roaming UE: una solución a medias y pospuesta
Usar el teléfono móvil al salir de viaje, por vacaciones o trabajo, en Europa dejará pronto de dar miedo. El temor a la factura telefónica posterior lleva a muchos ciudadanos a apenas llamar, enviar mensajes o usar internet cuando se mueve por la Unión Europea, una situación que la eurodiputada Pilar del Castillo (PP) ha descrito como "el impuesto invisible" a la libre circulación de personas.
Los esfuerzos de la Unión Europea por acabar con este sobrecoste, conocido como roaming o gastos de itinerancia, culminaron ayer con la aprobación por el Parlamento Europeo de un reglamento que pondrá fin a esta práctica en junio del 2017. A partir de esa fecha, usar el teléfono móvil en otro país de la Unión costará lo mismo que en el que se ha suscrito el servicio. El cambio será progresivo. Desde mayo del 2016 y hasta el 15 de junio del 2017, los operadores no podrán cobrar más de 0,05 euros por minuto de llamada, 0,02 por SMS y 0,05 por megabyte, IVA excluido; estos precios tope son un 75% más baratos que la media actual.
El voto del pleno fue la culminación de dos años de negociaciones y diez de presión política desde Bruselas para acabar con este disuasivo sobrecoste. El fin del roaming se había anunciado para el 2015. La resistencia de las empresas y los gobiernos había sido grande. España y otros países turísticos no veía con buenos ojos la iniciativa, que podía privar de jugosos ingresos a sus compañías de telecomunicaciones. La posibilidad de que los consumidores contrataran los servicios móviles en un país donde son más baratos que en el suyo, para utilizarlos todo el tiempo en itinerancia, se veía como un potencial abuso. Para evitar estas prácticas, el acuerdo final permite a las empresas cargar una pequeña tasa extra a los usuarios en roaming permanente que en ningún caso podrá superar la tarifa mayorista que se cargan entre sí los operadores por el consumo de sus clientes en otros países de la UE.
También se prevé que si las compañías pueden demostrar que no cubren los costes reales del servicio y que esto puede afectar a sus costes nacionales (para cubrir la diferencia), los reguladores nacionales (en España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) podrá autorizar excepcionalmente la imposición de unos cargos mínimos. La Organización Europea de Consumidores (BEUC) criticó estas limitaciones, que hacen del nuevo reglamento "una solución a medias" al problema del roaming. Algunos de los eurodiputados que votaron contra la normativa, como los británicos del UKIP, alegaron que se corre el riesgo de que quienes no viajan acaben pagando por los que sí lo hacen, porque la supresión del roaming llevará a una subida generalizada de las tarifas.
28-XI-15, B. Navarro, lavanguardia