CIEs: castigo añadido para las víctimas de la esclavitud sexual

Naomi, del África Subsahariana, se encontraba privada de libertad en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), tras ser detenida cuando entraba en una oficina para presentar la solicitud de permiso de residencia. Estaba embarazada de doce semanas. Del padre, poco se podía saber: era forzada a ejercer la prostitución sin protección porque el precio del servicio es más alto. Noemí llegó a España en noviembre del 2006. Lo hizo con el dinero que le prestó un amigo de la familia, quien le aseguró que en tierras españolas podría trabajar en el servicio doméstico y, además, estudiar para forjarse un futuro... Pero de lo dicho, nada, sólo la obligación de devolver los 20.000 euros que, según el tratante, había costado el viaje. Y la manera de devolverlo era ejerciendo la prostitución en la calle, durante el día, y por la noche en un polígono. A cualquier queja, a cualquier negativa, violencia física y amenazas de muerte.

Noemí es una víctima de trata, una mujer esclavizada en pleno siglo XXI, sin que sus derechos humanos más elementales sean respetados. Hasta ella llegó la asociación Women’s Link Worldwide, que intentó por todos los medios revocar la orden de expulsión al cumplir los requisitos para la obtención de una autorización de residencia y trabajo por su situación de víctima. Además, había colaborado con la Policía para la desarticulación de la red, poniendo su vida en peligro. Pero nadie escuchó y fue expulsada a su país de origen, donde operaba la red de trata.

¿Cómo pudo ser expulsada cuando la normativa la ampara como víctima de trata? Sencillamente, porque se ignora esta condición, algo que ocurre con mucha frecuencia en los CIE españoles, señala Viviana Waisman, presidenta de Women’s Link Worldwide y una de las expertas de la UE sobre el tráfico de personas. Este es un caso, pero hay muchos más, aseguran.

Algunos de ellos están incluidos en el informe Mujeres en los CIE: realidades entre rejas, en el que la organización documenta las violaciones de derechos humanos y la discriminación por razón de género a las que son sometidas las inmigrantes recluidas en los CIE, especialmente las víctimas de trata. “Las autoridades tienen la obligación de identificar a las víctimas, tal como señala la ley, pero la realidad es que no es así”, insiste Waisman. De la lectura del informe se desprende que esta labor depende de la buena voluntad del agente policial que las trate. Y no todos saben, ni tienen intención de saber. Las escasas oportunidades que tienen para ser identificadas como tal dependen de la actuación de las oenegés, y a estas tampoco las autoridades les facilitan su trabajo. Al menos, en los CIE, unas instalaciones en las que, pese a tener un carácter no penitenciario, los internos tienen menos derechos que en las propias prisiones al “permanecer” en un limbo judicial. Los CIE aún carecen de un reglamente que aclare su función. Resultado: mujeres traumatizadas por la violencia sufrida, muchas en estado de shock, que son devueltas a unos países en los que volverán a caer en manos de las mismas mafias que las destrozaron. Mientras, el país que supuestamente garantiza los derechos humanos se lava las manos. Noemí no es un caso aislado, “ni mucho menos”, señalan desde la oenegé.

La solución pasa, según Waisman, por la creación de una unidad multidisciplinar, que pueda trabajar con estas mujeres en los CIE. “Son mujeres extremadamente vulnerables a las que tratan como inmigrantes irregulares. Y no se puede trabajar con ellas sin intimidad, sin confianza. Hay que escucharlas”.

Diez CIE, con 366 plazas para mujeres.

España cuenta con diez CIE, instalaciones públicas de carácter no penitenciario donde se retiene a los extranjeros en situación irregular para facilitar su expulsión. Según oenegés y el Defensor del Pueblo, se vulneran los derechos humanos.

Una de las denuncias reiteradas de las oenegés es la deficiente atención sanitaria a las mujeres, sobre todo a las embarazadas, que no reciben una atención especializada, ni los controles periódicos preceptivos que garanticen la salud de la madre y del feto.

La Piñera, Algeciras: Estado de abandono de las instalaciones, escasez de comida y no hay chequeo médico al ingreso.

Barranco Seco, Las Palmas: Desconocimiento policial de la legislación sobre víctimas de trata. La condición de las mujeres en el centro es lamentable y es discriminatoria, según el propio juzgado.

Zapadores, Valencia: Las quejas se refieren a la falta de asistencia médica, comida deficitaria, a la falta de productos de higiene personal y al trato del personal policial.

Capuchinos, Málaga: Inmueble en mal estado, con humedades. Las internas no disponen de ropa de abrigo y la comida es insuficiente.

4-VI-12, C. López, lavanguardia