"Irak: Ley de delitos cibernéticos viola la libertad de expresión", HRW
Disposiciones poco precisas y penas draconianas amenazan a los medios de comunicación y activistas
12 de Julio de 2012
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(Bagdad, 12 de julio de 2012) – Un nuevo proyecto de ley de delitos de la tecnología de la información restringiría la libertad de expresión en violación del derecho internacional y representaría una grave amenaza para periodistas, informantes y activistas pacíficos, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. La iniciativa legislativa incluye disposiciones poco precisas que permitirían a las autoridades iraquíes castigar severamente cualquier forma de expresión que consideren una amenaza a los intereses gubernamentales, sociales o religiosos. El Consejo de Representantes, el Parlamento, no debería aprobar la ley sin revisarla para eliminar las restricciones a los derechos.
El informe de 16 páginas, “Iraq’s Information Crimes Law: Badly Written Provisions, Draconian Punishments Violate Due Process, Free Speech” (“La Ley de Delitos de la Información de Irak: Disposiciones mal redactadas y penas draconianas violan la libertad de expresión y el derecho al debido proceso”), es un análisis legal del proyecto de ley y concluye que forma parte de un esfuerzo más generalizado por parte de las autoridades para reprimir la disensión pacífica, al criminalizar actividades legítimas como compartir información y establecer contactos. La propuesta de ley fue leída por primera vez ante el Consejo de Representantes de Irak el 27 de julio de 2011; se espera que se lleve a cabo una segunda lectura a inicios de julio de 2012.
“Esta ley otorgaría a las autoridades iraquíes otra herramienta más para reprimir la oposición, especialmente en Internet, donde recurren con mayor frecuencia los periodistas y activistas de Irak en busca de información y un debate abierto”, dijo Joe Stork, subdirector del departamento de Medio Oriente para Human Rights Watch. “El Consejo de Representantes debería rechazar las leyes que socavan las libertades protegidas en la Constitución de Irak de 2005”.
Las amplias restricciones del proyecto de ley sobre el contenido imponen multas penales draconianas que silenciarían las voces de disensión, advirtió Human Rigths Watch. El Artículo 3 incluye la cadena perpetua y una gran multa por utilizar “intencionadamente” una computadora y una red de información para minar los “intereses supremos económicos, políticos, militares y de seguridad” del país, si bien éstos no son definidos.
El Artículo 3 también viola el derecho de asociación de los iraquíes al autorizar la cadena perpetua por mantener cualquier vínculo con “una entidad hostil con el propósito de desbaratar la seguridad y el orden público o poner en peligro el país”. Esta disposición podría ser la base para enjuiciar a cualquiera que esté involucrado en una organización, movimiento o partido político que el gobierno considere “hostil” debido a las críticas del grupo al gobierno o sus políticas, dijo Human Rights Watch.
Tal como está redactada actualmente, la ley minaría garantías incluidas en la constitución iraquí de libertad de expresión y reunión, y violaría el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Irak es un Estado parte. El PIDCP establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión… de buscar, difundir y recibir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Los estándares internacionales sólo permiten las restricciones basadas en el contenido en circunstancias extremadamente específicas, como los casos de la calumnia y difamación contra personas privadas o las formas de expresión que amenazan la seguridad nacional. Los límites tienen que estar claramente definidos y tienen que ser específicos, necesarios y proporcionales a la amenaza al interés protegido. Como Estado parte del PIDCP, Irak también debe garantizar que toda persona tenga “derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”. El PIDCP permite límites a estas libertades, pero sólo los previstos por la ley y que sean necesarios “en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral publicas o los derechos y libertades de los demás”.
En el informe se describe que el borrador de esta ley encaja en un patrón de mayores restricciones a la liberta de expresión, asociación y asamblea. En mayo de 2011, el Consejo de Ministros aprobó un borrador de la Ley de libertad de expresión de la opinión, asamblea y manifestación pacífica, que contiene disposiciones que considerarían delito las formas de expresión pacífica con penas de hasta 10 años de prisión. Desde febrero de 2011, Human Rights Watch ha documentado numerosos ataques violentos por fuerzas de la seguridad y bandas de delincuentes iraquíes, que aparentemente actúan con el respaldo del gobierno, contra manifestantes pacíficos que protestan a favor de los derechos humanos, mejores servicios y el fin a la corrupción.
“La manera en que las autoridades aborden esta iniciativa de ley será una señal al mundo sobre la clase de país que quieren que sea Irak”, dijo Stork. “Pueden mirar hacia el pasado y ponerse del lado de la represión o pueden mirar al futuro y defender una sociedad que sea respetuosa de los derechos”.
El informe de 16 páginas, “Iraq’s Information Crimes Law: Badly Written Provisions, Draconian Punishments Violate Due Process, Free Speech” (“La Ley de Delitos de la Información de Irak: Disposiciones mal redactadas y penas draconianas violan la libertad de expresión y el derecho al debido proceso”), es un análisis legal del proyecto de ley y concluye que forma parte de un esfuerzo más generalizado por parte de las autoridades para reprimir la disensión pacífica, al criminalizar actividades legítimas como compartir información y establecer contactos. La propuesta de ley fue leída por primera vez ante el Consejo de Representantes de Irak el 27 de julio de 2011; se espera que se lleve a cabo una segunda lectura a inicios de julio de 2012.
“Esta ley otorgaría a las autoridades iraquíes otra herramienta más para reprimir la oposición, especialmente en Internet, donde recurren con mayor frecuencia los periodistas y activistas de Irak en busca de información y un debate abierto”, dijo Joe Stork, subdirector del departamento de Medio Oriente para Human Rights Watch. “El Consejo de Representantes debería rechazar las leyes que socavan las libertades protegidas en la Constitución de Irak de 2005”.
Las amplias restricciones del proyecto de ley sobre el contenido imponen multas penales draconianas que silenciarían las voces de disensión, advirtió Human Rigths Watch. El Artículo 3 incluye la cadena perpetua y una gran multa por utilizar “intencionadamente” una computadora y una red de información para minar los “intereses supremos económicos, políticos, militares y de seguridad” del país, si bien éstos no son definidos.
El Artículo 3 también viola el derecho de asociación de los iraquíes al autorizar la cadena perpetua por mantener cualquier vínculo con “una entidad hostil con el propósito de desbaratar la seguridad y el orden público o poner en peligro el país”. Esta disposición podría ser la base para enjuiciar a cualquiera que esté involucrado en una organización, movimiento o partido político que el gobierno considere “hostil” debido a las críticas del grupo al gobierno o sus políticas, dijo Human Rights Watch.
Tal como está redactada actualmente, la ley minaría garantías incluidas en la constitución iraquí de libertad de expresión y reunión, y violaría el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Irak es un Estado parte. El PIDCP establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión… de buscar, difundir y recibir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Los estándares internacionales sólo permiten las restricciones basadas en el contenido en circunstancias extremadamente específicas, como los casos de la calumnia y difamación contra personas privadas o las formas de expresión que amenazan la seguridad nacional. Los límites tienen que estar claramente definidos y tienen que ser específicos, necesarios y proporcionales a la amenaza al interés protegido. Como Estado parte del PIDCP, Irak también debe garantizar que toda persona tenga “derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”. El PIDCP permite límites a estas libertades, pero sólo los previstos por la ley y que sean necesarios “en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral publicas o los derechos y libertades de los demás”.
En el informe se describe que el borrador de esta ley encaja en un patrón de mayores restricciones a la liberta de expresión, asociación y asamblea. En mayo de 2011, el Consejo de Ministros aprobó un borrador de la Ley de libertad de expresión de la opinión, asamblea y manifestación pacífica, que contiene disposiciones que considerarían delito las formas de expresión pacífica con penas de hasta 10 años de prisión. Desde febrero de 2011, Human Rights Watch ha documentado numerosos ataques violentos por fuerzas de la seguridad y bandas de delincuentes iraquíes, que aparentemente actúan con el respaldo del gobierno, contra manifestantes pacíficos que protestan a favor de los derechos humanos, mejores servicios y el fin a la corrupción.
“La manera en que las autoridades aborden esta iniciativa de ley será una señal al mundo sobre la clase de país que quieren que sea Irak”, dijo Stork. “Pueden mirar hacia el pasado y ponerse del lado de la represión o pueden mirar al futuro y defender una sociedad que sea respetuosa de los derechos”.