calidad de la democracia: la gran diferencia entre España y el Reino Unido

Cuesta no poner en valor el acto político que protagonizaron ayer en Edimburgo el primer ministro británico, David Cameron, y su homólogo escocés, Alex Salmond. Superando abismales diferencias y desde posiciones políticas enconadas, el inquilino de Downing Street firmó un memorándum por el que Londres acepta ceder a Escocia un poder temporal para la realización de una consulta sobre su independencia, que tiene como fecha límite el 31 de diciembre del 2014. Fue realmente un acto muy british, donde hubo sonrisas, tolerancia, mutuo interés por rebajar la evidente tensión de un paso hacia lo desconocido e incluso una escenografía que buscaba que todo tuviera un aire amable. O dicho de otra manera, un aroma de gestualidad democrático que se dejó ver incluso en las palabras de Cameron: "Siempre he querido ser justo con el pueblo de Escocia, que en el 2011 dio la mayoría absoluta a un partido que propuso en su programa un referéndum sobre la independencia. Le he dado ese referéndum, y mi misión es que el resultado sea decisivo y perfectamente legal". Dicho eso se arremangó y empezó apasionadamente su campaña para que los escoceses no abandonen el Reino Unido, algo que hoy, a tenor de las encuestas, es altamente probable. También es verdad que en el horizonte político de más de dos años las incertezas electorales siempre son grandes. El Reino Unido, con habilidad, diálogo y consenso, ha sabido encauzar un proceso; ha encontrado encaje jurídico entre la legitimidad democrática expresada en las urnas y la legalidad vigente. Quizás por eso el Parlamento británico es de los más antiguos del mundo y su democracia también.

Ingram Pinn illustration“El Gobierno español debe dejar de esconderse detrás de la ley y permitir un referéndum catalán. El matrimonio no puede sobrevivir con sólo declarar ilegal el divorcio.” Rotundo, un artículo de Gideon Rachman, en The Financial Times, titulado “España, Gran Bretaña y los frutos prohibidos de la independencia”, destaca la intransigencia de Mariano Rajoy a la hora de permitir un referéndum en Catalunya y sostiene que el enfoque británico sobre Escocia es “más pragmático y audaz”. El articulista destaca que “Cameron podría haber insistido en que sólo el gobierno británico tenía el derecho legal de organizar un referéndum”, pero ha hecho una opción “arriesgada, y psicológicamente astuta”, con más posibilidades de lograr su objetivo. En cambio, la opción española de “decirle a la gente que hay algo que está absolutamente prohibido hacer es una manera segura de avivar su deseo de hacer eso mismo”, subraya. Es un principio que se estableció “en el jardín del Edén pero se aplica en la Catalunya moderna”, recuerda.

El seny británico ha vuelto a triunfar. Con sonrisas en vez de amenazas, sobre una base de tolerancia y sin ningún tipo de estridencias, el primer ministro británico David Cameron y el líder nacionalista escocés Alex Salmond pusieron su rúbrica a la base legal para la celebración, en el otoño del 2014, de un referéndum sobre el futuro de Escocia que podría cambiar el mapa del Reino Unido por primera vez desde que Irlanda consiguió la independencia hace casi un siglo. En eso consisten el llamado acuerdo de Edimburgo.

Pero, detrás de la concordia y un comportamiento exquisitamente civilizado, se esconde un momento de enorme trascendencia histórica. Puede, si gana el sí, que en el 2015 Cameron tenga que visitar Escocia como el primer ministro de un país que bajo su mandato se ha fragmentado, o puede, si triunfa el no como actualmente sugieren las encuestas, que el Partido Nacional Escocés (SNP) pierda su razón de ser como abanderado de la independencia y desaparezca del mapa político. Las apuestas son muy altas y la partida no ha hecho nada más que empezar.

El acuerdo de Edimburgo, un memorándum de trece páginas en el que representantes de los dos gobiernos han estado meses trabajando, consiste en un juego de concesiones recíprocas. En esencia, dado que existían diversas teorías sobre la legitimidad de la consulta y para que no haya ningún tipo de dudas, el Parlamento de Westminster (británico) va a transferir al de Holyrood (escocés) un poder temporal (llamado Orden 30) para realizar la convocatoria, que expirará con las últimas campanadas del 2014. O se usa o se pierde.

Por un lado, Edimburgo ha aceptado que las responsabilidades constitucionales residen en Westminster y no se trata de una competencia autonómica. Por el otro, Londres ha accedido a transferir de manera provisional esos poderes al Parlamento de Holyrood para que –en palabras del propio Cameron– “un partido que obtuvo la mayoría absoluta en las últimas elecciones escocesas con la garantía de un referéndum sobre la independencia en su programa político pueda cumplir esa promesa”. Y la puntilla es el compromiso “a que se respete la voluntad popular y a trabajar juntos y de manera constructiva en defensa de los intereses de la gente, sea cual sea el resultado”. Puede que sea verdad aquello de que Gran Bretaña ha perdido un imperio sin encontrar su lugar en el mundo, pero la civilización, como montar en bicicleta, es algo que no se olvida nunca.

Salmond, un político astuto que ha hecho su carrera a base de correr enormes riesgos, ha tenido que renunciar en el toma y daca negociador a su opción favorita, que era presentar a los escoceses tres opciones: independencia, seguir en la Unión, o la llamada devolution max, que consiste en una especie de soberanía fiscal con amplios poderes para sentar las bases impositivas, recaudar y administrar los impuestos.

Esta opción intermedia, según los sondeos, desea la mayoría de votantes, y podría ser una salida en caso de que ganase el no, pero Londres no quería esta opción.

A cambio, Cameron ha aceptado que sea el Parlamento escocés el que elabore la ley con los detalles del plebiscito (texto exacto de la pregunta, gastos de campaña...), y que puedan participar los jóvenes más 16 años, en principio más proclives al divorcio. Una comisión electoral –integrada por representantes de todos los partidos– estudiará el texto y tendrá jurisdicción para efectuar enmiendas en aras de la claridad y de que haya un resultado nítido que no dé lugar a confusión. O independencia o unión.

“Se trata de la decisión correcta para Escocia y para el resto del Reino Unido –dijo Cameron tras la firma de los acuerdos–. Siempre he querido ser justo con el pueblo de Escocia, que en el 2011 dio la mayoría absoluta a un partido que propuso en su programa un referéndum sobre la independencia. Le he dado ese referéndum, y mi misión es que el resultado sea decisivo y perfectamente legal”. Dicho esto, el primer ministro británico destacó que “resueltas las cuestiones de procedimiento, vamos a entrar ahora en los argumentos y voy a defender apasionadamente mi convicción de que estamos mejor juntos que separados”.

Salmond aplaudió por su parte la celebración del referéndum como “la decisión más trascendental que los escoceses vamos a tomar desde hace varios siglos”. El primer ministro de Escocia se mostró optimista “sobre la base de convencer a la gente de que la separación será lo mejor tanto en términos económicos como sociales, y de presentar la visión de país próspero y compasivo”. El líder del SNP ha dejado claro que no quiere un escenario ambiguo al estilo de Quebec, que no se pueden estar planteando cuestiones tan trascendentales de manera periódica, y se trata por tanto de “una oportunidad única para nuestra generación”. Si ganase el sí, empezarían unas complejas negociaciones entre Londres y Edimburgo sobre la defensa, la moneda, las armas nucleares, la deuda del país, la religión, la reina y la Unión Europea.

Si triunfase el no, el sueño de la independencia quedaría enterrado por mucho tiempo.

Londres aceptó desde el principio, en base a antecedentes históricos, que sólo los residentes en Escocia (incluidos los nacionales de países de la UE y la Commonwealth, así como los miembros de las Fuerzas Armadas allí destacados) puedan votar, y que el derecho de voto se amplíe a los jóvenes a partir de 16 años.

TEXTO DEL ACUERDO:

El Gobierno del Reino Unido y el Gobierno escocés han decidido trabajar unidos para garantizar que pueda celebrarse un referéndum sobre la independencia de Escocia.

Los gobiernos están de acuerdo en que el referéndum debe:
x Tener una amplia base legal;
x Ser legislado por el Parlamento escocés;
x Realizarse de tal modo que consiga la confianza de los parlamentos, gobiernos y pueblos; y
x Producir un ejercicio justo y una manifestación contundente de las opiniones del pueblo escocés, así como un resultado que todo el mundo acatará.

Los gobiernos han decidido proponer en los parlamentos del Reino Unido y Escocia una Orden en Consejo (aprobada por la reina a propuesta del ejecutivo), bajo la sección 30 del Estatuto de Escocia de 1998, para permitir un referéndum basado en una sola pregunta sobre la independencia escocesa, y que deberá celebrarse antes del final del 2014.

Será entonces competencia del Gobierno escocés promover la legislación en el Parlamento de Escocia para un referéndum de independencia. Los gobiernos están de acuerdo en que el referéndum debe cumplir con los requisitos más exigentes de justicia, transparencia e idoneidad, de acuerdo con las recomendaciones de expertos independientes. La legislación sobre el referéndum deberá fijar:
x La fecha del referéndum
x La denominación
x La redacción de la pregunta
x Normas sobre la financiación de la campaña; y
x Otras normas para la celebración del referéndum.

Los detalles del acuerdo entre los gobiernos se desarrollan en el documento anexo y el borrador de la orden, que forman parte de este acuerdo.

Cameron (primer ministro británico)
Salmond (primer ministro de Escocia)
Moore (secretario de Estado para Escocia)
Sturgeon (viceprimera ministra de Escocia)

16-X-12, J. Antich/R. Ramos/red, lavanguardia