(ab)usos de la policía por parte de Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior

Primero fue ofrecer vigilancia policial temporal a los políticos que denuncien amenazas y acoso por los escraches, y ahora ordenar a los policías que identifiquen a quienes participen en estos actos de protesta ante viviendas de representantes políticos o sedes de partidos. La secretaría de Estado de Seguridad ha distribuido en las comisarías desde la dirección adjunta operativa de la Policía una instrucción en la que se señala cómo proceder ante “quienes ejercen actos de hostigamiento y acoso” a políticos. Primero, “identificar para sancionar a quienes participen en estos actos” y, “si se trata de actos constitutivos de delito, proceder a la detención”.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se calificó la instrucción de “barbaridad”, ya que supone poner a los agentes “al pie de los caballos”. “Proteger a los políticos amenazados o a cualquier otro ciudadano, sí, pero identificar sin haber cometido una infracción y proponer detenciones es una barbaridad”, subrayó el portavoz del sindicato mayoritario de la Policía, José María Benito. Incluso denunció que la dirección policial realice una “lectura torticera” de la ley de seguridad ciudadana que puede conducir a identificaciones masivas “sin cobertura legal alguna”, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de los agentes.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, lamentó la instrucción policial y sostuvo que “hay casos de corrupción gravísimos, hay acoso y hostigamiento de las entidades financieras contra las personas más vulnerables, y aquí en ningún caso se ha enviado a la policía a identificar ni se han hecho detenciones”.

Algunos dirigentes del PP han denunciado amenazas y coacciones de los participantes en los escraches, término con el que se denominan en Argentina las manifestaciones organizadas ante las viviendas de personas relacionadas con la dictadura y que ahora ha recuperado la PAH para presionar en la tramitación del proyecto de ley procedente de la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago y la paralización de los desahucios. Al menos ocho diputados del PP en el Congreso han presentado denuncias contra los antidesahucios. Entre los que han sufrido escraches ante sus domicilios están el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

30-III-13, red, lavanguardia