CEOE cañí: el Presidente, en la cárcel; el Vicepresidente, un parásito de la corrupta Casta política

Fernández cuenta con las contratas de múltiples entidades públicas de la capital, y entre ellas colegios, hospitales, el Congreso o la Asamblea...

La Fiscalía de Madrid y el Congreso de los Diputados anunciaron ayer movimientos para investigar a Arturo Fernández, vicepresidente de la patronal CEOE, que se encuentra bajo la lupa. El asunto se vislumbra peliagudo, visto el escenario en el que se está tratando. Hace semanas que se han encendido las alarmas en la investigación de pagos en negro. Las instrucciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy son claras: el dinero en B debe aflorar. Se presume que quien incumpla la instrucción lo va a pagar caro.

El asunto salió a escena anteayer, tan pronto como un colectivo de empleados del Grupo Arturo Cantoblanco –compañía que Fernández preside– había acudido a la cadena Ser para denunciar que la empresa les había pagado parte de sus sueldos en B, en negro.

En ese escenario, la situación de Fernández, que ayer desmentía cualquier acusación –“estoy sorprendido y muy preocupado”, dijo–, se antoja comprometida. La Fiscalía de Madrid anunció que contactará con los empleados para pedirles todos los papeles. Y el Congreso también se sumará a las pesquisas: no en vano, el Grupo Arturo Cantoblanco gestiona las cafeterías de su sede.

Jesús Posada, presidente de la Cámara Baja, dijo que los estudios jurídicos del órgano “están estudiando la situación”. De hecho, la Mesa del Congreso ya debatía el asunto ayer mismo, tan pronto como el caso había aparecido en escena. Posada recordó que la contrata de las cafeterías, que se remonta a mucho tiempo atrás, ha funcionado bien. “Pero todo debe estar adecuadamente”, añadió.

Las denuncias de los empleados del Grupo Arturo Cantoblanco se refieren a una parte de sus cobros. Dijeron que suelen recibir en B las horas extra y los complementos por cargos de responsabilidad...

Datos del Registro Mercantil desvelaron ayer que Arturo Fernández acumula 16 reclamaciones administrativas de la Seguridad Social por un total de 544.215 euros. Se refieren a seis compañías en las que Fernández aparece como administrador único, y por tanto como único responsable.

De entre ellas, Grupo Cantoblanco ha recibido la sanción de 418.566,82 euros, citada en párrafos anteriores, por el impago de cuotas de trabajadores a la Seguridad Social. Arturo Grupo Cantoblanco, otra de las firmas, se enfrenta a un proceso de embargo por un impago de 44.031,88 euros. Son las cantidades más sustanciosas. Fernández cuenta con las contratas de múltiples entidades públicas de la capital, y entre ellas colegios, hospitales, el Congreso o la Asamblea.

13-II-13, S. Heredia, lavanguardia