"La paja en ojo ajeno que tapa la viga ", Isabel Garcia Pagan
Si el ejemplo es una conducta contagiosa; los malos –más dañinos que los crímenes, según el mismísimo Montesquieu– parecen propagarse en el sistema político español. Que la publicidad de los malos sea la norma y la actividad de los buenos casi la excepción, no es más que la demostración de que uno de los baluartes de la arquitectura institucional del Estado está cayendo por el precipicio. Ante la exigencia democrática de ejemplaridad de la clase política, el cúmulo de acusaciones vertidas desde instrucciones judiciales con un goteo de presuntos delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y fechorías varias, los responsables públicos se aferran a su instinto de supervivencia.
Ante cada golpe, desde la política se ofrecen respuestas de control sobre la gestión pública y las finanzas de las organizaciones políticas en las que sus dirigentes son juez y parte, afianzando así la idea popular de que hecha la ley, hecha la trampa. La endogamia y la opacidad se convierten en los enemigos de un proceso de autorregulación que se torna en exigencia moral cuando lo que hay sobre la mesa es dinero público y se somete a los ciudadanos a la asfixia fiscal y de los servicios públicos. En cada intento se pierde una oportunidad y cuanto más tiempo y casos pasan, más aumenta la percepción, no sólo de que la corrupción aumenta, sino de que la clase política es el problema.
Lo que hay es un Tribunal de Cuentas que tarda cinco años en hacer públicos sus informes de fiscalización de las cuentas de los partidos –el último data del ejercicio del 2007–, sus auditores carecen de conexión alguna con la Agencia Tributaria y, según informes del Consejo de Europa, una cuarta parte de los ingresos escapan a control fiscalizador ya que no se incluye toda la organización territorial de la formación. Por no hablar de las fundaciones vinculadas a las formaciones, sin registro público que las controle. En Catalunya, la Sindicatura de Comptes, que carece de capacidad sancionadora, fiscaliza los procesos electorales y, por primera vez, hizo público hace una semana un simple control del rendimiento de cuentas de los partidos (sin fiscalización alguna), con toque de atención incluido para Ciutadans, que en su papel de azote contra la corrupción no presentó la contabilidad del 2010. Suma y sigue. La ley que regula las finanzas de los partidos va por su tercera modificación y redundan los mismos problemas, a la vista del cúmulo de casos en los juzgados; los proyectos de ley de transparencia están empantanados en el Congreso, a la espera de un acuerdo –otro– entre PP y PSOE, y en el Parlament, en busca de otros consensos.
Y entre recortes, la sensación que se impone es que los partidos esperan con cinismo a que aparezca otra paja en el ojo ajeno, que tape la viga en el ojo propio.
22-I-13, Isabel Garcia Pagan, lavanguardia
