Rasquera: salir de la crisis regularizando la marihuana
- reforma de las Convenciones ONU sobre drogas
"Basta de hipocresía", defendió Bernat Pellissa. "En todos los pueblos se planta marihuana, pero se ha comercializado por el mercado negro".
El proyecto del Ayuntamiento de Rasquera (Ribera d´Ebre) de albergar en su municipio una plantación de marihuana para el autoconsumo, aprobado en sesión plenaria este miércoles, lo están investigando de oficio la Fiscalía antidroga del Estado, la Fiscalia de Tarragona y la Abogacía del Estado. La decisión del alcalde, Bernat Pellissa (ERC), de llevar adelante la controvertida plantación de cannabis ha topado de frente con el poder judicial, que analiza ahora la legalidad de los acuerdos del pleno municipal.
La viabilidad del proyecto, una iniciativa sin precedentes en España, está seriamente amenazada, a pesar de que el alcalde asegura que no dará marcha atrás hasta que un estamento judicial superior rebata el informe jurídico elaborado por encargo del Consistorio, que avala la legalidad de la plantación para consumo propio.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunció ayer que la Fiscalía antidroga está examinando ya la propuesta del Ayuntamiento de Rasquera de ceder unas siete hectáreas de terrenos de propiedad privada para el cultivo de la marihuana. La producción cubriría las necesidades de los 4.000 socios de la Associació Barcelonesa Cannàbica d´Autoconsum (Abcda), entidad que gestionaría el cultivo. También investigará la legalidad del convenio entre Ayuntamiento y Abcda por el que el Consistorio de Rasquera podría ingresar los primeros 30.000 euros de inmediato, antes de empezar las obras de la plantación. El acuerdo, firmado este mismo jueves, 24 horas después de la decisión adoptada en el pleno, establece que el Ayuntamiento recibirá 6.000 euros más en un mes y 650.000 euros anuales durante los dos próximos años. "Una vez que la Fiscalía fije posiciones, actuaremos en consecuencia", avisó el fiscal general. La Fiscalia de Tarragona también ha abierto diligencias. 
El acuerdo tomado por el Ayuntamiento fue aprobado en sesión plenaria con los votos del alcalde y los tres concejales de ERC. Los tres ediles de CiU votaron en contra. Incluye la creación de dos empresas públicas municipales para promover la plantación de marihuana, así como acciones dedicadas a la investigación del cultivo y su aplicación terapéutica.
Paralelamente a la vía penal, los acuerdos del polémico pleno municipal se están investigando administrativamente. La delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna, solicitó ayer mismo las actas de la sesión. La delegada mantuvo una conversación telefónica con el alcalde de Rasquera y pidió toda la documentación, expedientes e informes del proyecto, para que sean examinados por la Abogacía del Estado. También el conseller de Interior, Felip Puig, ya ha advertido que los Mossos d´Esquadra denunciarán la plantación si llega a ponerse en marcha.
La Fiscalia Superior de Catalunya recordó ayer en un comunicado que la impugnación y control de la legalidad de los acuerdos de los plenos de los ayuntamientos corresponde a la Delegación del Gobierno y la Generalitat. Así pues, la investigación penal del caso será complementaria a la revisión y estudio de la legalidad administrativa de los acuerdos del pleno. "Son vías paralelas y complementarias que harán su recorrido", detalló la Fiscalia Superior de Catalunya.
"Basta de hipocresía", defendió Bernat Pellissa. "En todos los pueblos se planta marihuana, pero se ha comercializado por el mercado negro".
3-III-12, E. Giralt, lavanguardia
El Ayuntamiento de Rasquera (Ribera d´Ebre) fomentará la investigación del uso medicinal del cannabis y la reducción de los riesgos asociados al consumo con los primeros 30.000 euros pagados ayer mismo por la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (Abcda), entidad que gestionará la plantación de marihuana. Parte de este dinero, pagado por la cesión de los terrenos en los que se prevé cultivar el cannabis, se destinará a activar el plan de gestión forestal municipal, con la contratación de cinco personas. El Consistorio mantiene que seguirá adelante con la plantación a pesar de la investigación abierta por la Fiscalía antidroga y la Abogacía del Estado.
6-III-12, E. Giralt, lavanguardia
La iniciativa cuenta con el apoyo del alcalde, Bernat Pellissa (ERC), que defiende la legalidad de la iniciativa, y la plantea como una oportunidad de regeneración económica para este municipio de casi mil habitantes y acuciado por la crisis agrícola. El Ayuntamiento ha ofrecido su colaboración a la Associació Cannàbica de Barcelona, que cuenta con unos 5.000 socios, y pretende alquilar tierras en el pueblo.
"No queremos favorecer en absoluto el consumo de ninguna sustancia ni cometer ninguna ilegalidad", afirma Bernat Pellissa. Sin embargo, la polémica echa humo en Rasquera. Hay vecinos que consideran que el cultivo de maría dará mala imagen al pueblo. Otros, los alineados con el alcalde (cuyo grupo municipal disfruta de mayoría absoluta), ven una ocasión de oro para crear empleos y sanar la deuda del Consistorio, de 1,3 millones de euros.
Sobre la mesa del Ayuntamiento hay una propuesta de convenio según el cual la Associació Cannàbica pagará inicialmente 36.000 euros, y luego 24 mensualidades de 54.000 euros a Rasquerana de Recerca i Interpretació del Cànnabis. Esta sociedad municipal, que todo indica que recibirá luz verde del pleno esta noche, hará de mediadora con la asociación y será la principal fuente de ingresos del pueblo.
El dinero servirá para alquilar los terrenos de propiedad privada -2.000 metros con invernadero y nave de secado-, así como la vigilancia constante que requiere una plantación de este tipo, además de otros proyectos de regeneración económica que planteará otra sociedad municipal de nueva creación, Rasquera Gestió Econòmica. Una de las iniciativas del Ayuntamiento es abanderar la investigación sobre los beneficios del cannabis. "Rasquera no dará licencia para cultivar ni cobrará por esos cultivos", explicaron fuentes del gabinete jurídico DMT Advocats, que ha asesorado al Ayuntamiento. El cultivo en invernadero abastecerá el autoconsumo privado de los socios de la Associació Cannàbica, una entidad registrada y sin ánimo de lucro que ya dispone de cultivos colectivos parecidos en otros municipios, como Sitges o Barcelona. La asociación, que invertirá 150.000 euros en la plantación, suministra un kilo anual de esta sustancia a sus socios. Según sus responsables, el cultivo y el consumo en el ámbito privado es legal si no hay terceros.
En Cataluña hay aproximadamente unas 200 asociaciones de consumidores de cannabis.
29-II-12, E. Giralt, lavanguardia