residencias de mayores, la asistencia (?) en formato criminal (¿y los responsables?)
Qué ha pasado en las residencias
- La mejora en el cuidado de los dependientes retrocedió tras la crisis del 2008; ahora se ha hundido
Esta tarde cuando a las ocho salgan a aplaudir acuérdense también de las miles de trabajadoras –la inmensa mayoría son mujeres– de las residencias de ancianos.
No hay otro lugar donde la pandemia esté haciendo más daño, con un índice de letalidad que ha llegado a alcanzar en algún caso el 20% de los infectados, según reconoció el jueves Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Si se cruzan los datos de los ancianos que viven en residencias y las cifras oficiales de muertes registradas en estos establecimientos por cada comunidad, el resultado causa asombro. En Madrid, un 9% de los usuarios habría perdido la vida con la Covid-19, un 8% en Navarra, un 4% en Catalunya...
Entre la población general el porcentaje de infectados fallecidos está por debajo del 4%.
Aún en plena crisis sanitaria, las diferentes fiscalías de toda España ya han abierto –los datos corresponden al pasado jueves– un total de 207 investigaciones sobre la situación de las residencias de ancianos. La mayoría son causas abiertas a instancias de familiares, personal e incluso directores de los centros afectados. Casi 90 de estas diligencias son penales. Esta batalla acaba de empezar.
Entre tanto está el día a día de estos centros,donde la crisis sanitaria no amaina. La consellera de Salut en Catalunya, Alba Vergés, una de las comunidades, junto a Madrid, que han traspasado la tutela de las residencias al área de sanidad, señalaba el día 23 que había 122 residencias en una situación compleja y 25 en situación crítica.
En Catalunya existen 1.189 centros residenciales entre públicos y privados. Esto significa que un 11% de los centros residenciales para ancianos en Catalunya estaría en riesgo. Fernando Simón estimó en entre el 10% y el 20% el número de residencias afectadas por la pandemia en toda España.
“Se debería haber puesto límites a las ganancias (de las empresas que gestionan residencias) y no se ha hecho”
Ante la situación de emergencia, el 25 de marzo el Gobierno autorizó la contratación de personal no especializado para hacer frente a las consecuencias de la pandemia que ha diezmado a las trabajadoras de las residencias, con toda seguridad, según denuncian los sindicatos, las más desprotegidas entre quienes están en primera línea.
La experiencia de M. –prefiere no dar su nombre como otros testigos de este reportaje– es demoledora. Licenciada en Ciencias Políticas, se inscribió en la bolsa de trabajo “para no quedarme en casa y porque soy joven, no me da miedo el virus”. La llamaron a las dos horas, hizo un curso online de 90 minutos y lleva cuatro semanas trabajando. Está sustituyendo al personal de baja de una pequeña residencia del área metropolitana que se quedó prácticamente sin trabajadores y que ha sido intervenida por la Generalitat. Ha muerto casi un tercio de los usuarios. “Pagan una mierda y me duele todo”. Una mierda son 918 euros al mes por jornadas que pueden superar las 12 horas.
El trato que se dispensa a algunos ancianos en estos centros es cruel, aunque haya especialistas que lo consideren inevitable en estos momentos. Al menos en tres casos descritos por trabajadores entrevistados para este reportaje –un empleado en una residencia del Vallès Oriental, otra de Girona y una del área metropolitana de Barcelona– se acredita que algunos usuarios de estas residencias pasan ahora parte del día atados para evitar que se muevan y se contagien o contagien a los demás.
Este drama se podría haber evitado al parecer de J.G., un médico de una residencia del Maresme: “Teníamos la experiencia de algunos países que iban por delante nuestro y nuestras autoridades no hicieron nada. Ha habido negligencia desde el primer minuto”.
Los más frágiles. Pero ni es fácil gestionar esta crisis ni todo el mundo lo ha hecho mal. “Los efectos [de la pandemia] han sido proporcionales al tipo de población que tenemos porque, desde la aprobación de la ley de Dependencia, en las residencias vive la gente más frágil”, razona Joan Maria Adserà, director general de Xarxa Santa Tecla, que gestiona cinco centros sociosanitarios en el área de Tarragona.
“Veinte años atrás las residencias a menudo eran pequeños apartamentos donde vivía la gente mayor”. Ahora viven en la residencias los más enfermos. Cuanto peor es su estado más fácil es obtener la ayuda pública para ingresarlos. Y aun así hay unas largas listas de espera.
La ley de Dependencia del 2006, que las comunidades han ido adaptando, pretendía garantizar el derecho a un envejecimiento digno, pero ahora ha convertido algunas residencias en una trampa mortal en esta pandemia.
“Hemos acumulado demasiados miedos: el miedo al contagio, a no ser bien cuidado y a que la edad sea un estigma”
Es una contradicción desoladora que debería poner en guardia a la generación que hoy tiene padres mayores: por mil motivos –cada uno tendrá el suyo– no todos estamos en condiciones de cuidarlos en su peor momento.
De los casi 300.000 usuarios de estos servicios en España, 226.000 superan los ochenta años. Una edad frágil de la vida.
Y ahí emerge la primera duda que perdurará más allá de la pandemia. Nacho Álvarez, el recientemente nombrado secretario de Estado de Derechos Sociales, subraya que “en términos generales [las residencias] son centros sociales, no sanitarios, y por tanto estaban escasamente preparadas para una pandemia de este tipo. El desbordamiento del sistema sanitario ha dificultado su medicalización”.
Un modelo precario. Chakir el Homrani, el conseller de Treball, Afers Socials i Família en la Generalitat catalana, comparte esa idea. “Las residencias han tendido a fomentar el envejecimiento activo. No son hospitales, y la pregunta que nos hemos de hacer es si queremos que lo sean”.
El interrogante es si queremos o podríamos permitírnoslo. El actual modelo depende en gran medida del sistema público, pero está soportado por una red esencialmente privada que obedece a su propio equilibrio económico.
Para que se entienda: en España había –en datos del 2019– 381.158 plazas de residencia. De ellas, el 60% son públicas y el 40%, privadas. Pero en realidad este reparto se sustenta sobre sólo algo más de un millar de equipamientos públicos. El resto, más de cuatro mil, son establecimientos privados que ofrecen plazas públicas concertadas. El grueso de la red pública está, en realidad, en manos privadas.
Sin menoscabar a quienes han hecho y hacen bien su trabajo, Gracia Álvarez, la secretaria de salud, servicios sociosanitarios y dependencia del sindicato UGT, considera que ha fallado el control de la administración: “Había que poner límites a la ganancias, y no se ha hecho”, reprocha .
“Me apunté para trabajar porque soy joven y no temo al virus; pagan una mierda (910 euros al mes) y me duele todo”
El Homrani señala lo que para él es uno de los dilemas que va a poner sobre la mesa la crisis del coronavirus. El sistema social, y no sólo las residencias, “carece de un verdadero anclaje público que ejerza de pilar, como sí ocurre con la sanidad o la educación”.
Para el conseller, esa es una opción que ha asumido toda la sociedad y que guarda relación con una visión “no universal” de estos servicios.
Quique García / EFE (EFE)
Víctimas del crac del 2008. “Este sector arrastraba problemas innegables: centros erosionados por los recortes y las políticas de privatización de la última década, trabajadores en condiciones muy precarias y con plantillas infradotadas, ausencia de medios… Los profesionales del sector están haciendo estas semanas un esfuerzo titánico, pero el modelo venía ya lastrado del pasado”, sostiene Álvarez.
Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi, en el área metropolitana de Barcelona, y responsable del área social de la Diputació de Barcelona, suscribe las afirmaciones del secretario de Estado. “En el 2006 –año de la aprobación de la ley de Dependencia– se abrió la puerta a que las nuevas generaciones pudieran emanciparse del cuidado de sus padres”. Socialmente fue un avance significativo que en realidad no hacía más que equipararnos con otros países –donde hoy la pandemia está provocando estragos similares en las residencias– en los que el sentido de servicio universal está mucho más extendido. “Sin embargo –puntualiza Moret–, la crisis que empieza en el 2008 paralizó el desarrollo de la ley y a medida que ha pasado el tiempo se ha ido precarizando más y más”.
Paradójicamente, esta pandemia se ensaña con la generación que precisamente edificó el primer estado del bienestar en España.
¿Fue un error la ley de Dependencia? “No, para nada –sostiene Moret–. El error es haber puesto en marcha un nuevo derecho y no consolidarlo, dejarlo a medias. ¿Cual es el primer gasto que se recortó a medida que los conciertos se rebajaban? El servicio sanitario”.
Las residencias no són fábricas. El sindicato UGT ha hecho pública este fin de semana una declaración en la que recuerda que desde el 2017 ha denunciado en numerosas ocasiones la situación del sistema de dependencia y en particular de las residencias de ancianos.
No fue un error la ley de Dependencia; el error es haber puesto en marcha un derecho social y haberlo recortado”
Según este sindicato la precarización de las empleadas de estos centros ha sido la norma, y la inspección pública de los servicios –con capacidad para tutelar todo tipo de centros– no ha evitado la corrosión de un modelo que pretendía resolver dos cosas de una tacada: el cuidado de los mayores y la creación de un nuevo mercado de trabajo.
Esta es otra de las paradojas de la ley de Dependencia. Cuando fue impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se presentó como un yacimiento de empleo. Y lo ha sido. El número de empleados se ha multiplicado en estos casi 14 años.
“El problema –sostiene Gracia Álvarez, de la UGT– es que las ratios de trabajadoras se han calculado en función de los beneficios, no de lo que se hace. Cuando somos mayores la vida es lenta y también los cuidados son lentos. Las residencias no son fábricas, no pueden serlo”.
La falta de transparencia, como acredita la escasez de información estadística compartida entre el sector público, el privado y las comunidades autónomas, es otro de los numerosos problemas del sector.
El futuro del sistema. “Como reflexión de futuro digo que no puede ser que el derecho de todo ciudadano a un final digno de su vida recaiga en un 80% en el sector privado”, sostiene Antonio Cabrera, secretario general de Sanidad de Comisiones Obreras.
“Esta crisis nos ha puesto un espejo delante: España tiene un modelo social más frágil que los países de nuestro entorno. Deberemos corregir esta situación rápidamente tras la crisis sanitaria”, afirma el secretario de Estado de Asuntos Sociales.
Por de pronto, lo más apremiante es resolver las deficiencias que aún acusan muchas residencias para proteger a su personal. La directora de una residencia en la región metropolitana explica que en todo este tiempo la única ayuda que ha recibido durante esta crisis son tres botellas de hidroalcohol de cinco litros. “Estamos a la espera de una tragedia”. Por el momento, en su centro no hay ningún caso conocido de Covid-19, pero eso no implica que no pueda ocurrir cualquier día.
Desde la ley de Dependencia viven en las residencias los que tienen peor salud y son más vulnerables”
Josep Carné es el presidente de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya. Para este portavoz de los principales afectados por esta dramática historia el miedo es la principal carga de estos días. “El miedo al contagio y a contagiar, el miedo a no ser cuidado y a no poder cuidar y el miedo a que la edad se convierta en un prejuicio”.
En este sentido advierte algo que merece ser tomado en cuenta ahora que ya encaramos la salida de casa tras el confinamiento: “La gente mayor ha de poder salir a la calle aunque suponga un riesgo. Porque nosotros no nos podemos perder ni una de las primaveras que nos quedan por vivir”.
GRACIA ÁLVAREZ
JOSEP CARNÉ
TESTIMONIO DE m.
LLUïSa MORET
JOAN MARIA ADSERÀ
Debemos corregir esta situación; España tiene un modelo social más frágil que los países de nuestro entorno”
NACHO ÁLVAREZ
CHAKIR EL HOMRANI
S. de Estado de Derechos Sociales
Conseller de Treball y Afers Socials
Dir. gen. de la Xarxa Santa Tecla
Trabajadora de una residencia
Serv. Soc. de la Dip. de Barcelona
Los servicios sociales carecen de un anclaje público que ejerza de pilar, a diferencia de la sanidad o la educación”
Sec. gen. de serv. sociales de UGT
Presidente de la Fatec