El 10 de octubre se celebra el Día Internacional Contra la Pena de Muerte, una ocasión para organizar iniciativas para reafirmar la moratoria universal de las ejecuciones capitales aprobada por las Naciones Unidas el 18 de diciembre pasado e instar a la Asamblea General reunida en Nueva York a asegurar su aplicación.
Inmediatamente después de la histórica aprobación de la resolución, los escépticos de turno se empeñaron en tratar de menospreciar su valor y su alcance, afirmando que "no cambia nada" y que "carece de valor jurídico vinculante para los Estados".Es obvio que las Naciones Unidas no pueden imponer a ningún Estado miembro, esgrimiendo una resolución de la Asamblea General, que sancione la abolición de la pena de muerte.
Pero es innegable el valor moral y de orientación política en relación a los Estados mantenedores de la pena de muerte. Las Naciones Unidas han establecido, por primera vez, que la cuestión afecta la esfera de los derechos de las personas y por lo tanto no está confinada al ámbito de la justicia interna. El establecimiento de este principio ha colocado el problema en una visual completamente diferente.
Precisamente por ello, bastó el anuncio del debate sobre la iniciativa en Nueva York para provocar el año pasado numerosos desarrollos positivos, seguidos por otros en el curso de este año, como ha sido documentado en el Informe 2008 de la asociación radical Que Nadie Toque a Caín y en el informe del Secretario General de la ONU consignado recientemente a la Asamblea General.
Por ejemplo, entre el año pasado y los primeros meses del 2008, las condenas a muerte dispuestas por los tribunales de China dismuniyeron en 30%, gracias también a la reforma de enero del 2007 que otorgó a la Corte Suprema la facultad exclusiva de aprobar las sentencias.
Cuba ha conmutado todas las sentencias a muerte y lo mismo ha decidido Pakistán a favor de los prisioneros de uno de los brazos de la muerte más poblados del mundo. Se trata de hechos que, si bien no presagian la pronta abolición de la pena de muerte, avanzan en la dirección indicada en la resolución de las Naciones Unidas.
En la Unión Europea uno de los aspectos puntos debatidos ha sido el de la estrategia para llegar a la abolición de la pena de muerte. El año pasado el gobierno italiano ha debido insistir mucho para convencer a sus socios europeos de que la resolución debía reclamar la moratoria y no la abolición. La opción por la moratoria señala no sólo un objetivo -una especie de tregua en la práctica de la pena de muerte- sino también un método más democrático, liberal y no autoritario de lucha contra la penalidad, cuya eliminación presupone el respeto de las reglas y de los tiempos parlamentarios que son necesarios para poder cambiar textos constitucionales, leyes y códigos nacionales.
Este enfoque antifundamentalista de la campaña por la moratoria ha realzado la iniciativa y ha evitado que fuese percibida como una imposición paternalista de los países occidentales hacia el resto del mundo. Esta actitud inclusiva ha inducido a países que mantenían la pena capital, como Burundi y Uzbequistán a votar a favor de la resolución, mientras otros decidieron no oponerse mediante la abstención, como hicieron Chad. Guinea Ecuatorial, Guinea, los Emiratos Árabes Unidos, El Libano y Vietnam
Como está previsto expresamente, la resolución figura en el orden del día de la Asamblea General que ha comenzado el 23 de septiembre. Pero no se debe tratar de un mero pasaje formal ni debe dar lugar a nuevos intentos de cambiar el dispositivo de la resolución para "reforzarlo" en sentido abolicionista. Para que reforzar efectivamente la resolución bastará que en este año y en los sucesivos la Asamblea General reitere su respaldo a la moratoria, que constituye la premisa para llegar a la abolición de la pena de muerte.
Hay además un asunto sustancial que puede fortalecer políticamente la resolución: la eliminación del secreto de Estado sobre la pena de muerte. Muchos países mantenedores -casi todos bajo regímenes autoritarios- se abstienen de informar acerca de la aplicación de las ejecuciones. Precisamente, la ausencia de información de la opinión pública es una de las causas del incremento de las ejecuciones.
En verdad, la solución definitiva del problema, más aún que a la pena de muerte, concierne a la democracia, al Estado de Derecho, al respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles. En lo inmediato, pedimos que en la resolución de este año se incluya el pedido a todos los Estados mantenedores de que pongan a disposición del Secretario General de las Naciones Unidas todas las informaciones relativas a la pena de muerte y las ejecuciones.
También reclamamos que la nueva resolución incluya la institución de un Enviado Especial del Secretario General de la ONU que tenga la facultad de monitorizar la situación así como de favorecer los procesos internos en los países mantenedores a fin de que acaten la moratoria de las ejecuciones.
Emma Bonino, dirigente radical, senadora y vicepresidenta del Senado italiano
10-X-08, emmabonino.it