dimisiones e investigación parlamentaria por las malas prácticas bancarias (no, no aquí)
Si el escándalo de las escuchas telefónicas fue el Watergate de la prensa británica, el de la manipulación del Libor es el Watergate de la banca del Reino Unido, y ahonda el proceso de la pérdida de confianza de los británicos en todas sus instituciones, quizá con la única excepción de la monarquía. El líder laborista, Ed Miliband, ha criticado la comisión parlamentaria creada por Cameron para investigar el asunto (y cuyas conclusiones se esperan a final de año) como “insuficiente” y ha pedido una independiente del Gobierno y de los bancos. A fin de salvar lo que pueda su reputación, Barclays ha anunciado un nuevo “código de conducta” para sus empleados.
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- Reino Unido investigará a Barclays por manipular el Libor y el Euribor
- Barclays deberá pagar 363 millones de euros por manipular el Libor y el Euribor
El escándalo de la manipulación del Libor (tipo de interés interbancario, el equivalente británico del Euribor) ha dejado la reputación del sistema bancario del Reino Unido por los suelos, justo cuando el Gobierno conservador de David Cameron lucha en Bruselas por preservar los intereses de la City y defender su hegemonía frente a otras plazas como Frankfurt y París.
La respuesta de la administración ha sido la misma de siempre en estas islas: ordenar una investigación controlada por el establishment a cargo de una persona de confianza, mientras la oposición pide que el proceso sea independiente del poder político, y cuyas conclusiones se darán a conocer cuando la opinión pública se haya olvidado de qué iba el asunto, de manera que se pueda dar cerrojazo sin cortar demasiadas cabezas. Que así sea es la gran esperanza del consejero delegado del Barclays, Bob Diamond, cuya cabeza pende de un hilo después de que el presidente de la entidad, Marcus Agius, asumiera la responsabilidad de las irregularidades cometidas y presentara la dimisión.
De entrada, el primer ministro David Cameron ha tenido que cambiar rápidamente de sintonía en su respuesta al escándalo, que inicialmente –típico de él– minimizó. Al darse cuenta de la magnitud de las implicaciones, ha dado luz verde a la comisión parlamentaria encargada de la investigación para que interrogue bajo juramento a los protagonistas, y no se descarta la presentación de cargos criminales si así lo recomienda la Oficina Antifraude del Gobierno.
El líder conservador efectuó el anuncio de la investigación en la Cámara de los Comunes, en pleno furor de la prensa y de la opinión pública por el escandaloso comportamiento de los bancos en un momento de penurias económicas, cuando varios de ellos (como el Royal Bank of Scotland o el Lloyds) han sido parcial o totalmente nacionalizados con dinero de los contribuyentes y, a pesar de todo, siguen sin prestar dinero ni a los individuos ni a las pymes. Eso sí, ejecutivos como Bob Diamond continúan percibiendo prodigiosas primas.
“Este desafortunado suceso ha servido cuando menos para que los votantes descubran por qué se pagan esas primas multimillonarias a los banqueros –señala Raymond Balfour, defensor de los derechos de los consumidores–. Está más claro que el agua: para que toreen la normativa vigente y las reglas del buen comportamiento financiero en beneficio de sus instituciones, a riesgo de ser pillados con las manos en la masa, como ha ocurrido ahora, y que se les caiga el pelo”.
Barclays ha sido acusado de declarar unos tipos de interés interbancarios falsos, práctica que duró un par de años (que se sepa) y acabó aparentemente en el 2009. Un Libor más bajo habría dado la imagen de que la salud del banco era mejor que en la realidad y el riesgo de inversión, menor. Un Libor más alto habría permitido ganar mucho dinero.
Aunque Barclays ha sido ya multado con 355 millones por las irregularidades cometidas, Cameron ha prometido “llegar al fondo del asunto”, determinar si los directivos del banco –como alega Diamond– no sabían lo que estaban haciendo sus subordinados, y si hubo connivencia con otras instituciones para defraudar a los consumidores y a los organismos de supervisión. “La transparencia ha de ser total y los culpables serán castigados. Si hace falta, no dejaremos títere con cabeza, y si alguien tiene que ir a la cárcel, irá”, proclamó el primer ministro ante los Comunes.
3-VII-12, R. Ramos, lavanguardia