la democracia directa suiza, una democracia de ciudadanos accionistas
La paciencia del ornitólogo y la perseverancia del corredor de fondo. Thomas Minder parece haber sacado buen provecho de sus dos principales aficiones –los pájaros y correr– para doblegar al lobby de la industria suiza. Durante años ha luchado casi en solitario contra los salarios, a su juicio abusivos, que cobran los directivos. Una lucha de David contra Goliat, según resaltaban ayer los medios de comunicación suizos, que se decantó a su favor el domingo, cuando el 68% del electorado apoyó su propuesta de enmendar la Constitución para que sean los accionistas de las empresas suizas los que tengan la última palabra sobre el salario de los altos ejecutivos.
Minder tiene 52 años y lleva 23 dirigiendo la empresa familiar Trybol, que fabrica dentífricos y otros productos de higiene desde 1900. Es una empresa típicamente suiza, muy pendiente de los detalles para poder conseguir un buen valor añadido a sus productos. Está ubicada en Schaffhausen, un cantón en la orilla derecha del Rin, junto a Alemania, donde también se encuentra el fabricante de relojes IWC.
A Trybol le fueron bien las cosas hasta finales del 2001. Los atentados del 11-S estrangularon a su principal cliente, la línea aérea Swissair, que se declaró en bancarrota y le dejó a deber 412.000 euros. Esta deuda a punto estuvo de arruinar también a Trybol.
Mientras Minder luchaba por salvar su empresa, Mario Corti, director general de Swissair, logró cobrar 9,8 millones de euros, el equivalente a su sueldo de cinco años. Super Mario, como era conocido, logró esta paga a pesar de que sólo pasó unos meses en la dirección de Swissair.
Minder sintió que esta bonificación atentaba contra un principio sagrado de la sociedad suiza: la igualdad. “Tu puedes tener un Ferrari, dos casas y comer carne cada día –ha declarado–, pero aun así no pierdes el sentido de pertenecer a la clase media”.
Una vez hubo salvado Trybol –gracias a Lufthansa–, se lanzó a luchar contra las remuneraciones abusivas. Lanzó la iniciativa legislativa popular en octubre del 2006 y en pocos meses logró las 100.000 firmas necesarias para forzar un referéndum. La patronal y los partidos políticos, especialmente los conservadores, urdieron entonces una estrategia para retrasar la votación.
Minder no desfalleció. Al contrario. En el 2008, llevó su proyecto hasta la asamblea de accionistas de su propio banco, el UBS. La crisis financiera internacional había disparado las pérdidas hasta los 38.400 millones de euros. El banco tuvo que pedir un rescate al Estado. El presidente, Marcel Ospel, estaba hablando desde la tribuna cuando Minder intentó entregarle una copia del código de obligaciones del banco. Fue detenido y expulsado de la sala, mientras acusaba a los directivos de ser unos fracasados, responsables de la mayor desvalorización de una empresa suiza en toda la historia.
Convencido de que poco podría hacer desde fuera del sistema, Minder entró en política como independiente y en el 2011 ganó de lejos las elecciones al Senado en Schaffhausen. Se unió entonces a la Unión Democrática de Centro (UDC), una fuerza de la derecha populista, con la que comparte su oposición al derecho de asilo. Las cosas, sin embargo, se torcieron pronto. La dirección del partido intentó hacerlo desistir y él se sintió traicionado.
A partir de entonces, siguió solo. Tenía las firmas necesarias para forzar la consulta. Era cuestión de tiempo. Economiesuisse, el lobby de la patronal, gastó 6,5 millones de euros en una campaña contra el proyecto de ley. Las principales empresas –Novartis, UBS, Nestlé, ABB...– argumentaban que la iniciativa, que pretende castigar con multas de hasta seis anualidades y tres años de cárcel los salarios abusivos, dañaría las inversiones. Minder insistía en todo lo contrario: “Los accionistas deben decidir qué retribuciones reciben los ejecutivos. En ningún otro país tendrán tanto poder sobre la dirección de la empresa en la que invierten”. Su triunfo lo ha aplaudido la UE, dispuesta también, con la única oposición del Reino Unido, a limitar los salarios en la alta dirección empresarial. “Este proyecto será una de las principales exportaciones suizas”, afirma Minder.
5-II-13, X. Mas de Xaxàs, lavanguardia
Lo hicieron de forma abrumadora: un 67,9% votó a favor, el tercer mejor resultado histórico de una iniciativa popular, que además salió aprobada en los 26 cantones de la confederación, una unanimidad excepcional.
Detrás de la “iniciativa contra los sueldos abusivos” está el senador Thomas Minder, un empresario de la Suiza alemana que entró en política después de que su empresa familiar quedase al borde del naufragio por un contrato impagado tras la quiebra de Swissair en el 2001. Lo que le resultó insufrible fue que, entre tanto, el presidente de la aerolínea recibiese una indemnización de diez millones de euros. Minder, que dice que esa experiencia le transformó, inició entonces su lucha contra los “aprovechados” y en el 2008 presentó la iniciativa popular tras recoger 115.000 firmas.
Según el texto aprobado, serán los accionistas y no los propios directivos quienes decidan, cada año, sobre sus remuneraciones. También prohíbe los llamados paracaídas dorados, las indemnizaciones millonarias que reciben los directivos al dejar la empresa, así como las primas por la compra o venta de compañías. Además, la iniciativa prevé condenas de hasta tres años de cárcel y elevadas multas para quienes incumplan. El Gobierno –que había pedido el voto en contra– tiene un año para inscribir en la Constitución federal la nueva normativa. que afectará a todas las sociedades anónimas suizas que cotizan en la Bolsa nacional o en el extranjero.
El resultado es una gran bofetada a la patronal Economiesuisse y los partidos de derechas, que no han logrado convencer a los suizos de que cientos de empresas se irían y la competitividad del país quedaría erosionada.
Se trata de un “mensaje fuerte” enviado a los políticos y a los sectores económicos, declaró la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, quien consideró el resultado “consecuencia del malestar” social ante el “nivel inconcebible” que han alcanzado ciertas remuneraciones. “Por desgracia, los sueldos desorbitados no pertenecen al pasado. Los ejemplos más recientes no han ayudado a que haya un debate objetivo”, se lamentó la ministra.
En un comunicado, la patronal lamentó que “el debate emocional sobre los excesos salariales de ciertos directivos de empresas, iniciado hace ya algunos años, ha impedido una discusión basada en hechos sobre el contenido de la iniciativa”. En cambio, la asociación de accionistas Actares, se felicitó: “Estamos convencidos de que el electorado ha mejorado la posición de Suiza como un buen lugar donde hacer negocios al reforzar los derechos de los accionistas”.
El Parlamento, que no se pronunció sobre la iniciativa, había preparado en paralelo un contraproyecto, menos reformista y que permitía excepciones con ciertas indemnizaciones.
El Gobierno deberá ahora redactar un proyecto de ley que respete los principales puntos de la iniciativa y entonces presentarla al Parlamento para su aprobación. Si no se consigue una mayoría, el contraproyecto entraría en vigor. Los analistas prevén largos debates, debido al tecnicismo del tema y a las posiciones enfrentadas de los distintos partidos políticos, ya que sólo el Partido Socialista y Los Verdes han apoyado la iniciativa. Para el presidente del Partido Socialista, Christian Levrat, la iniciativa no es más que un “punto de partido” antes de que se someta a referéndum, dentro de algunos meses, la iniciativa popular “1:12, por los sueldos justos”, presentada por las juventudes socialistas y que exige que el sueldo más alto en una empresa nunca sea más de doce veces superior al más bajo.
La irritación ante los sueldos multimillonarios de los ejecutivos está creciendo en todo el mundo con la crisis financiera, pero la democracia directa que tiene Suiza –los ciudadanos pueden presentar propuestas legislativas a referéndum previa recogida de 100.000 firmas– permite que la indignación popular se traduzca en acción.
Pero no es el único país que toma medidas. Hace unos días la UE acordó fijar un tope para las primas de los directivos de banca, que sólo podrán llegar a un máximo del doble del salario. En el Reino Unido, el Gobierno conservador de David Cameron ha prometido dar a los accionistas la capacidad de votar sobre los sueldos de los directivos y sus primas al menos una vez cada tres años. Y el Gobierno holandés prepara una ley que entraría en vigor en julio y que limita a 75.000 euros los finiquitos millonarios.
1. Sueldos
La asamblea de accionistas se pronunciará cada año sobre los sueldos del consejo de administración, dirección y comisión ejecutiva
2. Paracaídas dorados
de empresas, y no podrán estar vinculados por contrato a consejos de administración de otras sociedades del grupo
3. Primas
Todas las primas estarán reguladas por los estatutos de la sociedad
4. Cargos
Los accionistas elegirán los miembros del consejo de administración y dirección
5. Planes de pensiones
6. Sanciones
La iniciativa prevé castigos de cárcel de hasta tres años y multas que pueden alcanzar seis remuneraciones anuales
4-II-13, red/agcs, lavanguardia