el Tribunal de Justicia de la CE pone, otra vez, a España en la picota
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya sabe lo que es una condena del Tribunal de Luxemburgo contra España por incumplir las normativas europeas ambientales. Sus esfuerzos para evitar un fallo del Tribunal al haberse orillado la directiva marco del agua no han tenido el éxito buscado. El tribunal ha condenado a España por no elaborar a tiempo los planes hidrológicos destinados a recuperar los ríos (aunque con la única excepción del plan de Catalunya, que sí se aprobó). Cañete se entrevistó el 8 de marzo con Janez Potocnik, el comisario europeo de Medio Ambiente, para evitar la condena y pedirle más tiempo para redactar los planes y corregir la herencia recibida. Pero no ha logrado evitar el varapalo.
Pero lo ocurrido es, sobre todo, una desautorización al Gobierno del PSOE, que fue incapaz de sacar adelante esa planificación, debido a las discrepancias entre las comunidades autónomas. ¡Qué paradoja! Mientras en la UE ochos países han sido capaces de ponerse de acuerdo para planificar el uso del agua del Danubio, en España los ríos intercomunitarios (Guadalquivir, Guadiana, Ebro, Tajo, Duero...) siguen sin un plan rector pactado: sin nadie que los mime.
El resultado es que la moderna gestión del agua no llega a España. La directiva exige la elaboración de planes hidrológicos para que los ríos recuperen el estado original de sus ecosistemas antes del 2015. Con la nueva filosofía se persigue que los cauces sean más que simples canales de agua para regantes o hidroeléctricas.
La meta es conseguir que depurar los ríos, devolverles su riqueza piscícola y su bosque de ribera; garantizar sus caudales ecológicos de mantenimiento, o garantizar flujos suficientes para que los deltas tengan aportes y sedimentos para combatir la regresión del litoral costero o la intrusión de la cuña salina tierra adentro.
Pero todo esto queda ahora bastante lejos. El Gobierno tenía de plazo hasta el 22 de diciembre del 2009 para adoptar y publicar los planes hidrológicos. Pero no fue capaz. En su alegaciones, España esgrimió que el retraso “se debe a la complejidad del sistema jurídico e institucional en España y, en concreto, al reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas”. Y también adujo que “existen planes hidrológicos en vigor para todas las cuencas”, aunque con ello aludiese a planes anteriores a la nueva directiva (que data de año 2000).
La respuesta del fallo judicial es contundente. España “no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos en una directiva”. Y en cuanto a la lista remitida de los planes hidrológicos vigentes, el tribunal contesta que no se han precisado sus contenidos.
El Gobierno ha intentado corregir la situación. Ha aprobado algunos planes en cuencas menores (Tinto-Odiel, Guadalate-Barbate, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Galicia-Costa, Miño-Sil). Pero no hay acuerdo para los ríos intracomunitarios. Las demarcaciones hidrográficas son ahora meros apéndices de la Dirección General del Agua; pero con tal subordinación no hay aún consenso. España se arriesga en segunda instancia a pagar caras multas.
“Es imposible aplicar la directiva del agua en España. Cumplirla exige acabar con el monopolio de regantes y de las hidroeléctricas sobre el uso del agua de los ríos, y que aparezcan también otros actores en el uso de agua, como empresas, asociaciones de vecinos, sindicatos, oenegés, deportistas náuticos. Ya lo intentó la ministra Narbona, pero no lo consiguió”, dice Gabriel Borràs. Lo dice la persona que fue artífice del único plan que fue aprobado en su momento, el de la cuenca fluvial de Catalunya, redactado por la Agència Catalana de l’Aigua. Sus opiniones no se las debería llevar la corriente.
El ministro Cañete ha intentado recuperar el tiempo perdido; pero por ahora no lo ha conseguido. El problema está enquistado en la elaboración del plan hidrológico del Tajo, que tradicionalmente enfrenta a Castilla-La Mancha con Murcia. Los desacuerdos han costado el puesto al director general del Agua, Juan Urbano. Este había planteado resolver la ecuación casi imposible (garantizar agua suficiente en la cabecera del Tajo y dotar de caudal ecológico al Tajo en Aranjuez mientras se seguiría suministrando recursos a Murcia, que depende del cordón umbilical del Tajo). ¿Cómo? Su idea era reducir el consumo de agua del Tajo en Madrid y promover un trasvase desde el Tajo Medio (en Cáceres) al Segura; pero este proyecto produce urticaria en el Ministerio.
Otro asunto espinoso es la discrepancias sobre el caudal ecológico que se reserva en el delta del Ebro. El volumen de agua previsto en Tortosa es muy insuficiente para la Generalitat.
13-X-12, A. Cerrillo, lavanguardia