la lentitud sin parangón de la justicia española corroe la calidad de la democracia y el sistema político

Hay cosas que, a fuerza de tenerlas siempre a la vista, uno ya no las ve. Sospecho que algo de esto nos ocurre con la colosal falta de eficacia de nuestra justicia. Hace una semana se conoció la sentencia del caso Malaya, la trama de corrupción que obligó en el 2006 a la disolución del Ayuntamiento de Marbella. La justicia ha tardado siete años en pronunciarse. No es un caso único, ni mucho menos. Al contrario, ocurre con tanta frecuencia que ya ni siquiera nos llama la atención. ¡Siete años! Nos hemos resignado y nos parece natural. Quién sabe los miles de casos que habrá sepultados entre legajos, pendientes de juicio desde Dios sabe cuánto tiempo.

En EE.UU., Bernard Madoff, el financiero que perpetró una de las mayores estafas de la historia, fue detenido el 11 de diciembre del 2008, dos años después del estallido del caso Malaya, y el 29 de junio del 2009, menos de siete meses más tarde, fue condenado a 150 años de prisión. En Gran Bretaña, Max Mosley, hijo del histórico líder fascista británico de los años treinta, se querelló el 29 de marzo del 2008 con el periódico The News of the World por publicar un reportaje sobre una orgía organizada por Mosley en la que supuestamente se había hecho apología del nazismo, y tres meses más tarde, el 24 de julio del 2008, la High Court londinense falló a su favor. En Lituania, el cantante francés Bertrand Cantat propinó una paliza mortal a su amante, Marie Trintignant, en julio del 2003, y en marzo del 2004 fue condenado a ocho años de cárcel por homicidio. En agosto del 2004 fue trasladado a una prisión en Francia. En octubre del 2007 obtuvo la libertad condicional y en octubre del 2010 reemprendió su carrera como cantante (no sin cierto éxito, curiosamente).

No creo que sea muy osado aventurar que, si estos hechos –elegidos al azar– hubieran ocurrido en España, Madoff y Mosley estarían todavía esperando a que la justicia se pronunciara –quién sabe si el primero en libertad condicional, gracias a alguna argucia de sus abogados– y Cantat comenzando a cumplir condena. Nuestra justicia tiene otro ancho de vía, lo sabemos todos.

Es cierto que la justicia no debe proceder con precipitación y que nunca sobran ni cautelas ni garantías. Los derechos de los acusados deben respetarse siempre. Pero cabe suponer que en EE.UU. y en Gran Bretaña se respetan, ¿no? ¿O es que allí los jueces son unos impetuosos que dictan sentencia a tontas y a locas?

La lentitud de la justicia española no tiene parangón con los países de nuestro entorno. Según un estudio comparativo elaborado por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, la media española de duración de los procedimientos en casos de homicidio intencional es de 1.006 días. En Países Bajos es de 116, en la República Checa de 82 y en Finlandia de 111. Es decir, que en España la duración de estos procedimientos es aproximadamente diez veces mayor. Se dice pronto: ¡diez veces! También se observa una disparidad muy abultada en los delitos contra la propiedad (en cambio, en los casos de divorcio o de despido improcedente, la duración del procedimiento es más similar a la de los países de nuestro entorno).

Ignoro cuál es la causa de esta lentitud. ¿Carencia de medios? En España hay alrededor de diez jueces por cada cien mil habitantes, más o menos como en Francia o en Italia. En Alemania hay más del doble, pero en el Reino Unido, donde la justicia es rápida y efectiva, menos de la mitad. Por tanto no debe de ser esto. ¿Un defectuoso ordenamiento procesal que canaliza hacia la justicia ordinaria un sinfín de asuntos de menor calado que podrían ser resueltos por vía administrativa? Es posible, pero si es así no veo por qué no se le pone remedio. ¿Confluencia de intereses de abogados, procuradores, oficiales, etcétera, que viven de nuestro laberíntico sistema judicial? Quizás. España es uno de los países europeos con mayor número de abogados por cada juez, 26,7, la media europea de es 5,1. Pero supongo que esto es más un obstáculo para la reforma que una causa del atasco del sistema. ¿La politización de la carrera judicial? Lo dudo mucho: con ser nefasta, pertenece a otro ámbito de problemas. ¿La falta de laboriosidad de los jueces? ¿Simple desorganización? Es posible. Ya se sabe: como regla general es siempre mejor no atribuir a razones complicadas lo que pueda atribuirse a mera desidia o estupidez.

Por una razón o por otra, nuestra justicia no funciona como debe. ¿Para qué sirve llevar a alguien a los tribunales si no se van a pronunciar hasta transcurridos quién sabe cuántos años? Esta ineficacia supone una gran merma en la calidad de nuestro sistema político y en el funcionamiento de nuestra democracia. Si los ciudadanos no nos sentimos amparados por la justicia, las leyes se convierten en papel mojado. Da apuro decirlo, porque lo sabemos todos: un sistema judicial tan lento no es justo, no puede serlo nunca.

12-X-13, Carles Casajuana, lavanguardia