El 14 de noviembre de 2008, los obispos argentinos, reunidos en asamblea plenaria en El Cenáculo - la Montonera (Pilar), se refirieron a cuestiones políticas, hablaron del estilo de liderazgo que conviene a la república, y dijeron que, a la luz del principio de la dignidad inviolable de cada ser humano y de una concepción integral de la persona, nos parece imperioso proponer, con vistas al Bicentenario de la Nación, algunas metas que estimamos prioritarias para la construcción del bien común.
Y a continuación señalaron las metas: Recuperar el respeto por la familia y por la vida en todas sus formas. Avanzar en la reconciliación entre sectores y en la capacidad de diálogo. Alentar el paso de habitantes a ciudadanos responsables. Fortalecer las instituciones republicanas, el Estado y las organizaciones de la sociedad. Mejorar el sistema político y la calidad de la democracia. Afianzar la educación y el trabajo como claves del desarrollo y de la justa distribución de los bienes. Implementar políticas agroindustriales para un desarrollo integral. Promover el federalismo, Profundizar la integración en la Región.
Esas cuestiones, que conciernen a la política y a los políticos, ¿son asuntos de la Iglesia? ¿Le compete a esa institución referirse al estilo de liderazgo adecuado en una democracia, cuando ha defendido el estilo de liderazgo de Videla y Massera? Entonces el Estado tal vez tenga competencias para regular o aconsejar el estilo de liderazgo que conviene a la Iglesia.
En la memoria colectiva de los argentinos resuena todavía el eco dramático de aquellas palabras pronunciadas por monseñor Tortolo el 24 de marzo de 1976, inmediatamente después de su entrevista con el general Videla y con el almirante Massera: Si bien la Iglesia tiene una misión específica, hay circunstancias en las cuales no puede dejar de participar, así cuando se trate de problemas que hacen al orden específico del Estado.
Al parecer, la Iglesia puede decidir cuáles son las circunstancias en las que ya no actúa exclusivamente desde su misión específica, y puede asumir responsabilidades que tienen que ver con el Estado. Siete meses después, el 14 de octubre de 1976, monseñor Tortolo decía: yo no conozco, no tengo pruebas fehacientes que los derechos humanos sean conculcados en nuestro país. Lo oigo, lo escucho, hay voces, pero no me consta.
Tres días más tarde, el 17 de octubre, Tortolo arengaba a la tropa con estas palabras: soldados, hay dos alternativas: ser fieles o traidores a Dios y a la Patria. Los paños tibios o los medios términos no corren en esta hora del mundo.
Su colega, monseñor Bonamín, el 20 de noviembre de 1977, decía: si pudiera hablar con el gobierno le diría que debemos permanecer firmes en las posiciones que estamos tomando:hay que desestimar las denuncias extranjeras sobre desapariciones.
Cuando llegó a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el 7 de agosto del 1979, monseñor Sansierra dijo: la CIDH tiene intención política (…) Debemos defender nuestra soberanía y si la comisión excede sus funciones, el gobierno, haciendo uso de sus facultades soberanas, debe dar por terminada su misión (…) Los derechos humanos son suspendidos en tiempos de guerra.
En marzo de 1981, el mismo prelado, fotografiado junto a Videla en la Casa Rosada, declaró: los miembros de la Junta Militar serán glorificados por las generaciones futuras.
Y en una fecha tan tardía como el 19 de noviembre de 1982, cuando el gobierno militar tenía las horas contadas –Alfonsín tomaría posesión el 10 de diciembre de 1983–, muchos recordamos lo que el cardenal Juan Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires, declaró al periódico italiano Il Messagero: ¿Desaparecidos? No hay que confundir las cosas. Usted sabe que hay desaparecidos que viven tranquilamente en Europa.
La impiedad de esa declaración le condena, si no ante la justicia –que anduvo un poco distraída con los eclesiásticos–, sí ante la historia y ante la memoria colectiva de los argentinos. Y las andanzas del obispo Laguna, procesado por su gestión en la diócesis del obispo Ponce de León, probablemente asesinado por ser un obispo progresista, dicen mucho de las implicaciones de la Iglesia con la terrible dictadura que padeció Argentina entre 1976 y 1983.
En octubre de 2006, el entonces presidente Kirchner, al recibir críticas de la Iglesia por su política en contra de la impunidad, recordó a los eclesiásticos que el diablo también llega a todos, a los que usamos pantalones y a los que usan sotanas.
Por supuesto que hubo obispos, como el de Viedma, Miguel Esteban Hesayne, que durante la dictadura se comprometió en la defensa de los derechos humanos, lo que le granjeó la enemiga de algunos jerarcas de la iglesia argentina.
El enfrentamiento de Kirchner y el episcopado argentino supuso la irrupción de una autonomía de la política respecto de la religión, sobre todo en asuntos como la educación sexual, en un país en el que la Iglesia se sentía propietaria de la conciencia de los ciudadanos, sobre la que –al parecer– sólo podía actuar ella, porque sólo ella estaba legitimada para ello.
¿De dónde sacó este obispo esa idea peregrina, y ese espíritu totalitario, excluyente? De España, claro. Y de la iglesia española. No en vano España y la iglesia española –la del Imperio, claro– siguen actuando en Buenos Aires, doscientos años después de la emancipación. Recientemente, Monseñor Antonio Baseotto, Obispo Castrense Emérito de Argentina, aseguró que en Argentina, como en España, hay persecución religiosa.
El ilustre prelado ignora que los españoles no estarían de acuerdo con su análisis de la realidad política española, y que dónde sí hubo persecución –con la bendición de la Iglesia– fue en la Argentina de Videla y en la España de Franco.
En España, mientras la Iglesia se ocupa de recordar a sus mártires en la Guerra Civil, e impulsa centenares de canonizaciones, el cardenal Rouco Varela dice que es mejor olvidar, consejo que queda inevitablemente asociado a los que buscan debajo de la tierra los huesos de sus padres o abuelos. En resumen: a los caídos nuestros, hay que recordarles, en los altares si es preciso; a los muertos del enemigo, desearles que sigan en la cuneta o en el bosque, donde fueron fusilados por enemigos de Dios y de España.
Como escribió Julián Casanova, catedrático de la Universidad de Zaragoza, hay pruebas de la implicación de la Iglesia católica, jerarquía, clero y católicos de a pie, en la violencia sobre los vencidos, y las leyes convirtieron a los curas en investigadores del pasado ideológico y político de los ciudadanos, en colaboradores del aparato judicial.
¿Qué decir de las relaciones Estado-Iglesia, y de su influencia en la consolidación de una cultura política dogmática e inelástica, con una jerarquía que actúa al modo español, como un poder fáctico más preocupado por su poder político y social que por los valores que solemos asociar al cristianismo?
Tal vez sorprenda el enunciado de que el Imperio Español sigue presente en el Buenos Aires de 2008: el otro Estado implicado en la colonización –los Estados Pontificios, hoy Estado de la Ciudad del Vaticano–, sigue actuando, lo cual es tanto como decir que la España imperial sigue presente en la ciudad porteña, como sigue actuando en Madrid. Y es que la complicidad de la Iglesia con la dictadura de Videla, y la existencia de capellanes castrense católicos, con sueldos del Estado, huele a la España rancia, que se resiste a desaparecer, tanto en Buenos Aires como en Madrid.
Pero en Madrid su influencia como poder fáctico recibe la contrapartida de su desprestigio como institución. Hoy los españoles están en otra cosa. Cuando el presidente de la Conferencia Episcopal se asoma a la televisión, los españoles no entienden su discurso, necesitan un traductor simultáneo, o cambian de cadena.
Además, el actual gobierno, a pesar de financiar generosamente a la Iglesia, lo cual no gusta a muchos electores socialistas, impulsa una política de laicismo.
Ratzinger escribe que Alexis de Tocqueville constató que el sistema de reglas –de por sí inestable y fragmentario– con que estaba constituida la democracia americana, funcionaba solamente porque en aquella sociedad estaba vigente todo un conjunto de convicciones religiosas y morales de inspiración cristiano-protestante, que nadie había prescrito ni definido, pero que se daba sin más por supuesto por parte de todos, como una base espiritual obvia, es decir, no discutible.
El reconocimiento de esas orientaciones de fondo, de carácter religioso y moral, que trascendían a cada una de las confesiones, pero determinaban a la sociedad desde el interior, prestó una fuerza especial al conjunto de ordenamientos, y definió los límites de la libertad individual desde el interior, ofreciendo de esta manera las condiciones necesarias para una libertad compartida y participada.
Ratzinger recuerda una frase del pensador francés –El despotismo puede prescindir de la fe, la libertad no--, y añade que, si bien en Estados Unidos la secularización avanza a un ritmo acelerado, y la influencia de distintas culturas está trastocando el consenso cristiano original, no es menos cierto que se percibe, más que en Europa, el reconocimiento implícito de las bases religiosas y morales que dimanan del cristianismo y trascienden a cada una de las confesiones (Pera y Ratzinger, 2006: 196).
Ratzinger añade: La sociedad americana fue construida en gran parte por unos grupos que habían huido del sistema, vigente en Europa, de iglesias de Estado, y encontrado su realización religiosa en las comunidades libres fuera de la Iglesia de Estado. El fundamento de la sociedad americana está constituido, por lo tanto, por las iglesias libres, para las cuales –a causa de su enfoque religioso– tiene un valor estructural el no ser Iglesia del Estado sino basarse en la unión libre de individuos. En este sentido, se puede afirmar que, en la base de la sociedad americana, existe una separación entre Estado e Iglesia determinada, o mejor dicho, reclamada, por la religión; una separación motivada y estructurada de muy distinta manera a la impuesta, bajo el signo del conflicto, por la Revolución Francesa y los sistemas que vinieron después de ella. En América, el Estado no es otra cosa que un espacio libre para las diversas comunidades religiosas, al que compete reconocer a cada comunidad en su particularidad y en su ser no estatales y dejarla vivir a su aire. Una separación que tiene por objeto el que la religión mantenga su propia naturaleza, que respeta y protege el espacio vital de ésta, distinto del Estado y de sus ordenamientos, es una separación concebida positivamente.
Cuando el jefe espiritual de los católicos pronuncia estas palabras, poco podemos añadir: en la América española la Iglesia no propició –ni durante la colonia, ni durante el siglo XIX, ni durante el siglo XX–, un espacio libre para las diversas comunidades religiosas, ni un modo de ser no estatal.
Si el fundamento de la sociedad angloamericana está constituido por las iglesias libres, es decir, no por una Iglesia del Estado, sino por una unión libre de individuos, ¿qué diremos de la Iglesia católica argentina, y de la Iglesia católica latinoamericana? Pues que siguen el modelo de la Iglesia-Estado, que no es otro que el de la Iglesia imperial española, exportado con éxito a las colonias americanas, y que sigue actuando aun hoy, en la política y en la conciencia de los ciudadanos.
En definitiva: como decía un reciente editorial del diario español El País, refiriéndose a los obispos de la Iglesia católica española: practican la religión como política y la política como religión. A buen entendedor, pocas palabras bastan.
9-XII-08, Javier del Rey Morató, safe-democracy