¿pagamos (¿o nos expolian?...) impuestos suecos con servicios africanos?
Es difícil pagar impuestos cuando no se sabe para qué sirven. Y más difícil aún cuando la impresión dominante es que las cargas fiscales apenas benefician a la sociedad. Sin embargo, así es cómo ven las obligaciones tributarias buena parte de los españoles, hasta componer un marco de percepciones que haría las delicias de quienes no dudan en predicar que “los impuestos son un robo” y que hay que entregar “todo el poder al mercado”.
De hecho, la contrapartida a los impuestos –es decir, la prestación de servicios públicos– tampoco despierta en la opinión pública española sensaciones muy positivas. Por ejemplo, según el CIS, más de la mitad de los ciudadanos piensa que la enseñanza pública funciona mal (frente a un tercio que cree que sí), y siete de cada diez tiene igual percepción negativa de la justicia (mientras que sólo un 12% piensa que funciona bien). Las posiciones están más equilibradas respecto a la asistencia sanitaria o la seguridad ciudadana, pero con opiniones críticas que alcanzan a más del 45% de los consultados.
Ahora bien, lo relevante de estas percepciones es su evolución reciente. Y a la luz de los indicadores, parece indiscutible que la prolongación de la crisis económica contribuye a acentuar hasta niveles de verdadero riesgo social el pesimismo sobre el papel del Estado. En el 2010, por ejemplo, un 60% de los españoles (once puntos más que hoy) consideraba que la sanidad funcionaba satisfactoriamente, frente a un 38% que criticaba su funcionamiento (diez puntos menos que ahora). Y las percepciones positivas se imponían también a las negativas con respecto a servicios públicos como la enseñanza o la seguridad ciudadana, en una correlación que apenas había variado a lo largo de la última década y que ahora sufre un cambio radical.
Las mutaciones en la opinión pública alcanzan, no obstante, a conceptos y actitudes que sustentan el actual Estado social definido por la Constitución española. Por ejemplo, el pacto colectivo que sostiene el Estado de bienestar amenaza ruina si los ciudadanos que consideran los impuestos como algo “necesario para que el Estado preste servicios” suman menos de la mitad de los españoles. Y el riesgo de quiebra es aún mayor si, en paralelo, casi el 40% de los consultados no sabe “para qué” sirven las cargas tributarias. Es más: el grupo que concibe los impuestos como un “medio de distribuir la riqueza” ha caído ya por debajo del 10%.
Al mismo tiempo, las opiniones sobre la utilidad social de los impuestos han alcanzado su nivel histórico más bajo. Los ciudadanos que creen que la sociedad se beneficia de las cargas fiscales suponen hoy menos del 30%, once puntos por debajo del porcentaje de hace tres años. Y lo significativo es que hasta el 2010 las magnitudes apenas se habían modificado con relación, por ejemplo, a los parámetros de 1995. Entonces, alrededor del 40% pensaba que la sociedad se beneficiaba de los impuestos, frente a un 50% que creía lo contrario. Hoy, quienes consideran que la sociedad no se beneficia de los impuestos superan el 66%.
A partir de ahí, cabe preguntarse si esa imagen de impuestos suecos y servicios africanos se ajusta exactamente a la realidad. O si la falta de suficientes referencias conduce a los ciudadanos a juzgar con un exceso de severidad los servicios e infraestructuras que presta el Estado español. Ese desconocimiento se aprecia en el indicador que compara la presión fiscal con Europa. Ahí son mayoría quienes creen que los españoles pagan más impuestos que el resto de los europeos (34,3%), junto a un 28% que no lo sabe, un 16,7% que considera que pagan los mismos, y sólo un 18% que juzga que pagan menos. La realidad, en cambio, es que España es de los países europeos con menor presión fiscal (un 32% del PIB, frente a más del 38% en el conjunto de la Unión Europea, y algo más del 35% en Gran Bretaña, el 45% en Suecia o el 47% en Dinamarca). Incluso, y pese a la subida del IVA, España se sitúa entre los países europeos con menor carga impositiva sobre el consumo.
Otra cosa es que los impuestos hayan subido en España más rápido a raíz de la crisis, con especial acento en el IRPF, que registra hoy tipos similares a los del centro o norte de Europa. De ahí que la comparación entre la magnitud de la presión fiscal española y la del resto de la UE ofrezca ahora un saldo inédito en las percepciones críticas de la ciudadanía.
Aun así, la pregunta sobre la cuantía general de la presión tributaria brinda hoy iguales parámetros que hace diez años: un 66% considera que en España se pagan muchos impuestos y un 27% cree que se pagan “regular”. La evolución de la crisis y la magnitud final de los ajustes determinarán la evolución de estos indicadores, tan decisivos para definir las preferencias de los españoles sobre el perfil futuro del Estado de bienestar.
28-IV-13, C. Castro, lavanguardia