Las reuniones del domingo por la noche en Washington han dado lugar a anuncios sorprendentes: Bear Stearns ha sido rescatada por la Fed por 30.000 millones de dólares (20.500 millones de euros) y regalada a JPM Chase, Lehman Brothers se ha declarado en bancarrota y ahora Goldman Sachs y Morgan Stanley cambian de categoría y se han convertido en bancos de barrio, recibiendo todos los beneficios de los capitales de emergencia.
Pero los cambios en Wall Street no han acabado. Ni los rescates del Gobierno. En caso de aprobarse la petición de 700.000 millones de dólares (475.000 millones de euros) realizada por Henry Paulson, secretario del Tesoro, el rescate gubernamental de Wall Street y las entidades financieras, como Fannie Mae y Freddie Mac, ascenderá a 1,25 billones de dólares (855.000 millones de euros). Sin embargo, leyendo la letra pequeña, esos 700.000 millones son sólo para una compra; si el Gobierno compra 700.000 millones de activos cuyo valor se reduce a cero, no es inconcebible que compren otros 700.000 millones más.
Según Paulson, este último plan que el Congreso está debatiendo constituye "una acción decisiva para encarar fundamental y globalmente la causa básica de nuestro sistema financiero". No es así. Y ello porque su persistente énfasis en los activos hipotecarios no líquidos y la "corrección inmobiliaria", como la llama, no es el problema. Es sólo el detonante que ha sacado a la luz la podredumbre sistémica, las actividades sobreapalancadas y temerarias que caracterizan nuestro sistema financiero.
Por lo tanto, echar la culpa a los préstamos irresponsables es una forma hábil de soslayar la profunda falta de regulación del sector. Si el sector fuera más transparente y estuviera menos apalancado, una corrección en el ámbito inmobiliario no habría hecho caer a tres grandes bancos de inversión. No habría conllevado la decisión de convertir los dos que quedaban, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en bancos comerciales con el fin de conseguir un mayor acceso al capital que desesperadamente necesitan recurriendo a los depósitos de los ciudadanos y a la ventanilla de descuento de emergencia de la Reserva Federal, el banco emisor norteamericano.
Que esas dos entidades presenten esa solicitud como una petición de regulación no deja de ser una broma, porque en realidad se trata de una petición de dinero.
Sí, necesitamos unas prácticas prestatarias más estrictas en lugar de esas que han contribuido a que cinco millones de propietarios de casas se enfrenten a moras y ejecuciones de embargo. Ahora bien, también necesitamos reestructurar Wall Street, pero no creando entidades más grandes y menos transparente, sino entidades más pequeñas, cuyos riesgos estén claros.
Resulta fascinante la partida de ajedrez que se juega en Wall Street. El viernes, Kenneth Lewis, presidente de Bank of America, pidió una mayor supervisión de los bancos de inversión - en especial, de Goldman Sachs y Morgan Stanley (los que quedan)- después de haber pagado 50.000 millones de dólares (34.200 millones de euros) por la compra del que había llegado a ser el tercer mayor del sector, Merrill Lynch. Desde luego, Lewis se estaba posicionando para que su institución consiguiera el dominio de todo el terreno de juego en el caso de que Goldman y Morgan se quedaran sin capitales.
Entonces apareció la carta del triunfo. Durante el fin de semana, esos dos bancos decidieron ser como Bank of America/ Merrill Lynch: transformarse en holdings bancarios que serían tratadas como bancos comerciales por la ventanilla de compras de la Reserva Federal y jugar en el campo de Lewis, siendo capaces de comprar otros bancos, incluso de comprarse el uno al otro.
Mientras tanto, los demócratas del Congreso quieren más límites al paquete de rescate de Paulson, como una supervisión independiente del fondo que comprará los activos tóxicos de los bancos, un límite a la compensación de los ejecutivos y más ayuda a los prestatarios.
Además, quieren que el Tesoro avance en la reducción de las ejecuciones obligando a los prestamistas a reestructurar las hipotecas y perdonar cierta cantidad de deuda. Ese sería un mejor uso de los 700.000 millones de dólares que usarlos sin más para "desatascar" (como dijo Paulson) las cañerías de Wall Street.
Lo que falta son exigencias de que todas las instituciones financieras cuantifiquen el verdadero valor de sus pérdidas y de que vuelva a regularse todo el sector. Un principio sería regular el mercado de derivados OTC (negociados en privado entre instituciones financieras y de otros tipos), cuya magnitud supera los 65 billones de dólares (44,4 billones de euros). Por el momento, sólo los bancos comerciales presentan informes de riesgo a la Oficina de Supervisión de la Moneda. Es de suponer que Goldman y Morgan tendrán que compartir sus posiciones, pero quién sabe cuánto tiempo pasará hasta que eso ocurra.
La ley de Modernización de Futuros en Commodities (materias primas) del 2000, promovida por Phil Gramm, antiguo presidente del Comité Bancario del Senado y senador por Texas (y quien más tarde se convirtió en asesor económico de John Mc-Cain), desreguló esos derivados que se entrecruzan con los respaldados por hipotecas y exigen una estabilidad de la fortaleza crediticia de la institución financiera que comercia con ellos (AIG es ejemplo de una de esas instituciones que no actuaron de ese modo y ya sabemos cómo ha acabado).
Además, la revocación por parte de republicanos y demócratas de la ley Glass-Steagall - dirigida por el republicano Gramm, alentado por Robert Rubin, antiguo secretario del Tesoro del presidente Clinton, y firmada por Clinton- hizo posible que los bancos de inversión, las aseguradoras y los bancos comerciales se fusionaran sin exigencia de una mayor regulación. El desbarajuste actual es un resultado directo de esas dos acciones; las crisis del mercado inmobiliario y de las subprime son sólo el detonante.
El Congreso debería hacer dos cosas. Primero, ponerse al día en lo referente a las finanzas: aprender qué es una obligación de deuda colateralizada (presentada con una garantía) y un derivado de crédito con objeto de poder entender el riesgo en que han incurrido y estar así mejor posicionados para valorar el plan de Paulson. A continuación, tiene que regular los derivados de crédito y el sector bancario.
Se tardarán meses en descifrar el goliat Bank of America/ Merrill Lynch. La compra por Goldman y Morgan Stanley de agentes bancarios más pequeños (cosa que sucederá) no hará más que añadir oscuridad. Nada de todo esto estabiliza el sistema financiero norteamericano. Al contrario, crea un mayor problema que tendrá que resolverse más adelante, con otra fase de gran tribulación de la economía general y el mayor lastre de una deuda del Tesoro que pronto ascenderá a la pasmosa cifra de 11,31 billones de dólares (7,7 billones de euros), que pesará a la baja sobre la cotización del dólar y, posiblemente, la clasificación de solvencia de los bonos del Tesoro de EE. UU.
De todos modos, si hubiera en Washington alguien que mostrara seriedad a la hora de resolver los problemas creados por Wall Street, examinaría y eliminaría las verdaderas causas, no el mensajero. Los demócratas quieren limitar las remuneraciones de los ejecutivos financieros. La propuesta suena bastante populista en periodo electoral y no arreglará el problema; aunque sí ayudaría cambiar la estructura impositiva de opciones y pagas diferidas. Desde luego, lo que no hay que hacer es dejar que Paulson se acerque a la gestión del fondo de compra; y, francamente, no habría que aprobarlo. Sin embargo, eso parece requerir una comprensión mucho más amplia y profunda de los complejos y entrecruzados mercados hipotecario y crediticio de la que parece hacer gala el Congreso. Mientras tanto, quedamos a la espera de más fusiones bancarias y más volatilidad.
24-IX-08, Nomi Prins, lavanguardia