Kostas Vaxevanis: la libertad de información, de prensa, en entredicho

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El pasado sábado la revista griega Hot Doc publicó una lista de 2.059 personas con cuentas en una sucursal del banco HSBC en Ginebra. Kostas Vaxevanis, propietario y director de la publicación, fue detenido el domingo por la mañana en Atenas y mañana será juzgado por violar el derecho al honor de las personas citadas.

La libertad de información ampara a los periodistas cuando publican informaciones veraces y de interés público. En estos casos, el derecho de los ciudadanos a la información está por encima del derecho al honor y a la intimidad de las personas afectadas por la noticia.

Estas personas, sin embargo, no suelen quedarse cruzadas de brazos cuando la prensa destapa noticias que les perjudican. Suelen querellarse contra el periodista y el medio donde publica. Muchas veces, la amenaza de una acción legal basta para que el informador se autocensure. Es lo que el Tribunal Supremo de EE.UU. llama el chilling effect, algo así como el efecto silenciador.

Estas demandas, cada día más frecuentes, pretenden frenar el flujo de la información de interés público. En el caso de Hot Doc, la Fiscalía intenta tapar el escándalo de que el Gobierno recibiera la lista hace dos años –se la dio Christine Lagarde, entonces ministra de Finanzas de Francia–, y no haya hecho nada. Una de las condiciones que los prestamistas europeos ponen a Grecia es que combata la fuga de capitales y la evasión de impuestos. En la lista figura el presidente del Parlamento, funcionarios del Ministerio de Finanzas, así como abogados, médicos, periodistas, arquitectos y amas de casa, que actúan como supuestas testaferros.

“He hecho mi trabajo en nombre del interés público –asegura Vaxevanis, un prestigioso periodista de investigación –. El periodismo revela la verdad cuando todo el mundo intenta esconderla”.

El acoso de los poderes políticos y económicos contra la libertad de prensa en Grecia también se produce en otros países, según sostiene Juan Varela, director de la consultoría Mediathink y autor del blog Periodistas21. “Ha habido varias sentencias contrarias a la libertad de información en los últimos meses. Esta es una tendencia de fondo, que comporta una creciente censura o autocensura en los medios tradicionales y desemboca en el enorme descrédito que sufre el periodismo desde hace unos diez años”.

Varela considera que grandes medios han renunciado a hacer información de referencia. “Hay un exceso de información low cost –asegura–, así como de mala opinión, es decir, una opinión que busca adeptos en lugar de ampliar las fronteras del conocimiento, y que, al ser mucho más barata que la buena información, encuentra amplio espacio en la prensa”.

La libertad de prensa, por tanto, se ve lastrada por la creciente falta de recursos en las redacciones de los medios hasta ahora referenciales. El sociólogo estadounidense Paul Starr, que ha estudiado el fenómeno, considera que los medios pierden capacidad de investigar, lo que aumenta el riesgo de corrupción en las administraciones públicas. Al mismo tiempo, se produce un auge de la información ideológica, hecha a medida de una audiencia muy específica: “Cada vez hay menos noticias que no sean partidistas y que busquen un público transversal, no necesariamente experto en política o economía”.

Esta transversalidad y esta fiscalización son los ejes de Propublica. Fundado hace cuatro años por Paul Steiner, exdirector de TheWall Street Journal, su fin es “exponer los abusos del poder y las traiciones a la confianza pública que cometen el Gobierno, las empresas y otras instituciones”. Su arma es “la fuerza moral del periodismo de investigación” y la finalidad es “promover reformas mediante la exposición continuada de las malas prácticas”.

Si Propublica está en el extremo de la excelencia periodística, los tabloides británicos representan la falta de escrúpulos a la hora de investigar y publicar. A raíz de los escándalos de las escuchas telefónicas, la comisión parlamentaria Leveson ha indagado en la cultura, los métodos y la ética de la prensa británica. Entre sus recomendaciones es muy posible que figure la creación de un regulador con poderes para decidir en las cuestiones de interés público, es decir, con capacidad para vetar las líneas informativas que atenten contra este interés.

La mayoría de los británicos no se fía de los tabloides. Una encuesta de Carnegie-Demos publicada la semana pasada demuestra que el 77% quiere un regulador independiente de la prensa. Los editores de prensa amarilla sostienen, sin embargo, que esta regulación será un grave atentado contra la libertad de prensa. Reclaman el derecho a llevar sus negocios como hasta ahora y se amparan en que los cientos de miles de ejemplares que venden a diario también son un “servicio público”.

El derecho del editor y del periodista a publicar lo que quieran depende, en gran medida, de la libertad de información.

31-X-12, Xavier Mas de Xaxàs, lavanguardia