la Transición egipcia, secuestrada por los militares (y administrada por los islamismos)
Pese a todo este tiempo de pregonada transición política, nada ha cambiado en el país y se ha fortalecido el poder de las fuerzas armadas. No han sido nombrados nuevos ministros en los puestos clave, donde continúan miembros de la vieja guardia, el Ministerio del Interior continúa violando derechos humanos, y muy recientemente la policía y los servicios de seguridad han sido autorizados a detener sospechosos restableciéndose, de hecho, la abrogada ley de excepción que prohibía las manifestaciones públicas.
En medio de esta situación de incertidumbre y confusión, y pese a la conducta de la junta militar, la Administración Obama no ha tenido ningún escrúpulo en seguir suministrando su importante ayuda financiera a la institución militar iniciada después de la firma de los acuerdos de paz con Israel en 1979. Las buenas relaciones del Pentágono y las fuerzas armadas de Egipto se remontan al principio de la década de los cincuenta, cuando los oficiales libres –con los futuros presidentes Naguib, Naser y Sadat entre ellos–, que derrocaron en 1952 la monarquía, contaron con el beneplácito de la CIA. Según algunas versiones de aquel golpe de Estado, EE.UU. prefirió apoyar el pronunciamiento militar ante el peligro de un anunciado golpe de los Hermanos Musulmanes que debía efectuarse en los mismos días.
Algunos historiadores escribieron que Naser y sus compañeros de armas lo adelantaron, precisamente para evitar la toma del poder por los integristas. Naser siempre lo negó, y es muy popular decir que con el dinero de la CIA fue construida la Torre de El Cairo, a las orillas del Nilo.
Hoy, como ayer, Egipto es una sociedad militar.
21-VI-12, T. Alcoverro, lavanguardia
el Consejo Supremo Militar –máxima autoridad provisional del Estado– publicó un decreto en que se hacía cargo del poder legislativo, disuelto la víspera de los comicios por el Tribunal Constitucional, y establecía que continuaría en la dirección de la nación hasta final de mes, hasta la toma de posesión del nuevo presidente de la República. El decreto se refiere también a que el ejército controlará su presupuesto –uno de los temas más controvertidos de esta maltrecha transición política– al margen del Parlamento y podrá designar una nueva comisión para redactar la Carta Magna, que decidirá sobre las facultades atribuidas al presidente, al que quieren despojar de competencias decisivas sobre su institución militar.
Desde la disolución del Parlamento se sabía que la Junta Militar –como la he definido desde el principio de su llegada al poder tras la última decisión del rais Mubarak– asumiría la responsabilidad de la Asamblea Nacional...
En estos meses bajo al autoridad del Consejo Supremo Militar del mariscal Tantaui, con el que Shafiq mantiene una estrecha relación, los grupos revolucionarios, desnortados, debilitados, han ido perdiendo energía bajo la presión de las fuerzas armadas, del Ministerio del Interior, del ambiente de los negocios, de la fatiga del pueblo. Al principio en aquellas jornadas revolucionarias de febrero del 2011, los cairotas confraternizaron con los soldados, apostados en la plaza Tahrir, y cuando consiguieron la caída de Mubarak sólo quedaron en la plaza un puñado de resistentes. Con la alegría de haberse desembarazado del presidente los
egipcios dieron su confianza al ejército creyendo que podrían desmantelar el régimen.
Con lo que ocurría entonces en El Cairo era como si aquella Junta Militar sólo fuese un instrumento provisional para alcanzar un mejor gobierno. El entusiasmo tras la caída de Mubarak no abrió paso a una reflexión crítica sobre la peligrosa situación de la república. Creían entonces que el Consejo Supremo Militar cumpliría con sus compromisos.
El año transcurrido ha sido una continua frustración. Todavía hay voces que hablan de las primaveras árabes, de la necesidad de tiempo para alcanzar sus objetivos, de la nueva historia de Oriente Medio cuando es la contrarrevolución, las fuerzas más oscurantistas y retrógradas las que se han impuesto en estos pueblos. Todo es incierto en Egipto y, si es elegido por vez primera un presidente civil, los generales no abandonarán fácilmente el poder. Son ellos los que desde el año 1952 gobiernan Egipto, con una cofradía a veces perseguida, aunque tolerada, que espera pacientemente gobernar el Estado a través de las urnas.
19-VI-12, T. Alcoverro, lavanguardia
Coincidint amb el tancament dels col·legis electorals, la Junta Militar va confirmar que assumirà el poder legislatiu i que farà ús d’aquest poder. Gairebé per sorpresa i amb nocturnitat, va publicar una declaració constitucional per redibuixar el mapa del futur polític d’Egipte...
La falta d’entusiasme per abraçar la democràcia també s’explica per les turbulències dels últims dies. Dijous, el Tribunal Constitucional va dissoldre el Parlament, cosa que de moment deixa el control legislatiu a la Junta Militar, i un dia abans el ministre de Justícia va anunciar una llei que donava potestat als militars (a més de la policia, que no l’havia perduda) per detenir civils. Es va llegir com un avís per a navegants...
18-VI-12, X. Aldekoa, lavanguardia
La jugada anteayer del Tribunal Constitucional de disolver el Parlamento tras anular un tercio de los escaños, y que quedaría bajo el mando de la junta militar, pilló a contrapié a la sociedad egipcia...
La transición política egipcia se ha dado un buen trompazo justo antes de su etapa decisiva y ha dejado tocado el sistema de flotación de muchos revolucionarios...
Muchos no salieron a la calle ayer, incómodos por un gesto que podía interpretarse como apoyo a los Hermanos Musulmanes y no sólo como un acto contrario a Ahmed Shafiq y el gobierno militar en la sombra.
16-VI-12, X. Aldekoa, lavanguardia
Lo mínimo que se puede decir de la polémica decisión del Tribunal Constitucional de Egipto, en vigilias de la tan esperada y temida segunda vuelta de las elecciones presidenciales de mañana y domingo, es que es una sentencia muy politizada. Por un lado, la primera autoridad judicial de esta república de naturaleza militar que se resiste a perder su impronta rechazó una ley que excluía los dirigentes de la época de Hosni Mubarak de estas elecciones, permitiendo así al general Ahmed Xafiq, último primer ministro del balsas dimitido, competir con el candidato de los Hermanos Musulmanes, Muhammad Mursi.
Por otro lado, el tribunal estimó que se violaron las normas constitucionales en la elección del Parlamento del invierno pasado, y ha dispuesto en consecuencia la disolución. Sin entrar en las complejidades de aquella ley electoral, el alto tribunal ha anulado un tercio de las actas de los diputados, precisamente las que fueron ganadas por los Hermanos Musulmanes, basándose en el hecho que se habían presentado en candidaturas individuales. Los candidatos de los partidos tenían que competir en el sistema de listas.
Luego que fue promulgada esta sentencia, los dirigentes islamistas –el presidente del Parlamento, Saad al-Qatatni, en primer lugar– declararon que “se tiene que considerar de qué forma se puede aplicar esta disposición”, poniendo énfasis que nadie está autorizado a disolver el Parlamento, dado que no se había elaborado una nueva Constitución. Otro dirigente, Essam al-Erian, advirtió que esta decisión del tribunal podía precipitar Egipto “a las tinieblas”. Aun así, el candidato Muhammad Mursi dijo que había que “respetar” la sentencia.
Durante la sesión del tribunal, su sede en el centro de El Cairo fue protegida con alambradas y piquetes de la policía de los manifestantes que pedían la exclusión del general Xafiq.
Una grave crisis constitucional, en esta etapa frágil de la incierta transición política, ha exacerbado las contradicciones del pueblo egipcio y frustra las últimas ilusiones de los revolucionarios de la plaza Tahrir. Su revolución, tan ingenuamente proclamada en una sociedad muy conservadora, ya perdió las elecciones legislativas y ante estas presidenciales, en las cuales no pudieron confiar en ningún candidato, ha sido secuestrada por los poderosos movimientos islamistas y por las tentaculares fuerzas armadas.
El miedo de una contrarevolución, o de un golpe de fuerza, del Consejo Supremo Militar que gobierna desde la caída de Mubarak para hacerse cargo del poder legislativo y redactar la nueva Constitución oscurecen estas vigilias electorales. Los islamistas, que dominan la Cámara de diputados y el Senado, son también mayoritarios en la comisión designada para establecer la Constitución.
El miércoles el Ministerio de Justicia promulgó un decreto que autoriza la policía militara efectuar detenciones, restableciendo de este modo disposiciones de la derogada ley de excepción vigente durante 30 años, por la cual se permitía, por ejemplo, detener manifestantes en lugares públicos como la plaza Tahrir.
“Mantener el candidato del ejército y disolver el Parlamento después de aprobar que los militares puedan arrestar civiles es un auténtico golpe de estado y cualquier que piense que millones de jóvenes lo aceptarán se engaña a si mismo”, afirmó el islamista moderado Abdel Moneim Abul Fotuh. Ante el dilema de escoger entre un dirigente de los Hermanos Musulmanes o un general vinculado al antiguo régimen, los militantes de la democracia se han movilizado para pedir la abstención del electorado.
15-VI-12, T. Alcoverro, lavanguardia