incomprensible gestión gubernamental de la Justicia
David es un joven de un barrio obrero de Vigo que cayó en la droga en los ochenta, cuando tenía 16 años. Lleva diez años de rehabilitación y tres desintoxicado. Pero una recaída, típica en estos largos procesos, trapicheando con medio gramo de droga –cuyo valor no llega a los 100 euros–, le ha representado siete años de pena.
En diciembre ingresó en prisión, a pesar de que trabaja en organizaciones de lucha contra la droga, ayuda a otros toxicómanos a dejarla y además es el soporte de su padre ciego. Más de 145.000 personas han pedido el indulto, además de una gran cantidad de entidades sociales y hasta el Celta de Vigo, del que es socio. Pero ni el Celta, ni el padre ciego, ni el poco peso del delito, ni haber dejado la droga y ayudar a que otros la dejen, ha impedido que el Gobierno denegara la medida de gracia, y ahora David está en el peor lugar del mundo para consolidar su rehabilitación: una cárcel.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha indultado a Ramón Jorge Ríos Salgado, un conductor que en el 2003 condujo su coche por la autopista en contra dirección y a gran velocidad, sin intentar avisar a los otros conductores. Finalmente chocó con otro coche en el que viajaba una pareja: ella resultó herida y su novio murió en el acto. La Audiencia de Valencia le condenó a 13 años de cárcel por un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás. Ahora Gallardón le conmuta la pena por dos años de multa, a seis euros el día, que debe ser el precio que vale la vida del joven muerto. Sinceramente, me escandaliza que un joven que ha conseguido dejar el infierno de la droga y dedica su vida a que otros lo consigan vaya a la cárcel, y un tipo que jugó con la muerte en una carretera y mató a un ser humano se vaya de rositas. ¿Pueden decirme cuál es la vara de medir?, porque esto, señores, huele mal
16-I-13, Pilar Rahola, lavanguardia
La decisión del Gobierno español de indultar a un conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión, por causar en el 2003 la muerte de otro conductor en Valencia, provocó ayer una dura reacción de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA). Su presidente, Francisco Canes, alertó que “este tipo de indultos suceden periódicamente dando un mensaje erróneo a la sociedad”. Este indulto, publicado el pasado 5 de enero en el Boletín Oficial del Estado, no es el único del 2013. El Ministerio de Justicia ha publicado ya 16 en lo que va de año.
El conductor kamikaze, Ramón Jorge Ríos Salgado, circulaba con su coche por la autopista A-7 en contra dirección tras escaparse por chocar con un vehículo. Momentos después colisionó con un segundo coche en el que viajaba una pareja, a la altura de Torrent, Valencia. Como consecuencia del impacto, él falleció y ella resultó herida. La Audiencia de Valencia condenó a Ríos Salgado a 13 años de cárcel por un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás. Ahora, el Gobierno le ha indultado.
Francisco Canes denunció ayer que “no es un hecho aislado, pues sucede periódicamente. El Gobierno no tiene ningún argumento y sin explicación alguna se concede el indulto a los autores de este tipo de delitos contra la seguridad vial”. “Nos preguntamos – añadió– cómo una condena, cuyo delito ha causado la muerte de una persona y varios heridos, puede ser resuelta así sin más y reducida a una simple multa de algo más de 4.000 euros”. Ana Novella, presidenta de la asociación Stop Accidentes, también lamentó el indulto y lo ha calificado de “incongruente” si lo que se pretende es reducir el número de accidentes. El domingo un conductor borracho mató a una joven de 20 años que circulaba en Valencia con su bicicleta.
16-I-13, S. Enguix, lavanguardia