España cañí -104: si los inspeccionados son, a la vez, los inspectores... es que somos tontos
La juez que investiga el caso de las dietas de la antigua Caja Navarra (CAN) imputó ayer al expresidente de la comunidad, Miguel Sanz, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al exconsejero del gobierno de Navarra Álvaro Miranda por el cobro de las citadas dietas. Con ellos, la cifra de exdirectivos y expolíticos imputados por su gestión al frente de las antiguas cajas de ahorros se eleva a casi un centenar de unas ocho entidades distintas.
En el 2010, la CAN quiso despolitizar la entidad y dejar fuera del consejo de administración a los representantes políticos. No obstante, se crearon dos órganos consultivos, denominados Junta de Entidades Fundadoras y Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, donde sí participaban los políticos y cobraban dietas por asistencia que abonaba la CAN. Aunque se reunían cada tres meses, lo cierto es que podían darse dos o más reuniones el mismo día, con lo que se cobraban dietas por cada una de ellas.Ahora, la juez María Paz Benito Osés va a investigar la creación y funcionamiento de esos órganos que debían ser supervisados por el propio gobierno de Navarra que uno de los imputados, Miguel Sanz, presidía.
Actualmente la CAN no existe como entidad financiera ya que traspasó todo el negocio bancario a Banca Cívica, que después fue absorbida por Caixabank. La CAN está en proceso de conversión en una fundación de carácter especial y mantiene una participación del 1,16% en Caixabank aunque no existe ningún vínculo entre estas dos organizaciones.
La providencia de ayer en la que se fija la declaración de los imputados se produce después de un auto en el que la juez señaló que “las personas que estaban recibiendo estos pagos presuntamente injustificados eran las mismas que debían llevar a cabo la labor de inspección de la gestión de la entidad pagadora y la definitiva calificación que se realice de ellos dependerá del curso de la causa”.
Por esa misma razón, la magistrada solicitó ayer al Departamento de Economía del Gobierno de Navarra “las autorizaciones que existan en relación con el cobro de dietas por asistencia y desplazamiento, y condiciones en su caso para percibirlas”. La juez considera que “nos encontramos ante presuntos delitos contra la administración pública, bien sea delito de cohecho o prevaricación”, según especificó en el auto del pasado 21 de marzo.
Además de los imputados, también cobró dietas por las mismas funciones en los órganos asesores, entre otros, la actual presidenta de Navarra, Yolanda Barcina. No obstante, Barcina no está imputada en esta causa; la actual presidenta de la comunidad ya ha devuelto los 68.553 euros cobrados en dietas por su pertenencia a los órganos rectores de Caja Navarra. El expresidente Miguel Sanz y otros imputados también han anunciado la devolución de las dietas.
La imputación de los exresponsables políticos de Navarra es distinta de la de otros banqueros, directivos y exconsejeros imputados o investigados por su gestión al frente de las cajas. Hay un grupo como los consejeros de Bankia, entre los que destaca el expresidente Rodrigo Rato, a los que se les imputan posibles delitos en la gestión. En otros casos, como en Caixa Penedès, el delito por el que son imputados un grupo de directivos con Ricard Pagès a la cabeza es la autoasignación de pensiones millonarias a espaldas de los órganos de gobierno de la entidad. En Novagalicia, la investigación se centra en las indemnizaciones millonarias que percibieron algunos de los antiguos máximos directivos de la entidad.
Además de los imputados, diversos jueces investigan a otros directivos bancarios sin que hayan sido imputados hasta hoy. Fuentes financieras aseguran que esta situación puede perjudicar al sector en el futuro porque comiencen a conocerse las sentencias, en los próximos años, justo cuando los bancos empiecen a remontar el vuelo.
3-IV-13, E. Magallón, lavanguardia