Bankia en el banquillo: en juego, la credibilidad del sistema (bancario... y judicial)
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó ayer un auto que imputa al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y a otros 32 exconsejeros como presuntos responsables de cuatro delitos en relación con el naufragio financiero de la entidad. Además de Rato, entre los imputados se hallan el exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas –que también presidió Bancaja, el Banco de Valencia y, efímeramente, la Generalitat valenciana–, y el exministro y exconsejero Ángel Acebes, todos ellos del PP, así como los representantes de PSOE, IU y CC.OO, en el antiguo consejo de administración. El juez ve indicios de cuatro presuntos delitos: apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsificación de balances y administración desleal. La decisión supone el inicio del proceso judicial contra la antigua cúpula de la entidad más afectada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que ha causado graves perjuicios a la economía española y es del todo proporcional a la alarma e indignación social que ha provocado.
El desastre de Bankia y su matriz BFA, que ha llevado a la nacionalización parcial por parte del Gobierno, podría haber desestabilizado el conjunto del sistema financiero español –como constata el mismo juez en el auto de ayer– y, de hecho, ha influido de forma decisiva en la petición a la UE del rescate de los bancos españoles con problemas, formulada por el Gobierno para frenar ese riesgo. Cabe recordar que el Estado ya inyectó 4.465 millones de euros de las arcas públicas para sanear la entidad y los nuevos gestores han pedido 19.000 millones más. Por todo ello, la apertura de la investigación judicial está más que justificada, aunque, como corresponde en cualquier Estado de Derecho, el principio de la presunción de inocencia no debe llevar a conclusiones precipitadas. En el asunto de Bankia cabe esperar que la justicia llegue hasta el fondo. Está en juego la credibilidad de todo el sistema.
5-VII-12, lavanguardia
Ayer el juez Fernando Andreu soltó una interlocutoria de 49 folios que hizo un gran impacto, porque imputa el ex-vicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato y 32 ex consejeros de Bankia más por el naufragio de esta entidad. El magistrado habla de cuatro posibles delitos, y hoy por hoy no pone fechas para los interrogatorios. Pero habrá.
Antes del día 23 tendrá que tomar una decisión sobre la posibilidad que Bankia quede bajo administración judicial. La Fiscalía no apoya. Cree que esta medida sería desproporcionada, porque los querellados ya no dirigen la entidad. Y cree que es pronto para establecer responsabilidades sobre los cuatro presuntos delitos que -dice el juez- estarían en la base del naufragio de Bankia y de su matriz, BFA: apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsificación de balances y administración desleal.
Es el primer acto. Hasta ahora, las crisis de cajas y bancos habían generado escaramuzas judiciales. Pero esta es la primera gran batalla legal. El juez Andreu es consciente de ello. El lenguaje que usa en la interlocutoria es el de las grandes ocasiones judiciales. La guerra del Pacífico también empezó con un ataque inopinado. Esta vez han sido los cazas cero de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) los que, en formación de querella, se han lanzado contra el que fue una de las principales bases operativas del sistema financiero español. Pero no ha sido Rosa Díez quién ha incendiado Pearl Harbor -es decir, Bankia- porque la entidad ya hace tiempo que quema.
La querella de UPyD, en todo caso, no la redactó un kamikaze del derecho. Lo dice la Fiscalía misma, a la vez que intenta mitigar los efectos del primer bombardeo. Al fin y al cabo está en juego la estabilidad del sistema financiero. Pero quien armó los torpedos de la querella sabía lo que hacía. Y el juez Andreu se lo ha comprado casi todo. O, cuando menos, piensa que lo tiene que investigar. Por eso imputa 33 personas, podríamos decir que toda la galería de retratos de Bankia.
Además de Rato, el juez imputa Bankia y el Banco Financiero de Ahorros (BFA) como personas jurídicas y 32 ex consejeros más de la entidad, entre los cuales están José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y el Banco de Valencia; Ángel Acebes, exministro del Interior, o Arturo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). La querella también se dirigía contra el expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de comercio José Manuel Fernández Norniella, el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, el ex-secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada, la exregidora Mercedes de la Merced o Carmen Cavero, cuñada del vicepresidente de la Comunitat de Madrid, Ignacio González.
También están imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exalcalde de Castelló Antonio Tirado, y de IU, como José Antonio Moral Santín. El resto de imputados por la causa son Francisco Verdú (hasta ayer, que dimitió, consejero delegado de Bankia) y otros ex consejeros, los nombres de los cuales aparecen en la lista adjunta. El juez también admite otras pruebas propuestas en la querella, cuando anuncia, todavía sin fecha, la citación en condición de testigos del exgovernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, y del auditor socio de Deloitte, Francisco Celma, que hizo un informe sobre la entidad.
En UPyD ayer se rozaban las manos. Ya se imaginan el estrado del día 23, con su letrado contra los de los 33 imputados, y la Fiscalía de por medio. "David contra Goliat", decía Rosa Díez. Los fiscales, en cambio, querrían ir con pies de plomo. Las imputaciones los parecían precipitadas, y la posibilidad de dejar Bankia bajo administración judicial, potencialmente contraproducente. La Fiscalía informó a favor de admitir la querella, pero no quería pasar de primera a cuarta sin embrague.
Pero la interlocutoria del juez Andreu no se parará . Se nota que al juez le ha llegado el clamor difuso de la calle. La interlocutoria empieza diciendo que el naufragio de Bankia "podría desestabilizar todo el sistema financiero del país". Esto ya describe la envergadura del caso y la competencia de la Audiencia. "La magnitud del perjuicio generado -añade- se plasma en el hecho que Bankia ha solicitado la suma de 19.000 millones de euros para poder emprender un plan de saneamiento". El juez recuerda los 4.465 millones que inyectó el FROB, y remacha el argumento afirmando que "el coste inicial para el erario público por el saneamiento y capitalización del grupo ascendería, por lo tanto, a la suma de 23.465 millones de euros, lo cual supone, sin duda, un grave perjuicio para la economía nacional".
Los fiscales no se habrían dado tanta prisa. Dicen que "la mera pertenencia al consejo de administración de BFA o Bankia es un criterio de imputación genérico, válido como punto de partida a una investigación que parece necesaria, pero insuficiente por sí sólo de cara a atribuir conductas delictivas concretas". Es decir, que le recuerdan al juez aquello de "despacio y buena letra". A UPyD, a su vez, Andreu le ha impuesto una fianza de 20.000 euros para continuar con la querella. "Los pagaremos -dice Rosa Díez- con las subvenciones que recibimos. Estos sí que serán un dinero público muy bien gastados".
5-VII-12, J.M. Brunet, lavanguardia