¿qué legitimidad política cuando el Ejecutivo insta al Judicial a desautorizar al Legislativo?

El Tribunal Constitucional (TC) quiere saber si el Parlament mantiene que Catalunya es soberana. Éste es el sentido de la providencia acordada ayer y remitida a la Cámara catalana para que en un plazo máximo de diez días informe sobre la vigencia o no de la declaración que aprobó el 23 de enero pasado y que ha sido impugnada por el Gobierno español. El TC pregunta, en concreto, si ese primer texto votado por el Parlament sigue en pie o si fue, de hecho y derecho, sustituido por el aprobado el 13 de marzo, a propuesta del PSC.

La duda puede parecer intrascendente, sobre todo si se estima que los dos textos han sido votados y aprobados y se les considera complementarios. Pero el Constitucional tiene sus razones para efectuar una pregunta que, en apariencia, puede resultar ociosa. El matiz que al TC le consta oficiosamente –aunque naturalmente dispone del texto aprobado– es que el PSC tuvo interés en que en la segunda declaración, la de marzo último, no aparecieran referencias a la soberanía de Catalunya. Con independencia de las valoraciones política que puedan hacerse al respecto, lo relevante para el Constitucional es que si el Parlament no mantiene la definición de Catalunya como sujeto político soberano, el fondo del debate puede cambiar, porque en esa manifestación está en meollo de todo el conflicto planteado.

Es la primera vez que al TC se le pide que anule una declaración política de un Parlamento autonómico y antes de decidir si admite a trámite o no la impugnación presentada por el Gobierno quiere saber con rigor de qué se está hablando. El TC no arde en deseos de asumir este conflicto y, por otra parte, hay dudas sobre qué parte de la declaración del Parlament es la que se supone que habría que suspender si se tramita el recurso del Ejecutivo. En definitiva, en medios del propio TC se estima que esta institución sólo entrará de lleno en el debate respecto de la reivindicación de soberanía para Catalunya si dicha proclamación se mantiene, y que la ausencia de la mencionada expresión le daría una vía de salida para considerar que en todo este contencioso no hay materia constitucional.