Puede que haya llegado el canto de cisne del presidente pakistaní Pervez Musharraf. La coalición gubernamental, enemiga política del presidente, anunció ayer el "inmediato" inicio de un proceso para destituirlo.
En el origen de esta decisión aparecen dos personalidades políticas hoy esenciales en Pakistán. El primero, Asif Ali Zardari, es el viudo de Benazir Bhutto - asesinada el pasado diciembre- y líder del Partido Popular de Pakistán (PPP). El segundo es el ex primer ministro Nawaz Sharif, derrocado por el golpe de Estado del general Musharraf en 1999.
Según Zardari, la destitución es "imperativa" porque la "incompetencia" de Musharraf "ha debilitado el país". Añadió que sería una "buena noticia para la democracia", ya que Musharraf llegó al poder por la fuerza hace ocho años y fue reelegido de manera controvertida en octubre pasado. Desde entonces cohabita con tirantez en el poder con la Liga musulmana del Pakistan-Nawz (antigua oposición) de Sharif y el PPP de Bhutto, que vencieron a sus aliados en las últimas legislativas.
Además, desde que en el 2007 cedió el control del poderoso ejército (que tutela el país desde su independencia hace 61 años), ya no goza del mismo carisma dentro de Pakistán y su posición se ha fragilizado mucho.
La voluntad de destituir al presidente ahora se explica por dos factores. Una "inflación galopante", como la describió Tariq Azeem, portavoz del mayor partido pro Musharraf, especialmente en el precio de los alimentos, y las violencias islamistas en la frontera con Afganistán. Zardari añadió que "las políticas económicas emprendidas por el general Musharraf durante estos últimos ocho años han llevado a Pakistán al borde de un impasse económico crítico". Con este magro cuadro, Zardari es "optimista" sobre el resultado del proceso que está a punto de arrancar esta semana: "Estoy seguro de que obtendremos un 90% de los votos".
Para destituir al presidente, la legislación pakistaní estipula que se tienen que lograr dos tercios de los votos en la Asamblea Nacional y en el Senado, las dos Cámaras del Parlamento. El primer paso es someter el acto de acusación al voto del Parlamento. El presidente de la Asamblea Nacional informará entonces al jefe de Estado y le ofrecerá la posibilidad de defenderse. Aunque esta Asamblea esté en periodo vacacional, el proceso puede ser iniciado o por el Senado o por una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, que podría ser convocada el próximo lunes. La coalición gubernamental goza de una mayoría confortable en la Asamblea Nacional, pero el presidente dispone del apoyo de casi mitad de los escaños del Senado.
Para su defensa, el presidente Musharraf "tiene derecho a disolver la Asamblea y también a declarar un nuevo Estado de excepción", indicó una fuente cercana de la jefatura de Estado.
"Si lo hace, será su último veredicto contra la democracia, contra el mandato del pueblo y contra Pakistán", sentenció Sharif. El antiguo primer ministro añadió con contundencia que "Pakistán no puede ver descarrilar su democracia. El pueblo no aguantará más".
A pesar de su impopularidad, Musharraf ha conseguido, hasta ahora, resistir a todas las peticiones para que arroje la toalla. Además, ha afirmado siempre que llevará a cabo su mandato de cinco años y que preferiría dimitir antes que ser destituido. La respuesta del ejército a la perspectiva de ver caer humillado a su antiguo jefe es ahora crucial.
El pasado martes, Pervez Musharraf no tenía previsto viajar a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos por temor a ser destituido durante sus dos días de ausencia, del 8 al 10 de este mes. Un día después, el miércoles, se comunicó que sí asistiría; el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní comunicó que el aún presidente había decidido finalmente estar presente en el acto debido a las relaciones "especiales" que mantienen Islamabad y Pekín. Pero el anuncio, ayer, del inicio inmediato de un proceso para su destitución le ha obligado a tomar una decisión definitiva: no irá a Pekín.
8-VIII-08, afp/ap/reuters, lavanguardia