muy positivos para el proceso democrático, las víctimas de la dictadura quedaron olvidadas. Víctimas que llegaron a alcanzar cifras aterradoras, propias de una conducta genocida. Así, según datos oficiales del régimen, en enero de 1940 había en España 270.719 presos políticos, y desde abril de 1939 al 30 de junio de 1944, murieron en las cárceles franquistas 192.684 personas, estadística, desde luego parcial, que no distinguía entre los fusilados y las muertes causadas por las condiciones higiénicas y sanitarias de las prisiones. Aplicaron una política de exterminio a la disidencia política. Acompañada de destierros, confinamientos, sanciones económicas, depuraciones profesionales, que llevaron a la ruina a muchas familias.
Y la transición, con la ley de Amnistía, lo ignoró. ¿Era posible no haber aceptado la impunidad?
Esta es la gran pregunta que deberíamos habernos hecho todos y no lo hicimos. Tras cuarenta años de dictadura, la necesidad de abrir una puerta a la democracia era tan profunda que yo creo que casi todos, incluso los que más habían sufrido la represión, prefirieron un prudente silencio en la convicción de que era una condición necesaria para el tránsito a un régimen de libertades.
¿Hubo miedo?
Miedo ha habido hasta hace poco. En algunas zonas rurales aún cuesta hablar de aquel pasado. Pero tampoco puede desconocerse que mandos significativos del ejército, con posiciones abiertamente antidemocráticas, mantenían una amenaza golpista que, de forma especialmente grave, se materializó en 1981.
La transición estuvo muy condicionada. Por tanto, no fue modélica como reiteran sus protagonistas políticos.
Yo creo que no fue modélica. Los demócratas se vieron forzados a hacer importantes concesiones a la derecha franquista moderada por las razones expuestas.
¿La impunidad de los funcionarios y autoridades es extensible al Estado?
El estado no delinque, lo hacen sus autoridades y funcionarios. Una expresión evidente de esa impunidad fue la tortura. Era una parte esencial de la estrategia para el atemorizamiento de la oposición. Fue un instrumento brutal contra la disidencia. La practicaban grupos especializados de las Fuerzas de Seguridad - valga, entre otras, la cita de Antonio Juan Creix- siempre con el conocimiento y la aquiescencia de todos sus superiores, hasta el más alto cargo del ministerio de Gobernación. La policía torturaba con garantía de impunidad. Prueba de ello es que el delito de tortura no se incorpora al Código Penal hasta 1978.
¿Qué consecuencias morales y políticas provocó la impunidad policial? Hubo también manga ancha con la extrema derecha.
Cuando se declara impune a un delicuente, como hizo la ley de Amnistía, se le estaba reconociendo un mérito: haber sido un servidor eficaz de la dictadura. Esto es muy grave. Gran parte de ellos, sino todos, continuaron prestando servicios en sus respectivos cuerpos, cuando no ascendidos y hasta condecorados. Fue una imperfección más de la transición, un factor que debilitó la democracia y estimuló el golpismo. Y, con toda seguridad, envalentonó y dio soporte a la extrema derecha y a sus continuos desmanes durante aquel período.
¿Y los magistrados del Tribunal de Orden Público?
Pese a formar parte de un Tribunal represivo de los derechos humanos, por fin así reconocido en la ley de la Memoria, todos continuaron desempeñando la función judicial en la Audiencia Nacional u otros tribunales. No se les incoó ningún expediente. Nadie les exigió ninguna responsabilidad. Pero igual ocurrió con los militares que integraron los consejos de guerra que dictaron tantas y tantas sentencias viciadas por su origen subversivo y por los vicios radicales de fondo y forma. No lo olvidemos. Cuando hablan de transición modélica, yo pienso, ¿modélica en qué? Conseguir la democracia tuvo un coste muy grande, pasar la página de la dictadura como si no hubiera pasado nada.
Treinta años después, se aprueba la ley de la Memoria, que ha sido criticada por tímida e insuficiente, ¿le satisface el resultado?
Se avanzó todo lo que permitía la composición política del Parlamento. Yo creo que en ésta legislatura no se hubiera aprobado la ley actual. Ni se hubiera planteado. En primer lugar, debe reconocerse que la ley 52/ 2007 es el fruto principal de la presión ciudadana, expresada a través del movimiento memorialístico, que obligó al Gobierno a plantearse definitivamente una ley que abordara la respuesta política ante el franquismo y otras cuestiones fundamentales como el tratamiento de las fosas donde fueron arrojados muchos miles de represaliados desaparecidos. Pero también las mociones parlamentarias reclamando la anulación de las sentencias represoras y, desde luego, el dictamen del Consejo de Europa que denunció abiertamente el franquismo. En un principio, el proyecto de ley que el Gobierno envió a las Cortes era tibio y cobarde pero, finalmente, estamos ante un texto mucho más digno y satisfactorio de lo que algunos críticos mantienen. Es una ley que, con todas las insuficiencias que puedan atribuírsele, repara satisfactoriamente los atropellos que acabamos de describir.
¿Qué queda pendiente, para usted?
Dos cuestiones esenciales, la creación de una Comisión Nacional de Investigación de los crímenes de la dictadura, solicitada por el Consejo de Europa, y una plena reconversión del Valle de los Caídos hacia un Memorial de la Libertad. Y, ya en el desarrollo de la ley, que el ministro de Justicia y el Fiscal General del Estado cumplan con su deber, planteando de oficio y de forma generalizada los recursos de revisión de las sentencias declaradas ilegales e ilegítimas, comenzando sin más demora por la que condenó al president Companys. En otro orden de cosas, urge también que el Juez Central n º 5 de la Audiencia Nacional resuelva sobre diversas denuncias presentadas por asociaciones de la Memoria Histórica sobre varios supuestos de desapariciones forzadas.
¿En qué punto está el proceso?
El fiscal de la Audiencia Nacional, un año después de las primeras denuncias, ha emitido un informe erróneo. Por una parte elude abordar el núcleo de las mismas, que son las desapariciones. Y, además, sostiene que, en todo caso, las conductas denunciadas no son competencia de la Audiencia Nacional No valora que, cualquiera que fuese la calificación penal que mereciesen dichas conductas, las detenciones ilegales y los presuntos asesinatos se produjeron, como ha mantenido el Tribunal Supremo en el caso Scilingo, en el "contexto de crímenes contra la Humanidad", por haberse llevado a cabo desde las estructuras del Estado con una violación masiva de los derechos humanos.
¿Por qué no se ha conseguido la nulidad de las sentencias políticas y, a cambio, se introduce el concepto de ´ilegitimidad´ de los tribunales? Si eran ilegítimos, las sentencias no son válidas. ¿Por qué no se anulan y así evitan que los familiares deban seguir pidiendo revisiones de procesos?
El texto de la ley, tal como está, entraña una implícita nulidad de todas esas resoluciones judiciales. Es un avance indiscutible. Además, no creo que las familias tengan que ir a pedir la nulidad definitiva de las sentencias. Es el gran reto que, como ya he expuesto, tiene planteado el ministro de Justicia y el Fiscal General del Estado. En cualquier caso, proclamar legalmente que todo el aparato represor de la dictadura, incluido el TOP, es "contrario a derecho" porque viola derechos fundamentales de las personas y que todas sus sanciones y sentencias padecen "vicios de forma y fondo" que las convierten en ilegítimas, representa un salto cualitativo en el tratamiento que la democracia había hecho del franquismo. En este sentido, estimo que la ley presenta claros elementos de ruptura con el régimen anterior.
Y la ley, ¿por qué no pudo entonces conseguir la anulación de las sentencias?
El PSOE no se atrevió a dar este paso invocando, injustificadamente, el principio de seguridad jurídica. Y es posible que también contemplase con preocupación, también injustificada, las consecuencias económicas de esa decisión. Argumentos insostenibles. Pero la mayoría parlamentaria era la que era y, finalmente, quien verdaderamente cedió desde sus posiciones iniciales hasta alcanzar la ley aprobada fue la mayoría socialista.
¿Por qué en España el proceso de reparación de las víctimas y la lucha contra la impunidad ha sido, y es, tan largo y dificil, en comparación con Chile y Argentina?
No es comparable. La masacre de aquí fue de mucho mayor alcance. Pero pasados los primeros momentos tras la derrota militar del nazismo, la comunidad internacional aceptó plenamente el régimen de Franco. Y, además, hubo una parte de nuestra sociedad complaciente con el franquismo; todo ello favoreció su permanencia durante casi cuarenta años. No lo olvidemos. Lo nuestro es mucho más complejo. Por eso ha sido tan difícil.
4-VI-08, entrevista de X. Montanyà, culturas/lavanguardia