la directora de la Agencia Tributaria no sabe lo que se dice
La directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha reconocido este jueves, tras responder a numerosas preguntas de los periodistas sobre el llamado "caso Bárcenas", que ni siquiera sabía qué había contestado y que podría ser "cualquier barbaridad".
"No sé ni lo que he dicho. Ahora me van a sacar cualquier barbaridad que haya dicho", ha asegurado Viana (video)
Sus palabras, término de la rueda de prensa, fueron dichas sin percatarse de que los micrófonos aún estaban abiertos y que habían recogido sus palabras. De hecho, la directora de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, Pilar Jurado, que estaba sentada a su lado ha sido la que, mediante gestos, le ha señalado que los micrófonos estaban "funcionando todavía". "Ya", ha contestado Viana, que se ha mostrado nerviosa al conocer ese hecho.
7-II-13, HuffPost/agcs
El Gobierno dio ayer un giro de 180 grados al admitir, en cierta medida, que se podrá investigar a los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal. Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas siempre había mantenido que se trataba de un proceso voluntario y reservado. Pero, tras la presión social y los escándalos del caso Bárcenas y Gürtel, ayer la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, no descartó incluir en el Plan de Control Tributario del año 2013, que está pendiente de ser aprobado, la comprobación de las declaraciones tributarias especiales.
Se trata de una petición formal y por escrito que había presentado un día antes el colectivo de los inspectores de Hacienda. En la carta formal, a la que tuvo acceso la organización de los inspectores recuerda que en el plan del año pasado figura “expresamente que se hará especial hincapié en la persecución de las conductas fraudulentas que generan alarma social”, como es el presente caso de la amnistía fiscal. Hasta ahora, la administración de Hacienda siempre se había negado a incluir como objetivo prioritario el investigar a los indultados fiscales.
Los inspectores defienden que con la declaración tributaria especial, modelo 750, se podía regularizar el IRPF, sociedades y el impuesto de la renta de no residentes, pero no el caso de otros impuestos como IVA, sucesiones, donaciones o patrimonio. “Vamos a examinar todas las declaraciones y veremos qué nos encontramos”, llegó a decir en un momento la directora de La Vanguardia, Agencia Tributaria, Beatriz Viana. A lo que añadió: “La Agencia Tributaria tiene la obligación de investigar los delitos que se den a conocer”.
La disposición adicional primera del real decreto-ley 12/2012, que reguló la conocida como declaración tributaria especial, permitió que se presentaran 31.529 declaraciones, que correspondieron a 29.683 contribuyentes. En ella, se permitía a quienes quisieran regularizar su situación tributaria declarar las rentas que en su día no declararon y ponerse al día con el fisco. El coste inicial era el 10% del patrimonio no declarado, aunque quedó en torno al 3% porque los evasores sólo pagaron ese gravamen por los intereses generados entre el 2008 y el 2010, pese a que afloraron unos 40.0000 millones evadidos en años anteriores.
La medida no servía para aquellos que ya tenían abierto un procedimiento de inspección por la Agencia Tributaria. Ayer, Viana volvió a no responder sobre si Bárcenas estaba “en plan”, es decir, inspeccionado por Hacienda. También, eludió responder a qué años concretos tenía inspección fiscal abierta, escudándose en que “son datos que forman parte de la información judicial”.
La dirección general de Tributos, órgano no dependiente de la Agencia Tributaria, pero sí del Ministerio de Hacienda, en su primer informe (27 de junio del 2012), determinó que “se considera que no resulta procedente la comprobación aislada de la declaración tributaria especial… sin perjuicio de que, una vez invocada la misma por el obligado tributario en el curso de un procedimiento de comprobación de una concreta obligación tributaria (concepto y periodo definidos), la Administración tributaria pueda efectuar dicha comprobación al efecto de verificar el ajuste a la realidad de lo en ella manifestado”.
Los inspectores siempre han defendido que su labor es comprobar irregularidades y liquidar los impuestos que no hayan pagado los defraudadores.
Ayer, la Agencia Tributaria en boca de su máxima responsable, Beatriz Viana, apuntó que “analizará” la propuesta de los inspectores. Es decir, abrió la puerta a comprobar a todos aquellos que se han acogido a la medida dentro de un programa específico en el Plan Nacional de Control del Fraude del 2013. Y no como hasta ahora, que solamente se iba a comprobar a aquellos que, incluidos por algún otro motivo en un procedimiento inspector, alegaran, al ser detectadas sus rentas inicialmente no declaradas, que ya las habían regularizado cuando se acogieron a la amnistía.
Tributos también aclaró en dos polémicos informes que aquellas rentas que hubieran sido originadas en periodos prescritos no debían tributar ni siquiera por el 10%. La prescripción del origen de las rentas es lo que permitió regularizar por un coste medio del 3%.
“Sorprende que el Gobierno se vaya a centrar ahora en investigar a quienes han acudido a su llamada, incumpliendo nuevamente una palabra dada, y dejen sin comprobar a todos aquellos que no han querido poner sus cuentas en orden con el fisco”, apunta Diego Artacho, abogado y socio de Rousaud Costas Durán. A su juicio, “Hacienda cuenta con datos y medios para investigar a quien no ha querido regularizar. Y muchos”, apunta. Algún asesor fiscal apunta que “Hacienda, con las declaraciones presentadas, cuenta con mucha información sobre estructuras y modos de defraudar para descubrir a otros contribuyentes que no se han acogido a la amnistía”.
8-II-13, C. Lafraya, lavanguardia