"Qué fácil resulta robar", Fernando Ónega
La corrupción en España es grave. Pero, si actúa la justicia, parece mucho peor. Y lo parece, porque descubre lo frágil que resulta todo el sistema de garantías ante alguien que quiere robar. Se ha visto en la sentencia que condena a Jaume Matas y en la declaración en Sevilla del famoso chófer de la cocaína. Si hay algún hilo conductor entre ambos casos, tan distantes y diferentes, ese hilo es la facilidad con que se dispone del dinero público para los más inverosímiles negocios privados. No hace falta más que encontrar el truco, burlar las normas y, por supuesto, voluntad de delinquir.
La sentencia de Matas es un esforzado trabajo, a cuyos autores hay que agradecer el uso del bisturí para destripar el montaje que se puede esconder en la simple contratación de una persona a la que hay que pagar bien. Se crean sociedades, se fabulan subvenciones, se monta un tinglado de facturas y se consigue vestir de legalidad un capricho personal. Es preciso preguntarse cuántas veces se habrá hecho esto en las administraciones públicas. Y es oportuno plantear la duda de qué se habrá hecho cuando se trata de actos, obras o concesiones de alto valor económico y elevado beneficio.
La declaración del chófer señor Trujillo -y sospecho que todo el escándalo del fondo de reptiles de los ERE- es un monumento al latrocinio sin mayor esfuerzo de ingeniería; algo tan sencillo como coger el dinero de la caja y repartirlo en subvenciones, auxilio a los amigos, facturas falsas, cobro de comisiones y, para provocar más asombro, gastar el sobrante en fiestas y droga. Un simple director general con la llave de la caja se puede convertir en benefactor de próximos, sin nadie que le vigile, sin nadie que le controle, con todo el poder económico en sus manos. Sólo necesita descaro, desvergüenza, menosprecio a los bienes públicos y voluntad de practicar la apropiación indebida.
Esto ocurrió, señores, en la España del siglo XXI. Parece una historia de bandoleros, pero sucedió (¿seguirá sucediendo?) en la España de la supuesta transparencia y de los medios técnicos que permiten el seguimiento de un céntimo que un ciudadano le oculte a la Hacienda pública. La gente se pregunta cómo se puede evitar. Vistos estos dos casos, queda claro que el Estado debe blindarse ante los corruptos y ladrones que puedan entrar en sus administraciones. ¿Cómo? Con justicia y con medidas. Ya no es tiempo de pomposos pactos contra los fraudes. Es lamentable tener que decirlo, pero es preciso extremar los controles y que no se mueva un euro sin control de la Intervención del Estado o las intervenciones delegadas. Donde hay alguien con intención de apropiarse de lo público, no valen las apelaciones a la ética ni a la ejemplaridad. Y lamento el populismo, pero hay que decirlo: esta sociedad se quedará mucho más tranquila el día que vea que alguien es obligado a devolver lo que robó.
22-III-12, Fernando Ónega, lavanguardia