"La corrupción frena el progreso", Lluís Foix

La prosperidad de las naciones democráticas consiste en ir corrigiendo aquellos abusos que aparecen como consecuencia de las equivocaciones o acciones corruptas de los políticos o de los servidores públicos. La historia demuestra que un país no progresa si la corrupción se esconde o se convierte en moneda de libre circulación entre las clases dirigentes.

Las civilizaciones, cuenta Harry Frankfurt en su breve ensayo sobre la verdad, nunca han podido prosperar, ni podrán hacerlo, sin cantidades ingentes de información fiable sobre los hechos. Resignarse a que las prácticas corruptas son universales y permanentes en todo tipo de regímenes y en todas las épocas no se puede aceptar como consuelo ni como coartada.

Nadie pretende erradicar la corrupción que cabalga a hombros de la condición humana. Lo que sí hay que exigir es que se sepan los abusos cometidos y que, consecuentemente, se sometan a lo que digan las leyes que deben aplicarse con toda normalidad.

La información que habla de que en España hay más de 300 políticos en activo involucrados en casos de corrupción es un mal presagio si observamos cuán pocos han cumplido las sentencias y, también, cómo se han retrasado los juicios que afectan a imputados de los circuitos del poder.

Que Rodrigo Rato haya sido nombrado consultor de Telefónica estando inculpado en el caso Bankia es inadmisible, por no decir indecente. Que el caso Pallerols se haya ventilado en un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, con la devolución de más de 300.000 euros de Unió Democràtica, lo que implica que sí que hubo corrupción política en el caso de los fondos recibidos desde Europa, deja perplejas a tantas personas que, por mucho menos, tienen que pagar cuantiosas multas o pasar por la cárcel.

El caso Palau está durmiendo el sueño de la lentitud judicial mientras Fèlix Millet se pasea por la calle como si nada hubiera ocurrido. ¿Qué ha sido de aquel sumario de Garzón que sometió a la pena de telediario a implicados en el caso Pretoria?

Que el exministro José Blanco esté pendiente del juicio en el que aparece involucrado ofreciendo favores a socios y conocidos es muy malo para el progreso y para la solvencia del socialismo español. El alcalde Bustos, de Sabadell, ha dimitido interinamente y va renovando su dimisión por meses. No sabemos lo que ha ocurrido. Inaudito.

La diferencia sustancial con otros países está en que la responsabilidad de los abusos cometidos se suele ventilar más rápidamente y los afectados y condenados por casos de corrupción se retiran discretamente de la vida pública aunque afecte al director de la CIA o a una ministra que no pagaba la seguridad social de la empleada de su domicilio. Aquí no es así. O lo tapamos o hacemos como si nada hubiera ocurrido. Está en peligro el progreso material y moral del país.

10-I-13, Lluís Foix, lavanguardia