indignas condenas de la teocracia marroquí a militantes sahrauís
El macrojuicio celebrado en Rabat contra 24 saharauis por la muerte de once agentes marroquíes en el desalojo del campamento de protesta social de Gdaim Izik, junto a El Aaiún, en el 2010, se cerró ayer con ocho condenas a cadena perpetua, otras cuatro a 30 años y siete más a 25 años de cárcel. El Tribunal Militar de Rabat que ha juzgado a los saharauis durante nueve días anunció su veredicto tras siete horas de deliberaciones entre sus miembros, de madrugada, posiblemente para evitar aglomeraciones o manifestaciones similares a las que se habían sucedido durante toda la semana.
Los delitos que según el tribunal quedaron probados fueron: “Formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte y mutilación de cadáveres”, en grado de autoría o de complicidad.
Los saharauis escucharon impávidos las condenas, levantaron el puño y profirieron proclamas por la autodeterminación y la independencia del Sáhara, como habían hecho durante el juicio.
“A mí no me sorprende nada; es un juicio político y con normas militares; pese a que no hemos visto ninguna prueba inculpatoria, sabíamos que iba a ser así”, dijo Brahim Dahan, expreso político y presidente de la Asociación saharaui de víctimas de violaciones graves de derechos humanos (Asvvdh). A las afueras del tribunal, un pequeño grupo de nacionalistas marroquíes celebraron con vítores el veredicto al grito de “traidores” y “asesinos”.
Los rostros de los abogados de la defensa eran de estupor: durante una semana se han dedicado a demostrar que no había ninguna prueba consistente contra los acusados, y que todo se basaba en sus confesiones ante la policía, que en Marruecos tienen valor de prueba aunque luego sean negadas ante el tribunal.
De hecho, los acusados han denunciado sistemáticamente ante la sala haber sido torturados para arrancarles esas confesiones, pero el juez se negó a investigar las denuncias. La presentación de armas sin huellas dactilares de los detenidos, la proyección de un vídeo en el que era imposible identificar a ninguno de ellos, la ausencia de autopsias a los cadáveres y la falta de pruebas de ADN fueron algunos de los argumentos de la defensa sobre lo endeble de las demás pruebas. En una de las últimas sesiones, el fiscal exhibió, a modo de prueba más “contundente”, fotografías antiguas de varios de los acusados con el presidente del independentista Frente Polisario, lo que, según él, culpabilizaba a los participantes en aquella reunión.
La defensa y los acusados se felicitaron irónicamente porque dichas fotografías, según ellos, demostraban que esa era la verdadera razón de su procesamiento y no su participación en los asesinatos de los once agentes, que negaron tajantemente.Por otra parte, resulta paradójico que los acusados y sus abogados han gozado de una libertad inusitada en un juicio ante un tribunal militar.
18-II-13, efe, lavanguardia